Los jueces no deberían participar con sus resoluciones en las campañas electorales. Pero eso sería en un mundo ideal. En el mismo en que no usarían su prestigio y sus togas para protestar contra una ley que defienda un concepto de patriotismo distinto al suyo, ni encarcelarían a cantantes de rap por sus canciones, ni dejarían de investigar denuncias de abusos policiales. Como todo esto sucede, tampoco es ya una sorpresa que un juez instructor cite a declarar a la mujer del presidente del Gobierno de la manera y en la fecha en que más pueda influir en las elecciones. Lo mínimo que se puede decir de esta decisión es que el magistrado en cuestión no ha actuado con la prudencia necesaria para mantener la confianza de la sociedad en la justicia. Al menos, de toda la sociedad.
Desconozco la ideología del juez instructor en cuestión. De hecho, prefiero no conocer la ideología de ningún juez por mucho que ellos mismos se encarguen de recordármela cada día cuando entro a alguna red social y leo sus soflamas e insultos contra los que piensan diferente. No me preocupa cómo piensen nuestros magistrados. Me preocupa que su forma de pensar se vislumbre en sus autos y sentencias, porque las decisiones judiciales deben ser imparciales y políticamente neutras para que todos confiemos en su imparcialidad. Así que hay que ir a las resoluciones en cuestión.
De este asunto en concreto conozco algunas resoluciones. Sé que el juez inició una investigación contra la esposa del jefe del Ejecutivo a partir de unos recortes de prensa que no se referían a ningún documento novedoso, saltándose así la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la necesidad de archivar denuncias en estos casos. Sé también que decretó el secreto de las actuaciones sin que hasta el momento nadie haya podido explicar los motivos de una decisión tan extravagante que causó un perjuicio personal y político a la investigada y a su marido. Incluso sé que la Audiencia Provincial de Madrid le ha dicho a este juez que no había ningún indicio que justificara investigar la supuesta influencia de la mujer del presidente del Gobierno en la ayuda económica a unas aerolíneas en apuros. Todos estos datos me llevan a pensar que, como mínimo, se trata de un juez empeñado en encontrar indicios delictivos contra esta señora. Seguramente lo haga por un loable afán de hacer justicia y luchar contra la impunidad, pero a uno le da la impresión de que, incluso aunque así sea, no ha valorado suficientemente el daño personal y reputacional que su investigación puede causar.
Ahora nos acabamos de enterar, a cinco días de las elecciones europeas, de que el señor juez ha citado a la investigada para declarar dentro de más de un mes. Es evidente que esta citación se podía haber realizado dentro de unos días, tras las elecciones. No soy capaz de encontrar ninguna razón procesal para no esperar una semana escasa, toda vez que ni se la citó para declarar en el momento mismo de iniciar la investigación, ni se han conocido hechos nuevos desde entonces, ni se ha tomado aún siquiera declaración a otros presuntos implicados.
Es evidente que, visto que el juez realmente necesita oír a la investigada, podía haberla citado al inicio. Podía también citarla cuando hayan terminado de declarar los demás. Incluso podía esperar a tener datos nuevos para citarla a declarar. Pero no me cabe la menor duda de que no era imprescindible citarla justo en esta semana.
Si lo ha hecho sin tomar en cuenta el posible efecto de la citación en las elecciones, ha pecado de imprudente por no intentar minimizar el impacto político de sus decisiones. Es cierto que en nuestro país últimamente siempre hay un proceso electoral en el horizonte, pero en esta ocasión le bastaba esperar menos de una semana para acordar ese trámite sin perturbar el proceso electoral.
Los que vivimos en Andalucía tenemos experiencia en mediáticos actos judiciales que coinciden con los procesos electorales. Durante muchos años tuvimos una jueza que hacía coincidir casualmente sus resoluciones contra los dirigentes de partidos de izquierda con procesos electorales. Citó como imputado a un candidato a las elecciones locales tres días antes de la jornada electoral en la que luego, por cierto, venció un amigo suyo, también juez. Por tres veces dictó autos relevantes justo cinco días antes de elecciones locales, autonómicas o generales, tal y como ha sucedido ahora en el juzgado madrileño. No me consta que aquella jueza tuviera ninguna intención política al elegir la fecha de sus actos de impulso a la instrucción, pero es evidente que al menos no tuvo cuidado de no interferir en los comicios. La misma falta de prudencia que razonablemente se le puede atribuir ahora al juez instructor en cuestión.
La otra opción, la de que el juez haya buscado deliberadamente el impacto electoral de su medida, prefiero no considerarla siquiera. Sería un paso más, totalmente inaceptable, en la utilización política de nuestra justicia.
Nuestra judicatura está sufriendo una crisis de legitimación que crece a pasos agigantados y no es buena noticia para nadie. No obedece, como creen algunos magistrados, a una campaña orquestada, sino a una inexplicable pérdida de tacto y discreción. La confianza en la justicia es la piedra de toque de su legitimidad. Y esta confianza no se puede imponer a la fuerza, sino que hay que ganársela: esencialmente cuidando la apariencia de imparcialidad.
Los jueces que se muestran como energúmenos en los medios de comunicación defendiendo ideas políticas y minusvalorando a sus adversarios; los que escriben sin pudor en las redes sociales haciendo gala de su condición de magistrado; los que cuelan advertencias morales en sus sentencias… todos los que no se privan de hacernos saber sus preferencias ideológicas contribuyen a minar esa apariencia de que abordan los asuntos sin dejarse llevar por sus sesgos personales. Si a eso sumamos algunos jueces estrellas que parecen dictar sus resoluciones al hilo de la batalla política y para interferir en ella, la situación se vuelve complicada.
Por eso, ahora, cuando un juez irrumpe en la campaña electoral intentando mostrar urbi et orbi su convencimiento de que es posible que Begoña Gómez haya cometido un delito de tráfico de influencias a muchos les puede parecer que está haciendo política.
Los indicios contra Gómez son escasos y muy dudosos. Ni la fiscalía ni la policía especializada ven delitos. El propio juez ya ha tenido que rechazar la mitad de los supuestos delitos investigados. La oposición ha instrumentalizado electoralmente el asunto... En estas circunstancias, que el juez la llame a declarar en plena campaña electoral, sabiendo que en nada perjudicaría a la investigación el hacerlo una semana después, es toda una declaración de intenciones.
No es posible valorar la intención del juez, más allá de su imprudencia. De lo que no hay duda es de que la citación a la señora Gómez será utilizada por partidos y medios de comunicación de derechas para intentar influir al electorado el próximo domingo. Aunque la mujer del presidente goza constitucionalmente de presunción de inocencia, el auto judicial que la cita a declarar puede ser utilizado de manera espuria por los sectores más conservadores para intentar ganar el voto de los indecisos extendiendo sospechas sobre su honorabilidad. Esa afección sobre el derecho fundamental de una persona no debería ser permitida por parte de quien se supone que tiene la misión constitucional de protegerlo.
Si nuestros jueces quieren recuperar la confianza de la sociedad deben incrementar la prudencia en sus actuaciones… salvo que lo que quieran es solo la confianza de media sociedad, contra la otra media. Pero en ese caso dejarían de ser jueces y se convertirían en matones. Espero que nadie quiera eso.