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El juez y los cigarros del faraón

La prohibición de fumar en terrazas y al aire libre cuando no se pueda mantener las distancias se ha acordado para toda España.
22 de agosto de 2020 22:30 h

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“El especialista, muy riguroso en su objeto específico, puede convertirse en un agitado confusional en cuanto se aleja de él”

J. F. Revel  

No, ningún juez ha dicho que fumar es un derecho fundamental y sí, soy fan de Tintin.

Aun así, deberían intentar dejar de fumar. Yo lo hice hace casi un cuarto de siglo por un ataque de deontología profesional y, la verdad, nunca me he arrepentido ni de una cosa ni de la otra. Si alguna vez me topo con el último paquete de Camel que compré, guardado en un jarrón creo, lo miraré sin ninguna nostalgia. Tras una discusión morrocotuda con uno de mis jefes por algún titular que querían colgarle en portada a una información mía y que era una burla del espíritu real de su contenido, este decidió cambiarlo, pero se vengó en templado encargándome hacer un jodido reportaje de becaria, a mí que había dirigido ya un diario y dos emisoras, sobre cómo dejar de fumar. Lo hice como todo, con empeño. Llegué así al gabinete de un tipo que hacía electro acupuntura, al que escuché con mi mejor cara de escepticismo. Me incitó a probar su método, pero yo no tenía calculado que la broma de mantener las esencias profesionales me costara 50.000 pesetas y, además, estaba deseando fumarme un piti. “Te lo hago gratis, solo para que puedas decir que funciona” y hasta aquí. Funcionó. No harían nada de más dejándolo también. Se sentirán fenomenal y no renunciarán a ninguno de sus derechos.

Anda el río revuelto, sin embargo, porque tras la lectura del auto del magistrado Alfonso Villagómez, algunos periodistas titularon que este señor decía que fumar era un derecho fundamental y que, por eso, una comunidad autónoma no podía regularlo. Nada más lejos de la realidad. Sucede que el auto es confuso, además de polémico, y que en él, Villagómez dedica un espacio relevante a teorizar sobre lo que no pueden hacer las comunidades autónomas, para al final decirnos que eso nada tiene que ver con lo que le someten a ratificación. “A partir de un cierto umbral de intensidad en la afectación de los derechos fundamentales, que no se da en la Orden 1008/2020, la opción es el estado de alarma”, dice. Que está bien dicho pero que como él se tiene que ocupar de esa orden y no de ordenar el mundo, no se entiende muy bien tanta digresión. No se entendió bien, ya lo han visto y cabreó tanto a los de Ayuso como a los de Sánchez. Pleno.

En realidad, el asunto es de traca y voy a intentar simplificárselo. La Comunidad de Madrid solicitó una ratificación de su orden con medidas para controlar el COVID-19, la misma que han dictado las demás comunidades, pero no tenía necesidad de hacerlo. El juez, en lugar de inadmitirla, entró a valorarla y la denegó, porque dice que no se ha publicado la instrucción ministerial, producto del consenso en ese Consejo con las comunidades autónomas, en el BOE, aunque resulta que también hay dudas de que se deba publicar. Ahora tenemos una orden que no está anulada, ya que la no ratificación es irrelevante, y que según dicen muchos jueces y catedráticos de la cosa contencioso-administrativa está plenamente en vigor, aunque pueda ser recurrida ante el TSJM. Un cisco.

Todo esto es muy bonito porque nos llevará después a concluir que los gobernantes tienen que gobernar y que el sistema judicial no es gran solución para estos menesteres de la pandemia. La orden de la Comunidad de Madrid, como las del resto de comunidades con el mismo contenido, es una disposición reglamentaria y se dicta en ejercicio de las potestades reglamentarias y de un artículo de la Ley 16/2003 que obliga a las autonomías a ejecutar las medidas acordadas en el Consejo. Ese artículo fue modificado en el Decreto de Nueva Normalidad con esa finalidad, la de que se pudieran tomar medidas coordinadas sin tener que declarar nuevamente el estado de alarma.

El error de base en el asunto de Madrid pasa por someter esa orden a la ratificación de un juez, cuando las disposiciones reglamentarias NO se someten nunca a ella. Los jueces ejercen la potestad jurisdiccional y no la reglamentaria, así que ese asunto excede del ámbito del juez Villagómez. En realidad, son solo las ordenes individuales las que hay que llevar al juez, del tipo: el marinero Domenico Sirtaki debe quedarse en cuarentena en su barco al presentar síntomas de lo que sea. Entonces sí, entonces hay que ir al juez a ratificar esa orden administrativa pero la orden que nos ocupa es general. Según los expertos sigue en vigor la prohibición de fumar en las terrazas, de no visitar a los ancianos y de cerrar las discotecas, aunque se haya formado un jari del quince.

Con esto llegamos al asunto del faraón y de cómo debe gobernar, sobre los cigarros y sobre cualquier otra medida necesaria, sin escudarse en nada ni nadie. No se termina de entender por qué Ayuso llevó su orden al juez cuando no era preciso: ¿error de sus juristas o búsqueda de un respaldo innecesario? Hay que gobernar. Esto va con todos y con Ayuso, permítanme que les haga partícipes de mis miedos, más que con muchos otros. Estamos a la deriva en una comunidad con casi siete millones de habitantes. Un gobierno ineficaz, charlatán e ineficiente, y una oposición en estado de hibernación. Papelón total.

La estructura del sistema judicial tampoco es adecuada para hacer frente a la necesidad imperiosa de medidas que precisan de una implementación inmediata porque ya llegan tarde. El juez individual que resuelve según su leal saber y entender –uno aquí, otro en Barcelona, otro en Sevilla y uno más en Valencia– puede dar lugar a estas cosas y además de forma dispar. Eso se salva con los recursos y, finalmente, con la unificación del Tribunal Supremo, allende los años normalmente. Ya ven que no es plan.

Sucede que ahora le echan jeta y exigen al Gobierno que centralice y que tome las riendas, precisamente los que se pusieron estupendos para que Illa se quitara y les dejara a ellos. Entiendo que Moncloa esté quemada por el desgaste político mediante tácticas espurias a que los sometieron los mismos que ahora les reclaman, pero oigan, no dejen que esto se nos acabe yendo de las manos de nuevo porque esta vez no hay excusas para ninguno.

Y mientras seguimos viendo cómo dan tumbos, no lo olviden, ¡tengan cuidado ahí fuera! Por la cuenta que nos trae.

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