Assange y Suecia: 'Lawfare' para silenciar periodistas
Hoy Suecia ha cerrado la investigación contra Julian Assange de forma definitiva y luego de nueve años y tres meses de tenerla abierta, y con ello, de ser una herramienta que le ha mantenido en detención arbitraria. Ha cumplido su misión: hoy Julian Assange permanece confinado en una celda 23 horas al día, en la prisión de máxima seguridad de Reino Unido, donde solo están peligrosos criminales y sin contacto con más personas que sus carcelarios.
El Departamento de Justicia de Donald Trump está pidiendo que se le condene a 175 años en una prisión de máxima seguridad. Por el delito de publicar. Por el delito de exponer la verdad al mundo de crímenes de lesa humanidad y corrupción sistémica de dicho país. Por ejercer periodismo fuera de suelo americano. Periodismo independiente, que no cedió a presiones políticas ni embargos económicos. Periodismo global, que alcanzó cada rincón del planeta con más de 125 medios unidos en la publicación de la más completa documentación de cómo funciona la diplomacia americana alrededor del mundo.
El precedente del caso Assange sería devastador. Pondría en riesgo el ejercicio del, ya de por sí temeroso, tímido y precario periodismo de investigación, a nivel global. Precisamente en tiempos donde los países más poderosos del mundo están gobernados por oligarquías de extrema derecha o por regímenes totalitarios. El caso Assange nos dejaría a todos más indefensos, desprovistos del poder que da la información.
Y esto, si es que llega con vida al juicio atroz que le espera. Las actuales condiciones de prisión en las que le mantienen están mermando su vida y su habilidad de defenderse en un juicio donde ya todos sabemos que la sentencia está escrita.
¿Por qué cierra la fiscalía el caso? La misma razón por la que, en agosto de 2010, la cerrara la primera fiscalía que conoció el caso: falta de evidencia sólida que lo inculpara. La decisión solamente refuerza la alarmante realidad que éste enfrenta: una persecución política a un periodista por los países más poderosos del mundo. Es un caso ejemplar de lawfare, cuando una causa justa, perseguir delitos que nos indignan a todas, se vuelve una herramienta para destrucción de los disidentes. Cuando el proceso es el castigo y la justicia se politiza no para proteger a los vulnerables, sino para bloquear el derecho a la verdad o el derecho a decidir del pueblo.
Y es que no son especulaciones, ni teorías conspirativas: es una persecución plenamente documentada, con una decisión detallada del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que declaró contundentemente la arbitrariedad de su detención, la irregularidad del proceso y la violación del derecho de asilo desde diciembre de 2015.
Recordemos que Assange llegó a Suecia justamente dos semanas después de que publicara los Diarios de la Guerra de Afganistán, la primera publicación de cuatro entregas atribuidas a Chelsea Manning. En ese momento tenía en su bolsillo la reputación de Estados Unidos: faltaba publicar los records de la guerra de Irak, Cablegate, es decir, los Cables Diplomáticos del Departamento de Estado y también los expedientes de los presos de Guantánamo. Ya se había anunciado en ese momento las intenciones de perseguirlo criminalmente, pero la estrategia de USA era hacerlo a través de países colaboradores. La lectura política acá es clara.
Lo importante ahora es lo que sigue. Y lo que sigue es una batalla a la que debemos sumarnos como personas que valoran el derecho a la libre expresión y el derecho a saber. Como personas indignadas por el abuso de los sistemas judiciales. El próximo febrero se debatirá su extradición hacia Estados Unidos, en Reino Unido. Dependerá de nosotros hacerla inviable políticamente por ser moralmente inaceptable y extremadamente peligrosa no solo para la persona que ha sacrificado diez años de su vida por el derecho a publicar. Es extremadamente importante para poner el límite al gobierno más poderoso del mundo, para que éste no pueda dictar qué tenemos derecho a saber y qué no. Es importante, además, entender cómo este poder de control sobre la información se expande y se manifiesta en situaciones tan brutales como el asesinato de Jamal Khashoggi, Daphne Caruana Galizia o la tortura a Chelsea Manning y Julian Assange.
Para llevar las palabras a acciones, el próximo domingo, en el marco de las actividades que celebra el Common Action Forum en Madrid, inauguraremos el Tribunal de Acción Común, como un tribunal ético compuesto por magistrados y juristas de consagrado prestigio internacional, que emitirá veredictos sobre casos y procesos judiciales de relevancia mundial. En la instalación del Tribunal, en el cual funjo como Secretaria, estará presente el Director de la defensa legal de Julian Assange, Baltasar Garzón, así como importantes juristas, como la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias para las Naciones Unidas, Agnes Callamard. Habrá espacio para la prensa, para ahondar los temas de esta columna, así como para la reflexión.
Y es que resulta imprescidible educarnos sobre la seriedad de casos como el de Assange, que será conocido por el mismo, y entenderlos no como un fenómeno aislado, sino como algo sistémico y global, un problema colectivo que debemos atacar. Defender a Assange es, al final del día, defender nuestro derecho a la verdad y a la justicia y tanto autoridades jurídicas como intelectuales, y todos los que creemos en la defensa de los derechos humanos, debemos unirnos en esta causa.
