Aborto: no ha habido ley y conseguiremos que no haya sentencia
Las calles de más de cuarenta ciudades se llenaron de vida y de alegría en lo que fueron multitudinarias manifestaciones por el derecho al aborto libre. En la ciudad de Madrid tuvo lugar la más populosa de todas ellas, alternando reivindicación y festejos por lo que ha sido una de las mayores victorias de los movimientos sociales: la dimisión del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y la retirada del anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada.
Había muchos motivos para celebrar, tras más de dos años sosteniendo un pulso con el Partido Popular, los movimientos feministas consiguieron provocar la mayor crisis del Gobierno hasta la fecha. En el país de los desahucios y las reformas laborales, de las privatizaciones sanitarias y los colegios segregados, la lucha de las mujeres ha abierto una brecha difícil de superar, poniendo sobre la mesa la potencia de estos movimientos y su participación indispensable en cualquier proceso de transformación que pretenda ser victorioso.
No obstante es necesario analizar la situación con frialdad para evitar caer en la confusión de que la batalla ha terminado. Si bien es cierto que la propuesta del ya exministro ha sido retirada, aún estamos pendientes de la resolución del recurso presentado por el Partido Popular al Tribunal Constitucional en el año 2010. Dicho recurso ha estado paralizado a expensas del desenlace del anteproyecto y, una vez desechado, cabe la posibilidad de que el gobierno pretenda aprobar por la puerta de atrás y por vía judicial lo que no han conseguido políticamente.
El magistrado encargado de la ponencia base es el miembro del Opus Dei Andrés Ollero, conocido por sus posiciones radicales frente al aborto y al matrimonio homosexual. No es de extrañar que el Partido Popular no vea incompatibilidad en que dicho magistrado participe en la causa, como tampoco vieron incompatibilidades en la financiación ilegal de su propio partido destapada por la trama Bárcenas, entre otras. Desde el punto de vista ético el magistrado debería haberse abstenido por la existencia de un evidente conflicto de intereses, pues el que fuera diputado durante 17 años del Partido Popular ha hecho de la prohibición del aborto una quimera personal.
¿Qué justicia cabe esperar en este asunto cuando el encargado de la ponencia pertenece al grupo ultrareligioso del Opus Dei? Lejos de preocupaciones infundadas hay que recordar una de sus declaraciones a este respecto en las que hace pocos meses afirmaba: “Si no hay ley, habrá sentencia”.
Es indispensable, desde este punto de vista, continuar movilizándonos, demostrar a aquellos que nos gobiernan que no vamos a permitir ningún retroceso en esta materia. No es un asunto de limitación de nuestras libertades –que lo es– , ni es tampoco un problema de negación de la autonomía de las mujeres para decidir sobre nuestras propias vidas –que también–. La existencia de un marco legal que garantice la interrupción del embarazo de manera segura es un problema de salud pública, como así lo denuncian diversos organismos internacionales, entre otros la OMS. La terrible realidad es que allí donde no se garantiza este derecho las mujeres ponen su vida en riesgo, 80.000 vidas al año se pierden por este motivo, según este mismo organismo.
El problema real, aquél sobre el que los poderes públicos deben intervenir, es en la reducción de los embarazos no deseados. La interrupción de los mismos es una medida de urgencia frente a esa situación de partida. Por eso es indispensable la educación sexual o garantizar el acceso a anticonceptivos. Por ello debemos trabajar para erradicar la violencia machista que entiende los cuerpos de las mujeres como objetos de los que disfrutar. Prohibir o dificultar el acceso a estas intervenciones no hará que se reduzcan, el único efecto será obligar a las mujeres a arriesgar su integridad física, por no hablar de las condiciones de clandestinidad en la que deban hacerlo.
Garantizar el aborto como un derecho es por tanto un problema del conjunto de la sociedad y se trata de decidir si queremos vivir bajo un sistema que garantice que todas las personas tendremos derecho a una atención sanitaria de calidad o si por el contrario estamos dispuestas a asumir que aquellas que tengan recursos asegurarán el mejor de los servicios y aquellas que no los tengan arriesgarán su salud. 80.000 vidas son demasiadas, no podemos tolerar que nuestro país se sume a esa terrible lista negra.
No podemos parar en nuestra reivindicación y desde aquí hago un llamamiento a los otros 11 magistrados que hace apenas una semana rechazaron el recurso interpuesto por UPN y el PP en relación al registro de los médicos objetores. No sólo está en juego la salud de las mujeres, también está en juego la credibilidad de nuestro sistema judicial. Las mujeres seguiremos movilizadas y volvemos a repetir que, frente a leyes injustas que violan los derechos humanos nuestro deber es desobedecer.
