“Todo estaría perdido, si el mismo cuerpo (...) ejerciese estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares”.
Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu
Yo tuve una casa desde cuyas ventanas divisaba la frontera de El Tarajal y la ensenada de Ceuta y, sobre ellas, la puesta de sol descendiendo en una amorosa curva hacia la zona de Tetuán. Yo no soy la baronesa Blixen, pero también tuve una casa en África, cuando las fronteras no tenían alambradas y hasta se podía pasar a pie por García Aldave si te descuidabas, en las zonas en las que la demarcación había desaparecido. Eran unos tiempos difíciles de resoñar ahora que gritan cosas sobre muros inexpugnables. Nada hay más inexpugnable que la estulticia y la inhumanidad.
Quizá por eso no me haya pasado desapercibida esa noticia semisepultada esta semana, entre los temas que parecen serios, en la que se nos decía que, de nuevo, la magistrada instructora de Ceuta ha decidido sobreseer y archivar las actuaciones contra los 16 guardias civiles procesados por la actuación que produjo la muerte de 15 seres humanos en 2014. Cuando yo miraba hacia el sur desde mi azotea, no había cadáveres flotando en el agua. Pero no iba a contarles mi vida, sino todo lo sangrante que se esconde tras la decisión de una magistrada, María de la Luz Lozano, de archivar la causa contra los 16 guardias civiles, a los que ella misma había procesado un mes antes, a pesar de que considera, ella misma lo escribe, que “estamos en presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y de delitos de denegación de auxilio”.
Que debe ser duro irte a dormir archivando algo que tú misma dices que es indiciariamente delictivo y que le ha costado la vida a personas inocentes. No sé yo si la conciencia se puede adormecer por efecto de una llamada doctrina que no es sino una legislación hecha “por puñetas” para restringir, ni más ni menos, que una institución de rango constitucional como es la acusación popular. En su día, solo se pensó estar legislando “ad hoc” para salvar al hombre más poderoso de España, Emilio Botin, pero la “creatividad” siempre se dispara y se ha revelado como un potente Mr Proper para limpiar y ocultar todo aquello que al poder no gusta.
Lo de la magistrada Lozano debe ser duro de roer por las noches. Podía haberle echado valor y haberlos enviado a la Audiencia para ser juzgados y que hubiera sido el tribunal el que se encargara de perpetrar la infamia, pero esa cobardía no deja de ser una postura provocada por la insólita e inaudita posición de la Fiscalía, ejecutora de la política criminal de Pedro Sánchez, y de la Abogacía del Estado que tiene por cliente a ese mismo Gobierno. Que es muy duro ser progresista y aceptar que arropar y exculpar a unos guardias civiles esté por encima de la depuración de responsabilidades por la muerte de 15 seres humanos, algunos de los cuales lo fueron porque desde una patrullera no se les socorrió, y no quiero ni escribir de qué color tenían la piel porque entiendo que a ninguna de estas instancias, ni a ningún ser decente, debería importarle.
Esta impunidad que se está esparciendo sobre las muertes de El Tarajal, sobre los cadáveres que flotaban en esa frontera sobre la que la propia magistrada ha escrito que no hace decaer los derechos humanos, procede en primer lugar de la inacción de la Fiscalía y de la dejación de su obligada defensa de la legalidad pero, y muy importante, de la “legislación” emanada de un órgano que no está llamado a legislar sino a aplicar la ley, cual es el Tribunal Supremo. La doctrina Botín, que nunca ha sido ni siquiera visada por el Tribunal Constitucional, no es sino la ley de la máxima puñeta pergeñada y diseñada para exculpar a un banquero, recortando el alcance de una institución constitucional cual es la acusación popular, sin ninguna participación del Poder Legislativo. Lo que consigue la ley de las puñetas con la misma –siempre aplicada pro reo de cuello blanco y próximo al poder, repasen los casos– es que los protegidos por ella no sean ni siquiera juzgados. No se trata de si son culpables o inocentes, tanto Botín como los guardias civiles, sino simplemente de que no sean ni siquiera sometidos al arbitrio de un tribunal.
La doctrina Botín no es sino uno de los ejemplos que existen de la amplitud con la que el Tribunal Supremo ha ido adoptando decisiones que suponen, en realidad, modificaciones o disposiciones que por su alcance o crean ley o la modifican y que deberían haber sido adoptadas por el Parlamento, dado que al Poder Judicial solo le es dado aplicar las leyes juzgando y ejecutar sus sentencias. En los últimos tiempos, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha entrado en una verdadera vereda legislativa que está supliendo, superando o alterando los designios que el legislador, la voz del pueblo, ha tenido para las cosas. Los acuerdos de pleno NO jurisdiccional han creado unas normas que alteran leyes o las crean y, por cierto, ¿qué narices es una reunión de magistrados no jurisdiccional? ¿Para alterar las leyes? ¿Por qué han podido variar los casos en los que un delito es juzgado por el tribunal del jurado más allá de lo que la Ley del Jurado aprobado por las Cortes recoge? ¿Por qué se alteró la LOPJ para ampararlos en esta y tantas modificaciones?
Esta legislación de las puñetas, que no les corresponde; esta creación de derecho que no es propia de un diseño como el español, lo cierto es que casi siempre obra y apunta en la misma dirección, que no es sino la de beneficiar al poderoso. No hay muchos ejemplos de la creatividad jurídica pro reo que no beneficien a los de siempre. ¿Han oído hablar de la atenuante analógica de cuasiprescripción? O sea que no está prescrito pero le falta poquito así que... ¿ustedes creen que se le ha aplicado a los robagallinas?
Todos los poderes tienden a expandirse, como los gases nobles, y a invadir los espacios de los otros. Pero no hay expansión más peligrosa que la del Tercer Poder, dado que está construido para ser el único que no tiene controles ajenos a él mismo, excepto los gestos y las denuncias de los pobres escribidores a los que, como ustedes saben, nadie nos hace ni caso.
Yo, como les he dicho, tenía una casa desde la que veía El Tarajal y ahora una en la Villa y Corte desde la que veo las injusticias y los excesos. Era tan ingenua que nunca pensé que tendría que llorar la pérdida de la decencia de las instituciones desde ninguna de ellas.