El reciente nombramiento de María Elósegui para formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las informaciones que nos han llegado sobre su falso currículum, tratando de ofrecer un perfil acorde con la defensa de los Derechos Humanos, no solo muestra la predisposición de nuestros gobernantes a seguir haciendo el ridículo internacional y el escaso interés que les merece la defensa de los Derechos Humanos. No, aquí no solo se han puesto de manifiesto el enchufismo y el nepotismo a que nos tiene acostumbrados el PP.
El hecho de que esta Catedrática de Filosofía de Derecho incluyera datos falsos en su expediente, suponemos que, como mínimo, debiera provocar que se revise el procedimiento de votación para su designación, pues ésta se produjo bajo engaño. Este es un cometido de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, víctima del ardid, que esperamos reaccione y remedie y subsane como corresponde. Lo verdaderamente alarmante fue saber que la recién elegida es una fiel militante de las doctrinas deterministas acerca de gays, lesbianas y transexuales, según las cuales, estas personas tendrían tendencia a desarrollar patologías o, como en el caso de los trans, debieran ser sometidos a tratamientos psiquiátricos a fin de superar su “disforia” o descontento con el sexo que les correspondió cuando nacieron.
Estas teorías, ya superadas, establecían que la biología -degeneración genética- o el entorno social -desviación social- eran determinantes en la homosexualidad. De ahí que, inspirados en estos perversos principios pseudocientíficos, muchos países incluyeron las “prácticas” homosexuales como delitos. Esta creencia, además, entronca con todas aquellas inspiradas en la finalidad procreadora de toda relación de pareja. Más tarde, el régimen nazi, el fascista italiano y el franquismo, con diferente intensidad y variedad en la persecución, propiciaron la criminalización de estas personas no heterosexuales. Negar la dignidad como personas al colectivo LGTBI, cuestionándolo e infravalorándolo como “patología” y anomalía psicosocial es radicalmente contrario a cualquier postulado basado en el respeto a los Derechos Humanos.
En la actualidad se cuentan, al menos, 70 países en todo el mundo que persiguen y reprimen violentamente a los homosexuales, lesbianas y transexuales. Por eso, hay numerosos Convenios e Instrumentos Internacionales que recogen la preocupación por la injusta exclusión y persecución de este colectivo. Sin dignidad humana no hay Derechos Humanos. No en vano, en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza a proclamarse que “la dignidad humana libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. La dignidad humana es la cualidad de las personas, como sujetos de derechos, que no se adquiere ni se concede, sencillamente es inherente al ser humano. Y los seres humanos en cuanto que diferentes, diversos y peculiares, nos reconocemos y respetamos.
Reconozcamos que hay ideologías y creencias de todo signo y que la grandeza y el sustento de todos los sistemas democráticos consiste en cobijarlas a todas, aun aquellas teorías y opiniones inquietantes y contrarias a los principios de igualdad, que propugnan la exclusión de los colectivos más vulnerables, como el LGTBI. Pero que el sistema democrático tolere y no persiga la libertad de opinión y de expresión no significa que deba dar lugar preeminente a las doctrinas que fomentan la homofobia y la transfobia. María Elósegui, militante a ultranza de estos postulados contrarios a la dignidad de millones de personas no heterosexuales, perseguidas en numerosos países por su orientación y/o identidad sexual y vulnerables por el hostigamiento y rechazo que suelen padecer en nuestro entorno, no es la persona más idónea para velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el Tribunal más prestigioso del mundo en esta materia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos incide notablemente en la vida de los ciudadanos europeos y ha logrado, incluso, modificar legislaciones internas, como es el caso de España, que no ha podido eludir sus compromisos en varios y sonados asuntos. Pero su área de influencia no sólo opera en Europa; por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene muy presente la jurisprudencia emanada de este Tribunal con sede Estrasburgo. Por eso, que esta Catedrática de Filosofía del Derecho consiguiera su plaza en el TEDH constituye una flagrante desnaturalización del digno desempeño que realiza este alto Tribunal. El solo hecho de trascender su ideario -nada compulsivo y sí muy reflexionado y documentado- contrario a la dignidad de las personas LGTBI, ha provocado algunas reacciones en contra. Las que salieron en su defensa, alegaban que las creencias de los jueces no deben ser determinantes a la hora de optar a sus cargos. Y eso es cierto, los jueces han de enjuiciar con sujeción al principio de imparcialidad sin que su ideología o creencia les influya o determine en sus resoluciones.
Sin embargo, cabe plantear si es posible la defensa de los Derechos Humanos por quien no los acepta. Recordemos que la base de éstos no es otra que el reconocimiento de la dignidad humana y que María Elósegui niega este Derecho a gran parte de la humanidad. Es tanto como designar ante este Tribunal a quien defiende en determinados casos la práctica de tortura o la pena de muerte. Aquí no caben equidistancias ni partidismos ni corporativismos: cada retroceso en la exigencia y cumplimiento de los Derechos Humanos nos sume en una etapa más insolidaria, perversa y e indigna que la anterior superada. Quienes ganan con estos retrocesos suelen aprender a construir andamiajes aptos para blindarse a las exigencias del cumplimiento de aquéllos. Por eso, es tan complicado reconquistar los derechos previamente arrebatados.
Los mecanismos de defensa o resistencia a la aplicación de los Derechos Humanos suelen pasar por procesos de “normalización” en los que la ciudadanía ya ni reacciona, como ha sucedido en este caso de la nominación de María Elósegui. A poca gente le ha alarmado, incluso, se han invocado argumentos muy elaborados sobre su derecho a ser juez ante el TEDH, muy a pesar de su militancia contra la dignidad humana -enfocada contra el colectivo LGTBI-. El hecho de que ella falseara su currículum desmonta todos estos planteamientos: ella edulcoró y reelaboró su trayectoria académica y profesional, a fin de simular una apariencia de idoneidad, sabedora de que, de no hacerlo, no llegaría a ser elegida.
Salvo honrosas excepciones, no hemos visto que ningún representante político se haya levantado de su cómodo asiento para denunciar públicamente esta grave anomalía, que una persona que no cree en los Derechos Humanos nos va a representar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como miembro de la judicatura en los siguientes 9 años. Como un verso suelto, tan sólo Marina Albiol, eurodiputada y portavoz de la Delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo ha reclamado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se subsane este grave error; la pena es que la responsabilidad, humanidad y solidaridad de su acción no se ha visto apoyada por nadie. Por más que la defensa de los Derechos Humanos ha de ser transversal, plural y universal.