En un futuro, cuando las próximas generaciones de periodistas estudien los extremos delirantes a los que se puede llegar en su profesión, deberían rescatar la sarta de bulos que se escucharon el 22 de noviembre pasado en el programa ‘Los Intocables’ de un canal televisivo llamado Distrito TV, que se presenta en su web como “la televisión de la resistencia”.
En el programa, una periodista arremetió contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, afirmando que “hay sospechas” de que es una transexual llamada originalmente Begoño; que, “por lo visto”, los servicios secretos marroquíes “tienen las pruebas de que está involucrada, estaría, en temas de narcotráfico en Marruecos”, y que, por esto último, la universidad Complutense “la despidió y pidió que devolviera el dinero que había cobrado” por haber dirigido un máster. Entre dislate y dislate, el presentador intercalaba comentarios como “eso ya está publicado” o “todo lo que está usted contando lo he contado yo en Periodista Digital con el coronel Diego Camacho”. “Claro, claro, pero no pasa a ser algo de común conocimiento en la sociedad española”, se quejaba la periodista, atribulada por el impacto limitado que al parecer estaba teniendo la 'investigación'.
Esta ofensiva contra Begoña Gómez, una mujer por lo demás reservada que se mantiene fuera de los focos del poder, iba dirigida en últimas contra el presidente Sánchez, a quien la derecha le ha negado cualquier atisbo de legitimidad desde que puso el pie en la Moncloa. Todo ha valido estos años para intentar desestabilizar al Gobierno, desde ofensas en sede parlamentaria hasta las mentiras más desquiciadas, como las que pudieron escucharse en el programa ‘Los Intocables’ y que son habituales en una constelación de medios generosamente rociados con dineros públicos gestionados por la derecha.
Presentar la transexualidad como un hecho degradante para pretender humillar a una persona, como hizo con sorna la periodista, es plato común de la derecha más rancia de este país y no hace sino reafirmar la necesidad que había de aprobar una ley que garantizara los derechos a un colectivo tradicionalmente sometido a vejaciones y burlas. En el caso que nos ocupa, es una falsedad más -inocua, pese a su mala baba- de las que se vertieron sobre la esposa del jefe del Gobierno. Utilizar recursos retóricos como “hay la sospecha” o escudarse tras conjugaciones verbales condicionales para a continuación soltar bulos del tamaño de catedrales no atenúa un ápice la responsabilidad en la mentira, cuyos efectos se pueden aún rastrear en conversaciones en las que el ‘cuñao’ de turno hace chanzas sobre el apelativo Begoño, con el aire jactancioso de quien está bien informado sobre los arcanos del poder ominoso de Pedro Sánchez.
La Constitución española, que la derecha tanto dice respetar, consagra en su artículo 20 como un derecho fundamental la libertad de expresión e información, pero al mismo tiempo establece que dicha libertad tiene su límite en otros derechos, primordialmente el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. A lo que habría que añadir el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. No es la primera vez ni, desafortunadamente, será la última en que desde ciertos medios se dirijan ofensas y embustes contra cónyuges y otros familiares de dirigentes de la política. El problema es que estas acciones, que no solo dañan al periodismo sino que afectan en últimas a la convivencia democrática, se están convirtiendo en costumbre, sobre todo con la proliferación de determinados medios que se autodenominan “alternativos” y que no son más que correa de transmisión de la derecha más cavernaria, para los que la palabra deontología no es más que un extraño hexasílabo del pleistoceno.
Este martes se supo que Begoña Gomez ha interpuesto una demanda de conciliación en la que exige al presentador y la periodista de ‘Los intocables’ que se disculpen públicamente por la “espuria intencionalidad” y la “falsedad” de los mensajes “dirigidos únicamente a perjudicarlos a ella y a su marido”. De no satisfacer la exigencia, el caso podría dar pie a una querella criminal por calumnias e injurias, según se advierte en la demanda. Seguramente habrá quienes, con ínfulas de gladiadores de las libertades, acusen al presidente Sánchez de utilizar torticeramente a su mujer para intentar acallar a medios independientes que solo cumplen con su sacrosanta misión de informar y defender las esencias de la democracia. Más que esas previsibles reacciones, lo que de verdad ayuda a la democracia es poner ante su espejo -sea en los tribunales, como ha decidido Gómez, o en la cotidiana práctica periodística- a quienes intentan por todos los medios (o todos sus medios, para ser más exactos) borrar la frontera entre la verdad y la mentira, entre la información y la desinformación.