Solo en lo que llevamos de 2017, en España han sido asesinadas 34 mujeres por la violencia machista. Mientras que en 2015 una Macroencuesta del Gobierno reveló que alrededor de 556.000 mujeres afirmaban haber sufrido esa clase de violencia en los 12 meses anteriores, en 2016 se presentaron 142.893 denuncias y 43.311 solicitudes de orden de protección, de las que se concedieron 24.367.
Son cifras a las que se remite Amnistía Internacional España, que ha lanzado una campaña contra la violencia de género. Aunque tales estadísticas sean tristemente conocidas, el concierto solidario que ofrecerá la cantante María Lavalle en el marco de esa campaña lleva por título 'El llanto invisible'. La diferencia entre el número de mujeres que refieren ser víctimas y el número de denuncias contra sus agresores es tal que pone en evidencia una realidad invisible, mayor y más sobrecogedora aún que la conocida. En primer lugar, las cifras dinamitan la falacia de las denuncias falsas, falacia con la que violentos y cómplices se llenan la boca de oscuridad.
Si Amnistía Internacional insiste en la necesidad de evaluar la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, diversos colectivos feministas reclamaron el pasado #25M en la calle la modificación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, denunciando que las políticas contra la discriminación y la violencia suman 47,47 millones de euros, es decir, un 0,01% del presupuesto de 2017. En un Estado donde 2,5 millones de mujeres ha sufrido alguna vez violencia de pareja y 1,5 millones sufre violencia sexual fuera de la pareja, ese un 0,01% supone una ofensa para las víctimas, como señalan los colectivos feministas.
Una ofensa criminal, dado que se trata de una cuestión de vida o muerte, que se produce en el escenario de un ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género’ muy cacareado desde el Congreso de los Diputados pero inútil si no se destina presupuesto, imprescindible para cumplir con la ley que protege a las mujeres, y si no se cuenta en él con la participación real de las organizaciones de mujeres.
La violencia contra las mujeres es cuestión de Estado porque no es tolerable que en nuestro país hayan sido asesinadas 34 mujeres en cinco meses (según recuentos que elevan la cifra oficial de asesinatos por violencia de género). Si hubieran sido asesinados 34 ministros se habría declarado el estado de excepción. También si hubieran sido asesinados 34 diputados del PP, 34 militares de alto rango, incluso 34 obispos o 34 grandes empresarios. Que la violencia sea estructural, sistémica contra mujeres, la convierte en ese llanto invisible que precede a la muerte siguiente.
Y mientras las mujeres estamos gritando en la calle el terror y la indignación, la respuesta en el hemiciclo es el desprecio: cero euros para la lucha integral contra la violencia machista y su prevención, es decir, ni un euro para las medidas que se acuerden en ese Pacto de Estado que debe estar en marcha en octubre de 2017, ni un euro para el cumplimiento de los nuevos compromisos del Convenio de Estambul.
De cada crimen machista serán cómplices los del PP, que en la Comisión de Presupuestos rechazaron todas las enmiendas de la oposición sobre la prevención de la violencia machista, la atención a las víctimas (que, además de las mujeres, son los menores: 11 niños y niñas han sido asesinados en 2017) y las políticas de igualdad.
Repugna hasta la náusea que incluso hayan rechazado la propuesta de incrementar las desgravaciones fiscales para los donantes al Fondo de Becas Soledad Cazorla, cuyo objetivo es ayudar a los huérfanos de las mujeres asesinadas. Repugna hasta la náusea pensar que esa desgravación suponía a las arcas del Estado una pérdida de tan solo 3.500 euros. Menos de lo que vale un “volquete de putas”. La corrupción moral de Rajoy y los diputados del PP está a la altura de su corrupción política.
Para que la violencia machista sea de verdad una cuestión de Estado hace falta presupuesto, medios para que se investiguen y persigan sus crímenes y para que la justicia actúe con diligencia. Amnistía Internacional denuncia el aumento de los sobreseimientos de las causas y de las sentencias absolutorias, al tiempo que descienden las órdenes de protección. Pero no solo: también que persistan los prejuicios discriminatorios contra las víctimas de violencia de género, cuyo testimonio se pone en duda con frecuencia.
Para combatir esa terrible injusticia con las víctimas, esa ignorancia que debe avergonzarnos como sociedad, hacen falta también medios educativos que formen en la igualdad y en el respeto. Con este Gobierno, es una quimera que va dejando en el camino un rastro de sangre visible, un rastro de llanto invisible.