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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Llarena, cita en Sassari

2 de octubre de 2021 21:29 h

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Decía Calamandrei que “en el juez no cuenta la inteligencia; le basta con la normal para poder llegar a comprender, como encarnación del hombre medio, quod omnes intelligunt; importa, sobre todo, la superioridad moral, la cual debe ser tan elevada en el juez que alcance a perdonar al abogado ser más inteligente que él”. El italiano fue uno de los más grandes procesalistas del XX y conocido universalmente por el librito del que extraigo esta gran reflexión, 'Elogio de los jueces escrito por un abogado'.

Es esa superioridad moral y elevación del juez Llarena, o su ausencia, la que tiene mañana lunes una cita en el tribunal sardo de Sassari y da la impresión de que no va a quedar muy bien parada. Quiero que entiendan que esta reflexión no versa sobre si Puigdemont es bueno o malo o cuándo tiene que ser juzgado. Lo que se sustancia es si un magistrado del Tribunal Supremo del Reino de España le ha aceptado a unos abogados jugar una partida de ajedrez y está llevando a cabo movimientos alocados y tramposos para conseguir ganarla, porque ese no es su trabajo ni esa es la superioridad moral que se espera de él ya que, de nuevo Calamandrei, “la injusticia envenena incluso en dosis homeopáticas”.

Digo que no parece que vaya a salir bien parado Llarena de la vista de mañana porque mucha vuelta debe dar la tortilla para que Carles Puigdemont no se vuelva para Bruselas tan tranquilo al acabar la vista en Cerdeña. Amén del auto dictado al día siguiente de la detención, tenemos sobre la mesa la pista de que Sirene Italia, el sistema de vigilancia de las OEDE, pidió este jueves pasado que se colocara un flag de validez a las órdenes dictadas sobre Toni Comin y Clara Ponsatí “a raíz de la decisión tomada por nuestra autoridad judicial”. Resumiendo, el jueves Italia dijo por conducto oficial que no va a dar validez a las OEDE contra los otros dos europarlamentarios catalanes. Por cierto, que esta vez el Tribunal Supremo ha comunicado a las partes diligentemente esta incidencia mientras que hasta esta semana ninguna parte ha podido acceder a todos los flag de validez que diversos países europeos (Austria, Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia) han ido poniendo a las órdenes cursadas por Llarena. Suiza ha ido más lejos comunicando que considera que la orden de detención ha sido dictada por un delito político o de naturaleza política y que pasa. 

No es el único indicio que tenemos sobre la mesa, ese comportamiento italiano, sino que además el viernes por la noche el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) admitió a trámite la solicitud de cautelares para mantener la inmunidad de Puigdemont. Este movimiento tan rápido del TGUE hace que mañana en la vista de Sassari los jueces sardos conozcan también esta intención del TGUE de volver a revisar su resolución de 30 de julio, en la que ya lo anunciaban. Lo que es probable es que a los jueces italianos no se les escape lo que no se escapa a ningún observador imparcial aquí: el jueguecito de trilero que se ha traído el juez instructor, que aunque a él le parezca muy ingenioso, no habla precisamente bien de su altura ni profesional ni moral. Un juego que, además, pasa por echarle la mierda a la Abogacía del Estado y con tiro de alcance al Gobierno y que, por tanto, es también un juego político. 

Llarena ha escrito al tribunal de Sassari, sin que esté previsto en ningún procedimiento, enviando un oficio al juez español de Eurojust para que se lo haga llegar. Miren ustedes que es un juez que escribe a jueces extranjeros sin que nadie se lo pida para aclararles las cosas pero que, al parecer, no puede comunicarse con el agente del Reino de España ante el tribunal de Luxemburgo, que es la Abogacía Española. Será que entonces no quería y ahora sí. Eso forma parte de esta espuria partida. Es en este espontáneo escrito en el que Llarena, con su firma, acusa ante otro país a la Abogacía del Estado del suyo -a la que señala no como representante legal de España, y por tanto del TS, ante el TGUE sino como “organismo dependiente del Ministerio de Justicia”, para desprestigiarla- y en el que afirma que esta equivocó al parecer deliberadamente al TGUE al informar de que las órdenes de detención estaban suspendidas “ya que es parte en el procedimiento penal y nunca se le trasladó que hubieran sido retiradas”. Truco de trilero. No han notificado nada de la pieza de situación personal a ninguna de las partes hasta esta pasada semana. Lo llama “desajuste de información”, como si él no hubiera podido decirle a la Abogacía del Estado cosas cuando le diera la gana, como ahora hace con los italianos sin venir a cuento. 

Va más allá aún. Afirma en el escrito espontáneo enviado al tribunal sardo que si bien el TJUE en la recomendación (2019/c380/01, punto 25) dice que la presentación de una cuestión prejudicial “comporta la suspensión del procedimiento nacional hasta que el TJUE responda” eso no va con lo suyo. Verán ahí por qué la Abogacía del Estado dio por suspendidas las euroórdenes, que son parte del procedimiento nacional y así lo entendió el Tribunal Europeo. Es que el propio Llarena en su auto de 9 de marzo en el que planteaba las cuestiones prejudiciales sobre las OEDE, pedía que estas se tramitaran por el procedimiento acelerado “dada su naturaleza penal y la paralización del procedimiento condicionado por las prejudiciales”. ¡Oigan, que eso lo escribió él mismo! ¿Dónde está la mala fe o el error o la intencionalidad aviesa de la Abogacía del Estado? ¿No será el propio Llarena el que está haciendo trampas al solitario? 

Para convencernos de que todos son tontos -la Abogacía, el TGUE, los abogados de Puigdemont y hasta los jueces sardos- y él muy listo, ¡tachán!, se saca de la manga lo que le debe parecer una carta inteligente y sorpresiva: no las retiró porque no son procedimientos sino medidas cautelares y como existe otro punto de esa norma que dice que la retirada de las medidas cautelares es potestad del tribunal que presenta las cuestiones prejudiciales… ¿Es una orden europea de detención (OEDE) una medida cautelar o bien hay medidas cautelares que se quieren implementar mediante su emisión? ¿La medida cautelar en el caso de Puigdemont es la propia OEDE o es la prisión provisional dictada que se quiere llevar a efecto y para eso se usa la OEDE? Me apuesto caña y pincho a que los italianos consideran que la OEDE es un instrumento para conseguir aplicar una medida cautelar dictada en el procedimiento. Es decir, que el planteamiento de las cuestiones prejudiciales obligaba a paralizarlas, pero no a levantar la medida de prisión provisional que se dictó en su día para Puigdemont. Tal vez es esta particular interpretación del juez la que ha llevado a confusión a todos y lo digo con toda la ironía. El de la OEDE es un procedimiento dentro del cual se pueden adoptar medidas cautelares, pero no es obligado y por eso no lo hicieron en su día ni Bélgica ni Alemania ni Escocia, pero no es en sí mismo una medida cautelar.  

Puede que me digan que todo esto les importa una breva y casi lo entendería. No debería ser así. El prestigio de Llarena -ese que nos está costando a todos los contribuyentes según cuentan ya casi millón de euros para defenderlo de un pleito civil por irse de la boca- no es solo el prestigio de Llarena o el de los señores de la Sala II ni tampoco una muestra de sus gónadas. Tampoco es el prestigio de Puigdemont ni su propaganda política. El prestigio que nos jugamos en estas citas es el de nuestro propio país ante sus socios comunitarios, dado que toda esta estructura europea está basada en la confianza entre estados. Puigdemont es una minúscula cosa en comparación con la solidez de nuestra posición en Europa y ante nuestros socios, aunque parece que alguno o algunos se han empeñado en que sus narices están por delante de todo eso y de más. 

Llarena y el Tribunal Supremo también tienen una cita mañana en Sassari.

No sé si lo tienen fácil.