Los titulares sobre la multitudinaria marcha violeta del 7N acabaron recogiendo lo que el feminismo viene años denunciando: las violencias machistas, que se expresan desde constantes micromachismos hasta el asesinato de las mujeres, es “una cuestión de Estado”. Que haya 1.378 víctimas mortales desde 1995 solo puede calificarse de terrorismo y, como tal, las instituciones deben intervenir con urgencia para, de una vez por todas, garantizar la seguridad de las mujeres. Solo en 2015, 70 mujeres han sido asesinadas por hombres en España; 37 el pasado verano. Los asesinos de mujeres han acabado también con la vida de 8 menores; eran sus parejas, sus padres o las parejas de sus madres. Asesinos que matan mujeres y que matan menores: una extrema manifestación de la desigualdad por razón de género y una intolerable violación de derechos humanos.
En un paso al frente sin precedentes recientes, el movimiento feminista español ha instado a todos los estamentos sociales y políticos a combatir esa desigualdad y esa violación de nuestros derechos. Se exige a las autoridades la aplicación del Convenio de Estambul, que España ratificó, y la reforma de la Ley de Medidas de Protección Contra la Violencia de Género, aprobada en 2004. No implementar el Convenio de Estambul para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y emprender acciones judiciales contra los agresores, así como no invertir todos los recursos necesarios para sensibilizar a la sociedad (especialmente a los hombres y a los jóvenes) en la necesidad de romper con una cultura de tolerancia, convierte al Estado en responsable último de las agresiones de toda naturaleza que sufren las mujeres por el hecho de serlo.
La llamada Ley Integral supuso un paso imprescindible en la lucha frente a las violencias machistas pero, a día de hoy, se ha demostrado insuficiente. Solo en lo que a las denuncias respecta, la mayoría de las interpuestas en los Juzgados de Violencia son archivadas por presunta falta de pruebas, lo que ha conllevado un preocupante descenso de esas denuncias, de las órdenes de protección y de las condenas: un 50% menos que en 2006. Para minimizar, infravalorar, ignorar o, en última instancia, justificar la violencia contra las mujeres, el sistema heteropatriarcal ha extendido la falacia de las denuncias falsas, escamoteando los datos de la Fiscalía General del Estado que demuestran que las denuncias falsas apenas alcanzan un insignificante 0,07% del total de las presentadas. Urge una revisión de la actuación de los Juzgados de Violencia, de la formación de los profesionales del sistema judicial y de la reparación vital de las víctimas que el sistema ha desprotegido. El propio CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) de Naciones Unidas ha alertado sobre la desprotección judicial en España de las mujeres víctimas de violencia machista.
En España siguen siendo asesinadas mujeres y menores. Y sigue sin proporcionarse a las víctimas supervivientes y a sus hijos e hijas la recuperación vital, económica y social a la que tienen derecho. Sigue sin incluirse una política preventiva de las violencias machistas en los programas educativos. Los medios de comunicación no acaban de esforzarse por erradicar el sexismo. Pero, mientras, el machismo español maneja datos falsos (como los de las denuncias falsas) y se llena la boca con un término con el que desprestigiar a las mujeres que luchan contra esa discriminación y esas violencias: feminazis.
Todas las activistas, periodistas y mujeres concienciadas que han dado voz a la urgencia de priorizar la lucha contra el feminicidio y contra todo machismo (por micromachismo que sea), hemos sido víctimas, además, de ese vergonzoso calificativo. Incluir la alusión al régimen nazi para referirse a las mujeres (y los hombres) comprometidas con la igualdad, la justicia y la vida, es otra forma de agresión. Busca el desprestigio desde la confusión y la falacia. Que las feministas y los nazis no tienen nada que ver es una perogrullada que no merecería atención si no fuera porque el término se ha puesto demasiado de moda (no hay más que leer los comentarios a los artículos feministas de este mismo medio) y porque, en realidad, esconde todo lo contrario: machinazismo. Es decir, machismo a secas pero además a conciencia.
El machismo mata, no el feminismo. Y no es que los machinazis sean necesariamente asesinos o maltratadores explícitos, pero sí son negacionistas. Desacreditando a las voces que denuncian las violencias machistas, los machinazis legitiman esas violencias, las disculpan, se burlan de ellas, de quienes pelean contra ellas y de quienes trabajan para erradicarlas. Llamándonos feminazis restan importancia al objeto de nuestras denuncias y violentan nuevamente a sus víctimas: otra forma de negar la verdad de una realidad que es barbarie. Tras la moda intencional de llamarnos feminazis, tras las agresiones verbales de los machinazis, hay muchas mujeres muertas, punta del iceberg de un afán hegemónico y una discriminación sexista que afecta a la vida de todas las mujeres y a la convivencia de toda la sociedad.
Lo que debe suceder después del 7N, y no solo el próximo 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, es que los gobiernos, las instituciones públicas, las entidades privadas y todos las personas que formamos esta sociedad nos decidamos a responder cada día a esta violencia: cumpliendo las leyes, educando en la prevención y la igualdad, y dando atención jurídica, social y psicológica a las víctimas desde la gestión pública de los recursos. Pero también desenmascarando el sexismo en sus infinitas manifestaciones. Y no tolerando más que se insulte al movimiento feminista, que se falte al respeto a las víctimas, que se haga apología del terrorismo machista. Como se han acostumbrado a hacer los machinazis.