Una imagen, la del abrazo entre el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, con el ministro Miquel Iceta, tras la toma de posesión de Pere Aragonès, es la que ejemplifica lo que necesita no solo Catalunya sino también el resto de España. Cuixart lleva 3 años, 7 meses y 10 días en la cárcel. Algunos en tercer grado, pero la mayor parte del tiempo privado totalmente de libertad. Su saludo al dirigente socialista fue criticado por no pocos independentistas hiperventilados en las redes. Hay que tener muy poca vergüenza para hacerle reproches desde el sofá a alguien que lleva 1.318 días en su situación. Alguien condenado injustamente, tal y como Amnistía Internacional ha insistido en varias ocasiones, clamando en el desierto por considerar que la sentencia del Supremo supone en este caso (y en el de Jordi Sànchez) una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Cuixart es el único de los presos que no ha querido entrar en las batallas partidistas entre Junts y ERC, que ha intentado pacificar el ambiente entre ellos también en la cárcel y que, por más ofertas que ha recibido, ha decidido que no quería cambiar Òmnium por las siglas de un partido.
Iceta intentó hasta el último momento que Carles Puigdemont convocase las elecciones y no proclamase la DUI. Se reunieron el día antes, el 26 de octubre del 2017, y no era la primera vez que hablaban en esa semana tan convulsa. El primer secretario del PSC salió esperanzado aquel día del Parlament porque la intención de Puigdemont era apostar por los comicios y así preservar el autogobierno. Al cabo de unas horas todo se torció con las maniobras de desmarque de ERC, tuits, amenazas cruzadas y una desconfianza entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat que todavía se está pagando. Los socialistas apoyaron al PP en su aplicación del artículo 155, algo que Pablo Casado parece haber olvidado. El expresident José Montilla, entonces senador, no participó en la votación, consciente del significado que tenía en Catalunya que alguien que ha ocupado su máxima institución se mostrase a favor de intervenir la Generalitat. Iceta se convirtió en un enemigo para una parte destacada del independentismo y a la vez en un político demasiado comprensivo con el secesionismo a ojos no solo de la derecha sino de algunos barones del PSOE e incluso columnistas de referencia que se autoubican en el espacio ideológico de la izquierda.
Cuixart no se ha movido, sigue pensando que actuó correctamente, en conciencia y sin cometer el delito de sedición por el que fue condenado a nueve años de cárcel. Tampoco lo ha hecho Iceta, que siempre defendió su apoyo al 155 pero a la vez fue el primero en plantear la necesidad de que se aprobaran los indultos para poder mirar hacia adelante. Que ambos se abracen, que el primer paso lo diese Cuixart, y que pudiesen hablar, demuestra que hay dirigentes, sea en el ámbito del activismo o la política, dispuestos a separar la ideología del civismo y que aunque discrepen pueden encontrar puntos de consenso. El primero, la educación.
Un repaso al dial, a editoriales y mesas televisivas de estos días permite comprobar el abismo que existe entre la mayor parte de la opinión publicada en Madrid y la de los medios catalanes. Mientras unos reclaman política, la que ha faltado durante tanto tiempo, otros siguen instalados en una venganza mal parapetada en la Justicia. Los tribunales ni resolvieron el problema ni lo resolverán, como ha quedado claro en los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo en su informe para rechazar los indultos. Con sumo agrado, expresión que tanto gusta al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, se despacha a gusto en contra de una medida de gracia que sirvió para que saliesen de la cárcel desde condenados por el GAL a golpistas de verdad.
Una de las razones del tribunal para oponerse a la medida de gracia a favor de los presos independentistas es que no han mostrado “el más débil indicio de arrepentimiento”. Esta no es una argumentación judicial sino política. Primero porque arrepentirse no es obligatorio para poder obtener el indulto y segundo porque hay sobrados precedentes de casos en los que se ha informado favorablemente sin que se requiriese acto de contrición alguno al condenado. Sirva de ejemplo para los desmemoriados o las generaciones más jóvenes que el Supremo se mostró partidario de indultar a Tejero por razones “extrajurídicas” y “de conveniencia pública” y adujo la necesidad de contribuir al olvido de unos hechos que ya eran pasado. Finalmente, el Gobierno de Felipe González, que sí había indultado a Alfonso Armada también con el beneplácito del Supremo, no indultó a Tejero, que salió de prisión en 1996, cuando le concedieron la libertad condicional tras haber estado en la cárcel 15 de los 30 años a los que había sido condenado. Por cierto, Tejero ni se arrepintió entonces ni después. Hace tres años reapareció en un homenaje en Málaga entre gritos de “¡viva Franco!” y banderas preconstitucionales. Por más que se insista en comentarios de café o en el Congreso, no es requisito legal que los condenados por el procés pidan perdón. Como no lo fue para los impulsores del GAL. “Pedir perdón es un esfuerzo, y absolutamente inútil”, afirmaba el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, 18 años después de haber sido indultado.
Sánchez sabe que con los indultos puede perder votos y Casado sabe que oponiéndose los puede ganar. Catalunya es tierra quemada para el PP desde hace décadas. El último que intentó hacer entender a los suyos que ganar votos en otras comunidades a base de intransigencia era una receta pésima fue Josep Piqué. En la campaña del 14-F, Casado tuvo un momento de lucidez o de conveniencia cuando entonó algo parecido a un mea culpa por la estrategia de los populares durante el 1-O. Fue en una entrevista en RAC-1 y los artículos acusándolo de flojo tardaron solo horas en publicarse. Jiménez Losantos tildó las palabras del líder del PP de “oración genuflexa y plegaria de rodillas”. Hasta se quejó de que hubiese aceptado que le preguntasen en catalán.
Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal y uno de los juristas que más ha analizado la derivada judicial del procés, ha resumido el punto en el que estamos y que habría que intentar superar: La condena no sirvió para nada, solo para empantanar la política española. “No hagamos más sangre y salgamos de una vez de esta maldita situación”, concluía en un artículo publicado esta semana. La pregunta es quién está dispuesto a salir de esta situación. Casado está claro que no y a una parte del PSOE tampoco le conviene en sus territorios como dejan claro el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el extremeño Guillermo Fernández Vara cada vez que tienen un micro delante. José Luis Rodríguez Zapatero, que fue víctima de una campaña indigna por parte del PP, tanto con la reforma del Estatut como en la lucha contra el terrorismo, recordaba que la estrategia de los populares cuando están en la oposición siempre es igual. “Las grandes decisiones que abren espacios siempre van acompañadas de adjetivos de traición, como me pasó a mí cuando acerqué el fin de ETA”, ha afirmado este miércoles en una entrevista en Canal Sur. “Ahora nos dirán traidores, pero a medio y largo plazo servirá para encontrar un marco de encaje en Catalunya y España”, pronostica Zapatero. El PP, que empezó tildando a este gobierno de ilegítimo, ahora le acusa de “indecente” por plantearse los indultos. Ambas cosas son falsas, deslegitiman las instituciones, pero a base de repetirlo ha ido calando.
El 72% de los catalanes están a favor de los indultos, según la última encuesta publicada por El Periódico. Seis de cada diez votantes no independentistas también son partidarios de esta medida. Igual al resto de españoles les queda lejos, pero la mayoría de los catalanes, sean o no independentistas, lo que quieren es empezar a mirar adelante, aunque algunos, en ambos extremos, vivan cómodos y aspiren a sacar réditos de la cronificación del conflicto.