Malos tiempos para la igualdad de género
Desde que la crisis económica se hizo presente en España todo son malas noticias para la igualdad. La última de ellas es que el Gobierno español ha forzado el cierre de ONU Mujeres. El hecho de que esta agencia de Naciones Unidas no tenga costes económicos para el Ejecutivo pone de manifiesto el carácter ideológico de esta decisión. Ya habíamos visto a lo largo de este último año que entre las prioridades del Partido Popular no estaba la igualdad y mucho menos la igualdad de género. Y, sin duda, la supresión de ONU Mujeres es un mensaje rotundo acerca de la voluntad política de este Gobierno respecto de las mujeres. Con este gesto la derecha comunica a la sociedad española que la igualdad de género no está en la agenda política del Gobierno.
Sin embargo, el significado simbólico de esta decisión debe ser correctamente interpretado a fin de descifrar el mensaje que subyace tras esta medida. En primer lugar, con esta decisión el Gobierno marca distancias con el movimiento feminista, poniendo de manifiesto que las organizaciones feministas no son las interlocutoras legítimas de las mujeres. En segundo lugar, con su política contraria a la igualdad entre hombres y mujeres da satisfacción a la iglesia católica y a sus intentos desesperados por acabar con lo que esa reactiva institución denomina ‘la ideología de género’. En tercer lugar, esta medida debe ser considerada un aviso para navegantes, pues indica que es el principio de otras que vendrán después. Y, de hecho, algunas de ellas ya han sido anunciadas.
La más significativa es la propuesta 'popular' de volver a una ley de aborto de supuestos aún más restrictiva que la aprobada en 1985. En el año 2010, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero derogó la ley de 1985 y promulgó una nueva ley de salud sexual y reproductiva, en la que se incluía la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo un plazo de 14 semanas para que las mujeres embarazadas pudiesen abortar libremente. Esta ley fue el resultado de una intensa lucha del movimiento feminista para que se reconociese la autonomía de las mujeres a la hora de interrumpir un embarazo. La reivindicación de una ley de plazos ha sido para el feminismo una cuestión de principios, pues entraña el reconocimiento de que las mujeres tienen derecho a tomar las decisiones sobre su maternidad libremente y sin el sometimiento a ninguna autoridad ajena a ellas mismas.
Ahora bien, la vuelta a una ley de supuestos más restrictiva que la de 1985 no es la única medida anunciada que recorta la libertad de las mujeres. El deseo manifestado por el ministro Wert de legalizar la segregación de niños y niñas en las aulas de aquellos colegios que así lo deseen es un golpe a una concepción educativa presidida por la igualdad. El rechazo ideológico ampliamente señalado por el PP hacia la acción afirmativa y las cuotas para que las mujeres accedan a espacios de poder y así quebrar el techo de cristal es otro golpe, no por esperado menos doloroso.
Estos pronunciamientos ponen sobre la mesa la históricamente difícil relación entre el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres con la derecha española. Podríamos argumentar que la relación entre el feminismo y la derecha no es buena ni lo ha sido nunca. Sin embargo, esa afirmación se ve desmentida por la práctica y existen varios ejemplos que lo prueban. Uno de ellos es la despenalización del aborto en Francia en el año 1975. La promulgación de esta ley tuvo lugar bajo el mandato de Valery Giscard dÉstaing como presidente de la república y de Simone Veil como ministra de Salud, Seguridad Social y Familia. Otro ejemplo se concreta en los pactos entre derecha, izquierda y movimiento feminista tanto en temas de empleo como en los de salud sexual y reproductiva en los países escandinavos. Hay más casos, sobre los que no me extenderé, porque en realidad lo que quiero señalar es la dificultad que tiene la derecha española para aceptar que el movimiento feminista civiliza la política y ensancha la democracia con su vindicación política de derechos.
Por eso es necesario explorar esta falta de entendimiento que en mi opinión se reducen fundamentalmente a dos razones. La primera de ellas es que los sectores políticos más conservadores no han roto por completo el cordón umbilical con el franquismo. Y el franquismo ha segregado en sus casi cuarenta años de dictadura una ideología fuertemente misógina hacia las mujeres, tal y como puede observarse en sus concepciones jurídicas y sociales sobre las mujeres. Esta ideología impregna fuertemente la concepción ideológica de la derecha y permea sus decisiones sobre las políticas de igualdad. Y la segunda razón, no menos preocupante, es la dangereuse liason entre la derecha y la iglesia católica, pues a través de este vínculo el fundamentalismo católico proporciona la sustancia moral al discurso político conservador.
