Me entusiasma ver a mujeres jóvenes tomar las calles para defender nuestro derecho inalienable a ser dueñas de nuestra vida y de nuestro cuerpo en la misma medida que lo son los hombres. Acabar con el patriarcado es una pelea que me sigue ocupando y preocupando. Por eso me quedé muy sorprendida al ver el viernes tanta furia femenina, porque creo que estaban en la calle equivocada y dirigían su ira y su indignación hacia una diana errónea.
Clamaban mis hermanas para exigir que la Justicia le diera un trato justo a la víctima y gritaban: ¡Nosotras somos la manada!. Y ahí es dónde creo que yerra su GPS. No hay en mi opinión nada que reclamarle a la Justicia en este caso. El tribunal está siendo exquisito en la protección de los derechos de la víctima. Y yo también creo a C. No sabemos quién es y ese es un éxito del sistema. Demasiadas veces he visto cómo se filtraban hasta los nombres de los testigos protegidos. El tribunal juzgador ha adoptado medidas férreas que incluían un juicio en el que hasta el sacrosanto principio de publicidad se rendía ante las excepcionales circunstancias. Nada que objetar. Los videos que los agresores grabaron para aumentar la humillación tampoco han podido ser carnaza de amarillismo ni han servido para una doble victimización. Los violadores no los difundieron. De sus teléfonos pasaron a estar bajo custodia. No se han hecho copias. Las partes, incluidas las defensas, sólo han podido visionarlos en sede judicial y bajo supervisión del LAJ (antiguo secretario). No, esa tele que piensan no tiene los videos. No, esos que les dicen que los han visto y que reflejan una relación consentida, tampoco lo han hecho. ¿Por qué mienten? Iremos a ello. Lo único que han podido ver, como he visto yo, han sido unos fotogramas estáticos que figuran en uno de los peritajes del sumario y que si poseen las partes.Nada más. Afortunadamente tienen una pésima visibilidad.
La protección de la víctima ha abocado a un juicio a puerta cerrada -que ahora se abrirá parcialmente por la presión del abogado de tres acusados- y en esa Justicia silenciosa y ayuna de publicidad ha crecido un espacio vacío de información que los ciudadanos quieren llenar. Sólo una parte ha tenido interés en hacerlo y es la que basa su actuación en la negación de la mayor y en la afirmación de que fue sexo consentido. Está en su derecho procesal, pero ha logrado convertir su relato en toda una corriente de opinión. Ahí está el verdadero problema al que nos enfrentamos. Contra esto deberían fluir las iras de mis hermanas como fluyen las mías. Sólo en una sociedad enferma de cultura de la violación habría tanta gente, tantos periodistas, tantos medios, dispuestos a creerse que el sexo consentido acaba con mujeres llorando a las que les han robado el teléfono para que no puedan avisar a nadie. Sólo la cultura de la violación puede defender que las mujeres desean ser salvajemente penetradas por tres hombres mientras otros dos les jalean y las humillan e insultan. Una oleada de mujeres debería dirigirse contra ello,contra los que quieren ganar en una sociedad patriarcal y enferma un pleito que quizá tienen muy difícil ganar en la sala. Hacia ellos las pancartas y los gritos pero hacerlo contra la Justicia, en este caso, es tremendamente injusto. Hay perros pastores malos empeñados en conducir al rebaño hacia el precipicio que desean.
El tribunal no admitió como prueba las conversaciones de Whatsapp de los días previos a los hechos. En cada juicio se analizan sólo los hechos encausados. No se hace un juicio general a los personajes que se sientan en el banquillo. No hace falta ninguna. Esos mensajes -que como espectadores nos hablan de la catadura moral de los acusados- no pintan nada en el juicio actual. No se refieren a ese día. Un procedimiento es como un niño, hay que cuidarlo pues puede ser corrompido y abortado si no se respetan escrupulosamente las normas. El tribunal de Pamplona lo está haciendo con diligencia. La admisión de tal prueba no sólo no ayuda al enjuiciamiento actual sino que podría viciarlo y propiciar posteriores recursos o peticiones de nulidad. Nada se me ocurre peor que la posibilidad de que C. tuviera que volver a pasar por el calvario de otro juicio. Toda precaución es poca. Por contra, si cuando se enjuicien los hechos de Pozoblanco relativos a otra mujer, ya existe sentencia sobre los de Sanfermines, ésta sí podrá ser utilizada allí. Así van las cosas para proteger todos los derechos. Entonces no serán hechos sin probar sino hechos probados en sede judicial.
Ha causado también gran estupor que el tribunal admitiera una fotografía aportada por las defensas para unirse a un informe sobre su actividad en redes sociales. No hay, como se ha dicho, en el Rollo de Sala ningún informe con seguimientos de detectives porque el mismo defensor que lo encargó se arrepintió. Las mujeres claman pensando que la vida de una víctima pueda ser relevante a la hora de enjuiciar la violencia sexual que se ejerció sobre ella y llevarían razón, si fuera así. En primer lugar, la admisión a trámite de una prueba no implica ningún juicio de valor del tribunal sobre ella. En segundo lugar, ni siquiera se pretende que sirva para valorar sí C. fue violada o no. Nada tiene que aportar sobre ese extremo, en efecto. Lo que sucede es que junto con las penas de cárcel, los presuntos violadores tendrían que hacer frente en caso de condena al pago de una cantidad a la víctima en concepto de responsabilidad civil por las secuelas que el delito haya dejado en ella. Es ahí dónde las defensas pretenden que la actividad en las redes pueda servir para contrarrestar el informe psiquiátrico que se presenta sobre los daños traumáticos sufridos. Nadie dice que sirva, sólo digo que intentan que sirva y que el tribunal, dando toda la amplitud al ejercicio del derecho de defensa, lo ha admitido. De nuevo hay que reseñar que la restricción de este derecho fundamental podría dar lugar a intentos de nulidad.
Y, por último, me gustaría recordar que en la sala de vistas de Pamplona en ningún caso se trata de una pelea entre C. y los acusados de su violación. No. A los de La Manada no les acusa sólo C. sino también el Ministerio Público, en nombre de la legalidad y del Estado, y el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. No, no es ella sola contra el mundo. La fiscal Sarasate lleva a cabo una acusación firme, rotunda y grave. Leído su escrito puedo decirles que no describe ninguna clase de sexo consentido sino una violación múltiple aberrante, humillante y vejatoria que ninguna mujer puede leer sin sentirse profundamente conmovida. No me cabe duda de que aunque el secreto nos haya privado de ello, la fiscal y el resto de acusaciones han presentado una colección de pruebas de cargo consistente y convincente.
No niego que las mujeres debamos indignarnos pero ruego que lo hagamos contra quiénes sí merecen nuestra ira y nuestra lucha y que mientras dejemos trabajar a un tribunal que creo que ha acreditado su profesionalidad. Lo contrario sería convertirnos en un rebaño al que conducen lobos que parecen corderos. Mejor miremos las cosas de forma crítica e individualizada. Dentro de poco, con la sentencia en la mano, puede que se me entienda mejor.