Marlaska y sus islas del Diablo

“—¿Dónde está el gobernador?

—En la isla del Diablo.

—Iremos allí.

—Imposible, mi teniente. El señor gobernador ha prohibido el ingreso en la isla.“

Adolfo Bioy Casares

Los jueces canarios acaban de dejar con el culo al aire al ministro Marlaska y a la política del Gobierno de convertir las islas Canarias en un conjunto de islas prisión que contengan la presión migratoria de toda Europa y, más concretamente, de Francia. Una política de contención del flujo migratorio hacia el continente, que exige la violación sistemática de los derechos humanos y sin que importe, incluso, la comisión de diversos delitos, que practica el Gobierno “más progresista de la historia” (sic) ha chocado en estos días con la actitud decidida de las instancias judiciales canarias, que han puesto negro sobre blanco lo inadmisible de las pretensiones de los representantes gubernamentales en las islas.

Llueve sobre mojado. Marlaska, el juez que más condenas ha provocado contra España por su desprecio a los derechos humanos, va camino de batir otro negro récord cuando todas estas cuestiones lleguen, que llegarán, a Estrasburgo. Mientras, ni la judicatura isleña ni los ciudadanos deberíamos mirar para otro lado. Un ministro que desprecia la inviolabilidad del domicilio o que pretende convertir las islas afortunadas en una suerte de islas del Diablo que ahorren problemas a Macron y a la UE no casa con la idea progresista de la defensa de los derechos humanos. Sí, ministro, aunque sean negros y africanos. La ley es igual para todos y los derechos, sagrados, aunque incomoden a los socios comunitarios.

La Audiencia Provincial de Las Palmas concluye en su resolución que los inmigrantes que llegan en cayuco pueden estar detenidos 72 horas y hasta 60 días internos en un CIE para tramitar su expulsión, pero que si en ese plazo no se ha conseguido materializarla quedan libres y “pueden moverse libremente por el resto del territorio nacional”. Lo que está sucediendo, en realidad, es que se están usando figuras ilegales para mantenerlos retenidos en la gran prisión al aire libre en que están convirtiendo a las islas antes afortunadas. Por ejemplo, permanecen “custodiados” y hacinados en condiciones infrahumanas, como sucedió en el muelle de Arguineguín. Los magistrados de la Audiencia afirman: “No sabemos a qué se refiere el acuerdo de devolución con la palabra custodiados pues no existe ninguna situación intermedia entre la libre circulación y la restricción ambulatoria”. No se puede detener en masa a los inmigrantes en explanadas, muelles o cualquier otro lugar.

Este puñetazo en la mesa de la jurisdicción penal ante los desmanes cometidos por orden gubernamental en Canarias ha venido acompañado de otro auto de la jurisdicción contencioso-administrativa, que pone coto a otra de las prácticas necesarias para convertir a las Canarias en las islas prisión de inmigrantes de Europa. La gran mayoría de los inmigrantes llegados a las costas canarias desde las vecinas costas del África Occidental –Senegal está a dos horas– proceden de países francófonos y su intención es reunirse con sus familiares que ya se encuentran asentados en Francia u otros países europeos.

De ahí la política desplegada para impedir que, una vez quedan libres, se suban a un avión. Este es el peaje a la UE que paga el ínclito Marlaska, conocido por sus reparos a vulnerar los derechos humanos, y así lo han publicado abiertamente medios franceses como La Croix: “Madrid contiene a los migrantes del Oeste de África”. Hay pues que impedirles que suban a un avión a pesar de que tengan dinero para comprarlo y su PCR en regla. El auto judicial ordena a la Jefatura Superior de Policía de Canarias que cese de impedir por vía de hecho el traslado de estos inmigrantes a la península cuando acrediten su identidad con pasaporte o documento que justifique que han pedido asilo y presenten la PCR o lo que se solicite. Que cese ese paripé insolente de unos controles aleatorios por la pandemia que solo se te hacen si eres negro y hablas francés.

El juez Teba, que dicta la resolución, no se para en barras a la hora de afear a la Subdelegación del Gobierno por no aportar ninguna documentación que pruebe que, como dice, las personas a las que impidió subir al avión estuvieran pendientes de una devolución. Para mayor escarnio recoge la impostura del Gobierno cuando le contestó en enero a un senador canario que, efectivamente, si no se les puede devolver a su país en los plazos reseñados “las únicas limitaciones existentes para viajar en vuelos interiores están relacionadas con el cumplimiento de las normas de los transportistas y de las medidas covid”. ¿Mienten Marlaska y el Gobierno cuando contestan en sede parlamentaria o es que sus delegados y sus policías se han vuelto locos y actúan a su albedrío y contradiciéndoles?

En Canarias se está infringiendo la ley, vulnerando derechos fundamentales y hasta puede que cometiendo delitos porque el Gobierno español, el más progresista, está entre la espada de las necesidades de los países de destino en la UE y la pared de los países africanos que no quieren abrirse a las repatriaciones masivas. Esto tiene su lógica, dado que es un problema político para ellos. Medio millar de jóvenes senegaleses murieron en tres meses intentando llegar a Canarias. ¿Con qué rostro le dice el Gobierno senegalés a sus ciudadanos que colabora activamente para que tengan que regresar los que vivieron?

A eso fue Sánchez a Senegal, aunque haya pasado bien desapercibido, aunque nada sepamos del resultado de sus gestiones, aunque todo se emboscara en una famosa frase a la vuelta en el avión sobre los datos del covid de Ayuso. Así nos pasan la bolita del trilero ante las narices, así colaboran a ello los periodistas, y sin que nos enteremos de nada.

Canarias va camino de ser nuestro Guantánamo. La presión de estos extraños presos en libertad está creando graves problemas sociales en muchas zonas isleñas. En Canarias se está separando masivamente a niños de sus madres “por si acaso” durante meses por si se da algún caso de fraude. En Canarias se están produciendo detenciones ilegales. El ministerio de Marlaska no ha conseguido explicar por qué 227 seres humanos fueron conducidos en autobús y después abandonados sin medios, sin comida, sin nada. Para él, todo fue una mera concatenación de errores. Marlaska se niega a algo tan humano como dar información a los familiares que desde diversos puntos de Europa vuelan a Canarias para saber si sus seres queridos están allí ilegalmente “custodiados” o, por el contrario, murieron en el mar. Algo tan simple como aliviar esa insostenible duda, al ministerio del Gobierno más progresista de la democracia “no le compete”.

No les molesto más. Les dejo que sigan entretenidos con los últimos insultos de la campaña o con cualquier otra preocupación en la que nos quieran ocupar los hacedores de relatos y los doctores liendres. Les abandono con los patriotas de banderita que se lacerarán el pecho por la españolidad de Canarias, Ceuta y Melilla pero a los que les importa un bledo la situación que se está creando allí, con tal de tener su propio muro.

Les abandono, pero cuando les llegue la próxima foto doliente no olviden que somos nosotros los que los estamos abandonando a ellos.