El crematorio está encendido mientras escribo este artículo. El humo, que se eleva sobre la finca Peralta, donde se encuentra la “Protectora” de Animales de Mairena del Aljarafe, provincia de Sevilla, delata que los hornos llevan todo el día en funcionamiento. Es la perrera contra la que durante más de una década numerosas asociaciones de verdadera protección animal han interpuesto denuncias por las infernales condiciones en las que tienen allí a los animales. La misma perrera ante la que en los últimos días se han producido protestas, tras la difusión en las redes sociales de un vídeo, grabado el pasado 25 de diciembre, que muestra espantosas imágenes: perros de todos los tamaños hacinados entre excrementos y orines, sobre los que algunas perras recién paridas amamantan a sus cachorros, perros con heridas abiertas, con signos de enfermedad y desnutrición extrema, incluso cadáveres. El único veterinario contratado por la “Protectora” estaba de vacaciones.
No esperen hoy de mí ninguna corrección política. La justa para no llegar a través de este medio al insulto que merecen los responsables de esa “Protectora” de Animales y que merecen todos los responsables institucionales de ese horror. Los que durante más de una década lo han permitido y no han hecho ni puñetero caso a las denuncias. Ni los responsables de la “Protectora”, ni los responsables municipales, ni los responsables de la Junta de Andalucía, ni el Seprona, ni los responsables de Medio Ambiente han hecho ni puñetero caso a esas reiteradas y dramáticas denuncias. Ni siquiera la sociedad en general ha hecho puñetero caso al clamor de las personas sensibilizadas, dolidas, agredidas por una situación que ha dado en conocer a la “Protectora” de Animales de Mairena como el Auschwitz español de los animales (el escritor judío Isaac Bashevis Singer, premio Nobel de Literatura que logró huir del exterminio nazi, advirtió: “En nuestro comportamiento hacia los animales, los seres humanos somos nazis. Para los animales es un eterno Treblinka”).
¿Quiénes son los responsables de lo que sucede en Mairena? El primero, Pedro Luis Fernández Castillo, presidente de la “Protectora”. Ese tipo, que siendo veterinario es capaz de dispensar tal trato a los animales, dirige esta perrera privada que tiene convenios de recogida de animales abandonados con un buen número de municipios de la comarca del Aljarafe, así como alguno más de Huelva y de Cádiz. La dirige con tal opacidad que ni siquiera es posible saber cuántos municipios son, más de 11 según diversas fuentes. Cada uno de esos ayuntamientos paga a la “Protectora” alrededor de 9.000 euros anuales por dicha cesión. Da igual el signo político, los hay y los ha habido del PP o del PSOE, cómplices iguales del (presunto –ya ven que me veo obligada a añadir esta palabra, pero los paréntesis no me los quita nadie-) maltrato y exterminio que los de Mairena han llevado a cabo.
En 2012 los ayuntamientos de Bormujos y de Mairena retiraron esa concesión a raíz de las denuncias recibidas. Pero Pedro Luis Fernández Castillo respondió con un comunicado que los acusó de difamación y amenazó con medidas judiciales. Mucha influencia debe de tener semejante veterinario para que los consistorios dieran marcha atrás y volvieran a cederle la recogida de animales (aparte de que no hay otro centro en la zona donde acogerlos, lo cual es también responsabilidad institucional). Mucha influencia, para denunciar impunemente a una socia que se atrevió a grabar con cámara oculta los horrores de la perrera, y a la que pide 200.000 euros de indemnización (el juicio se celebrará en 2014). Mucha influencia, para mantenerse durante 15 años en la presidencia de una “Protectora” cuya Junta Directiva no facilita el acceso a sus estatutos, no presenta cuentas e informes de gestión, no celebra la obligatoria asamblea anual de socios y en la que no se sustituyen cargos. Por no saber, no se sabe ni de cuántos incautos socios dispone la “Protectora”, pues tampoco se facilita el acceso a sus bases de datos. Socios que pagan sus correspondientes cuotas.
El Ministerio del Interior debería investigar estas irregularidades societarias, que manchan además la imagen de tantas otras protectoras que se dejan la piel en su ingrata e imprescindible tarea de ayuda a los animales abandonados. Y la Junta de Andalucía debería tomar cartas en este sangrante asunto e investigar un lugar que ha sido objeto de tantas denuncias durante tanto tiempo. ¿Por qué no lo hacen? Raro es. Si nula es la transparencia de la gestión de la perrera de Mairena, muchas son las sospechas que se ciernen sobre ella: la (presunta) relación familiar de Fernández Castillo con altos cargos políticos y de la Guardia Civil; su también (presunta) relación con la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla (todo encajaría, desde luego); su (presunta) connivencia con el propio Seprona, que se presenta en la perrera (presuntamente sin avisar) cada 4 o 6 meses y, qué casualidad, no encuentra ninguna irregularidad grave, salvo pequeñas infracciones. El día de las protestas, sin embargo, no tuvieron más remedio que imponer tres sanciones: una administrativa y dos de carácter higiénico-sanitario.
Pero no son los únicos responsables. La sociedad española en general y la sociedad andaluza en particular debería avergonzarse de que a la perrera de Mairena lleguen hasta 250 perros al mes. La mayoría de ellos en unas condiciones de abandono y maltrato bochornosos. Muchos de ellos procedentes de la caza. Muchos de ellos procedentes de galgueros que los revientan con su cruel actividad, y a los que, por cierto, la perrera de Mairena también es acusada de proveer de nuevos galgos. Los responsables son los políticos, pero también es la gente de los pueblos y las ciudades de Andalucía y de España que asiste a esta crueldad sin intervenir, sin exigir que su dinero no se destine a mantener esta ignominia o que las instituciones sirvan para algo más que robar, tapar culpas y ejercer la complicidad.
Lo innegable es que los animales son las víctimas inocentes de esta situación de extrema desprotección y de la falta de transparencia de Mairena. Y que los verdaderos protectores de los animales no pueden más. Por eso PACMA (que precisamente ha presentado esta semana un escalofriante dossier sobre la situación de los galgos en España) ha interpuesto una denuncia frente a la Fiscalía General de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por un presunto delito de maltrato animal, tipificado en el artículo 337 del Código Penal. Por eso su denuncia ha sido apoyada por la denuncia colectiva de 67 particulares, representados por Claudia Ferraro, responsable del refugio La Cañada de los Canes y dispuesta a dar la cara en una zona donde, cuando desaparezcan los medios, no tendrá la convivencia fácil. Por eso asociaciones como La Sonrisa Animal, La Voz Animal, Asanda o la Fundación Benjamin Mehnert han alzado un grito que no pueden reprimir más. No piden el cierre de la perrera de Mairena, sino el cambio de su dirección. Piden que los recursos, materiales y humanos, vayan para atender las necesidades de sus auténticos destinatarios, que son los perros y los gatos que acaban con sus tristes huesos allí. Piden un verdadero sistema de promoción de la adopción y no del exterminio. Piden una política de puertas abiertas a los socios y a cualquier persona interesada en los animales que son recogidos con el dinero municipal.
Miro a Pizca mientras termino de escribir este artículo. Es una de mis perras. Vino de la “Protectora” de Mairena porque la rescató del infierno mi hermana, Esther Toledano, que ha salvado a cientos de perros. Con la ayuda de otras personas voluntarias. Con su dinero y el de otras personas solidarias. Con su tiempo, su coraje y su corazón. Cumpliendo, con su nombre y su apellido, con la obligación de quienes no la cumplen y se esconden. Pizca vino en unas condiciones lamentables que le han dejado graves secuelas físicas. Ya es feliz, porque lo son todos los perros que reciben un poco del amor que dan y porque ha tenido la oportunidad de la vida digna que todos merecen. Pero no puedo evitar ahogarme pensando en el humo que hoy sale del crematorio de Mairena. El humo que es el rastro final de quienes no han tenido la oportunidad. El humo que podría haber sido Pizca (que podría haber sido Willy, que podría haber sido Tomasa…) si la hubieran condenado a morir con anectine, potente tóxico que genera parálisis muscular sin que se pierda la consciencia y una lenta asfixia hasta la muerte.
Dicen que en la perrera de Mairena se utiliza anectine para matar el exceso de perros. Que los matan aunque no sean enfermos terminales con ese método no eutanásico, como es obligatorio, pero mucho más barato. Su uso es un extremo sobre el que tampoco hay transparencia y sobre el que también tendrán que dar explicaciones los responsables. O, en su defecto, los responsables institucionales. Alguien tiene que responder por los mártires de Mairena. En el nombre de Owie, en el nombre de Nemo, que no sobrevivieron. En el nombre de tantos débiles que sucumbieron a la enfermedad causada por ese destino inmerecido. En el nombre de todos los perros y los gatos que han sido exterminados sin llegar a tener siquiera un nombre. Y en el de todas las personas de buena voluntad de esta España aún negra que ya no quiere más mártires de su atraso y del lucro de tantos sinvergüenzas, de tantos desalmados.