Para no quedarse atrás frente al impulso estatal en nuevas tecnologías digitales y en tecnología profunda de Francia, Alemania y otros países, en una Europa que se queda pequeña frente al dinero público que aporta con estos fines nacionales Estados Unidos o China, el Gobierno ha impulsado la constitución de una nueva empresa pública, la SETT, Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Con su tramitación urgente decidida por el Consejo de Ministros el pasado 5 de marzo, puede estar operativa en mayo y contar con 20.000 millones de euros. Aunque está por ver cómo entra en la operadora, servirá también para proteger a empresas como Telefónica, que hay que proteger (como Talgo). Pero mejor hubiera sido constituir con ellos un Fondo Soberano, del que España carece, de gestión independiente.
20.000 millones de euros no es una nimiedad, aunque en su mayor parte sean partidas ya comprometidas, como el PERTE Chip, dotado con 12.000 millones de euros para semiconductores y microelectrónica, o Next Tech, con 4.000 millones de euros para la inversión en empresas de alto nivel de innovación tecnológica. Debería conllevar simbiosis con otros organismos públicos inversores con el ICO, la CEDETI o ENISA). Es, sin duda, un esfuerzo importante para una economía española, en la carrera o batalla en la que están inmersos el mundo y Europa, por la política industrial vertical, hasta hace n o tanto objeto de burla, pero que regresa con fuerza. Incluso en pleno furor neoliberal, EE UU, que carece de fondos soberanos, regaba las grandes empresas tecnológicas con nutridos fondos del Pentágono y otros departamentos. La Administración Biden ha promovido la Ley de Chips y de Ciencia, por la que destinará 52.000 millones de dólares al sector de los semiconductores, mientras que Ley de Reducción de la Inflación (IRA) financiará masivamente con 342.000 millones de dólares para energías limpias, además del Buy American Act. China, con su capitalismo de Estado, lleva décadas de política industrial. Ahora más, con los intentos estadounidense de asfixiar su desarrollo tecnológico.
Todo ello ha hecho sonar las alarmas en Europa, que se está viendo forzada a cambiar de enfoque. ¿Qué es el Fondo NextGeneration de la UE, del que 140.000 millones de euros están destinados a España, sino política industrial? Es improbable que se repita, incluso para impulsar, como quiere la Comisión Europea, no ya una política europea de defensa, sobre la que no hay acuerdo, sino una Estrategia Industrial de Defensa. Si se ha de aumentar el gasto militar que sea en provecho de la industria europea -lo que tomará tiempo-, o al menos que se coordinen las compras fuera, como pretende la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Cuando era presidente -y puede volver a serlo- Donald Trump exigió más gasto militar por los europeos, sí, pero comprando material estadounidense.
La UE ha entrado en la política industrial por necesidad, pero de una forma ante todo nacional. Con el peligro de que las economías grandes sean las que más ayudas públicas puedan dedicar a sus industrias, en detrimento de las más pequeñas o menos ricas. España no podía permanecer pasiva. Menos aún cuando carece de suficientes empresas tecnológicas grandes, de big techs.
Los 20.000 millones de la SETT se pueden comparar con la cifra similar que invirtió en España el fondo soberano noruego en 2023. O con los 4.300 millones de euros anuales (0,8% del PIB nominal) con los que de 2024 a 2035 se va a nutrir el nuevo Future Ireland Fund. O más, si, como se prevé, crece el déficit de las cuentas públicas de Irlanda. El francés BPI llegará a más, y el alemán Zukunftsfonds (Fondo del Futuro), de 10.000 millones de euros, que espera multiplicar por tres con otras aportaciones públicas y privadas.
La SETT no dependerá de esa heredera del INI franquista que es la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), sino que estará adscrita al ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Su objetivo es impulsar y ejecutar las inversiones en sectores estratégicos vinculados a la transformación digital, desarrollar el PERTE Chip y participar en el Fondo Next Tech y en el Fondo Spain Audiovisual Hub, además de en otros proyectos tecnológicos emergentes relacionados con la digitalización y el sector audiovisual. Claro que las Administraciones Públicas deben lograr mayor capacidad de gestión. Los retrasos en el gasto de los Fondos NextGeneration, demuestran que en España falta Estado, entendido en un sentido amplio. Y que ese Estado debe impulsar una ósmosis con el sector privado, en forma de inversión, no de subvención.
¿Qué ventajas tendría que en vez de una empresa pública se constituyera en Fondo Soberano? Para empezar, podría ser el grano de arena sobre el que se fuera generando el nácar un gran fondo soberano español (el único que existe es la COFIDES Compañía Española de Financiación del Desarrollo), algo que países competidores tienen o están constituyendo. Contribuiría a una cierta recuperación de la soberanía sobre nuestro desarrollo tecnológico. Incluyendo la tecnología profunda (deep tech), sobre cuyo desarrollo se va a presentar un plan, y la financiación de capital riesgo.
Sobre todo, un fondo soberano podría, tendría que, ser independiente, lo que una empresa pública no es. Algo de valorar en un país donde la independencia de las empresas públicas o reguladas, y de algunas instituciones, brilla por su ausencia, y donde la política de conveniencias o intercambio de favores políticos ha sido la norma bajo gobiernos de distintos signos. Desde luego el fondo noruego, el mayor del mundo, lo es. También la BPI francesa actúa con autonomía, aunque dependa del Gobierno. O el alemán y el irlandés. Independencia implica que su gestión no dependa del Gobierno de turno, sino que fuera estrictamente profesional, y más eficaz. Ahora bien, el Gobierno, o el Parlamento, a través de los presupuestos, tendría libertad para utilizar los beneficios (o la parte que se entregara una vez compensado el déficit incurrido para crearlo) que generara el fondo, y contribuir a reducir la abultada deuda pública. Pues un fondo así nacería para impulsar las nuevas tecnologías, pero generando beneficios.