El Congreso de los Diputados es, cada vez más, un esperpento. El miércoles Rajoy lo utilizó para engañar sin recato sobre el futuro de las pensiones y la oposición no fue capaz de hundirle. Al día siguiente, más falsedades y trampas. Con la prisión permanente revisable como fondo, pero con los familiares de las víctimas de los crímenes más famosos como protagonistas. Para no avanzar nada en el asunto, solo para hacer daño a la oposición. Ningún parlamento serio del mundo habría autorizado una instrumentalización tan descarada. Pero aquí, un país en el que se consagró como valor supremo el eslogan de que las víctima de ETA siempre tenían razón, todo vale. Y la democracia sigue haciendo agua.
Presionado por unas movilizaciones que nunca previó que se producirían, el presidente del Gobierno no solo se ha visto obligado a acudir al Congreso, sino también a decir que las pensiones más bajas subirán. Sin concretar cuánto ni cómo, que es lo que hacen los políticos responsables. Y añadiendo que eso sólo ocurrirá si hay presupuesto para 2018. Sin explicar por qué y trasladando así la responsabilidad de ese hipotético aumento a los partidos que se niegan a dar su apoyo a las cuentas del PP y en concreto al PNV.
Suena todo a falso. Y lo es. Porque lo más seguro es que los nacionalistas vascos no cedan. Porque la posibilidad de que se cumpla la condición que pusieron para hacerlo, que el artículo 155 deje de aplicarse en Cataluña, se aleja cada vez más en el tiempo. Segundo, porque el PNV, a cambio de apoyar los presupuestos de 2017, ya obtuvo hace unos meses el premio gordo de que le bajaran el cupo, la cantidad que Euskadi ha de pagar anualmente al Estado. Y no debe de tener claro que le puedan conceder mucho más. Sobre todo cuando Ciudadanos, y muchos en el PP, siguen indignados por la, para ellos, injustificable debilidad de Rajoy entonces.
El presidente del Gobierno debe saber todo eso. Por eso no puede comprometerse con nada, y menos en materia de pensiones. Lo de las “más bajas” es un truco de baja estofa. Cuando casi un tercio de las percepciones está por debajo del índice de pobreza, sería inhumano no subir las que están en niveles inmediatamente superiores a los de las más bajas, porque son también de miseria. Pero a Rajoy lo que le esté ocurriendo a esa gente le importa poco. Si no, no habría hecho la reforma de 2013, la que fijó, para siempre, la revalorización en el 0,25 para todos los pensionistas.
Y eso no va a tocarse a menos que el PP deje el Gobierno. Y probablemente tampoco si es Ciudadanos el que le sustituye en La Moncloa. Porque el miércoles se vio bastante claro que, cuando se habla de pensiones, el partido de Albert Rivera aparca su guerra con el de Rajoy por hacerse con la hegemonía de la derecha. Con las cosas de comer no se juega y la reducción de las pensiones reales, gracias al aumento del IPC, es el único instrumento que tanto el PP como Ciudadanos contemplan como base para hacer frente a los graves problemas que sufre el sistema español de seguridad social.
Cualquier otra solución es para ellos un anatema. Porque les obligaría a reformar su modelo financiero y fiscal, que es casi idéntico, y no están dispuestos a eso. Sobre todo a subir impuestos o a gravar por otras vías a colectivos privilegiados. Para ellos eso es malo y no lo van a tocar. Por eso la ocultación de la verdad y el engaño sistemático. Los pensionistas van a tener motivos más que sobrados para seguirse movilizando. Y si, semana tras semana, sorprenden a propios y extraños con su fuerza y constancia, ¿por qué no van a terminar rompiendo ese muro de insensibilidad social y de injusticia? Son muchos y pueden llegar muy lejos.
Ocurra lo que ocurra, hoy por hoy, Rajoy no sabe cómo salir de esa trampa, que su desprecio a la gente y su imprevisión política le han tendido. Por primera vez en la historia de España los pensionistas han dicho que con ellos no se juega. Y ya hemos visto que el gobierno solo puede responderles con mentiras. Esperamos que se queden sólo en eso.
En lo de la prisión permanente revisable no le ha ido tan mal al Gobierno. No porque haya convencido de su necesidad a la mayoría del parlamento, que se sigue oponiendo a ella y así lo ha votado el jueves, aunque eso seguramente no valdrá para mucho; sino porque ha obligado a Ciudadanos a cambiar radicalmente de discurso al respecto, a colocarse sin ambages del lado del PP. Utilizando sin rubor a los familiares de las víctimas para ese empeño.
Y más allá de la desvergüenza, en términos políticos y democráticos que eso supone, cabe preguntarse por qué el partido de Albert Rivera ha dado ese giro. Y el que se ha citado en materia de pensiones. O también por qué adoptó una postura crítica, casi indistinguible de la del PP, hacia la movilización feminista.
La explicación habrá que buscarla en las encuestas. Si las que se han hecho públicas confirman que Ciudadanos va como una moto arrancando intenciones de voto a electores del PP y del PSOE, las internas también pueden estar diciéndoles a sus dirigentes que pueden aspirar a más. Que si adoptan una actitud más conservadora pueden también atacar el núcleo duro de los votantes tradicionales de la derecha. Sin temor a perder lo que ya han ganado en los otros frentes. Esa sería al menos la teoría de ese nuevo planteamiento. Y las posturas de simpatía creciente hacia ciudadanos que están expresando, en privado o en público, como Alfonso Guerra, no pocos exponentes de la vieja guardia socialista, no haría sino reforzarla.
Veremos en qué queda la cosa. Y empieza a estar claro que no habrá que esperar mucho. Que las elecciones están cada vez más cerca. Y lo estarán más aún si no hay presupuesto.