Nada justifica la violencia, escuchamos estos días a los dirigentes políticos en relación al asesinato de la presidenta de la Diputación de León. Desde luego, es una obviedad. También habría que decir que nada justifica que los políticos y los periodistas palmeros intenten rentabilizar la muerte violenta de una persona para favorecer sus intereses personales y profesionales, o para cargar contra sus adversarios. Por alguna razón, instrumentalizar un asesinato para ajustar cuentas con los otros está justificado si defiendes los intereses del poder.
Y eso es más importante que nunca en campaña electoral. Presentarse colectivamente como víctima es una táctica que puede funcionar entre los que votaron al PP en las últimas elecciones y que están en estos momentos pensando en la abstención en las elecciones europeas.
Esta es una historia que comenzó hace bastante tiempo. Se inició cuando Cospedal calificó de “nazismo puro” la campaña de escraches contra dirigentes del PP. Los jueces, sin necesidad de hacer tanto alarde de ignorancia, decidieron que esas manifestaciones no eran punibles penalmente. Ese supuesto “espíritu totalitario” estaba protegido jurídicamente como un ejercicio del derecho a manifestación. Hay que recordar lo que escribió uno de esos jueces citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “Los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un político en ejercicio que los de un individuo particular pues, a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control permanente de sus hechos”.
Pocas horas después de que Isabel Carrasco recibiera varios tiros en una calle de León, algunos se lanzaron para culpar al “ambiente hostil” que sufren los políticos y en concreto a los escraches de haber creado el caldo de cultivo que al final había hecho posible el asesinato. No importó que ya hubiera dos personas detenidas sin ninguna relación con movimientos de izquierda o grupos que hayan hecho oposición al Gobierno. No importó que la policía contara que se trataba de una venganza personal impulsada por razones particulares que poco tenían que ver con la política (a menos que se considere parte normal de la política la asignación clientelista de empleos desde las diputaciones). No importó que durante la tarde se supo que una de las dos detenidas era militante del PP y que había sido candidata del partido en las elecciones municipales en Astorga. No importó que la otra detenida tuviera cuentas personales pendientes con la presidenta de la Diputación de León.
Un hecho trágico, una historia particular marcada por el engaño y la venganza, se convierte en categoría política. Los periódicos conservadores lo ponen en un contexto favorable al Gobierno y la mayoría de los políticos al presentarlos como víctimas. En su editorial del martes El Mundo afirma que el asesinato “se produce en un ambiente de creciente animadversión hacia los miembros de la clase política”. ¿Relación causa-efecto? ¿Coincidencia? “No queremos decir que ésta haya sido la causa del crimen, pero sí hay que constatar que este caldo de cultivo contribuye a erosionar la relación con unos políticos a los que ahora se ve como enemigos”.
En el ABC, el editorial sobre el asesinato arranca con una entradilla nada inocente: “La deslegitimación de los políticos se ha puesto de moda y ha extendido el argumento subliminal de que todo vale contra ellos, desde un insulto a través de las redes sociales a un acoso a domicilio”.
Dicho con otras palabras: se empieza insultando a alguien en Twitter y se acaba pegándole cuatro tiros.
Ha habido, sin duda, ayer y hoy infinidad de comentarios asquerosos en Twitter (y en los bares, en el centro de trabajo o en casa) de gente que de alguna manera se alegraba del crimen, gente que está consumida por el odio y que no sabe que cuando te alegras de una desgracia ajena lo único que estás demostrando es la debilidad de tus argumentos. Pero, como he dicho alguna vez, que un comentario sea repugnante o censurable moral o políticamente no significa que tenga que ser perseguido penalmente. Al menos, en una democracia. En Arabia Saudí te castigan con cien latigazos (que no se entere Fernández Díaz, siempre dispuesto a confundir política y religión).
Rajoy tiene razón cuando dice que el crimen de León es “un acto cruel, inútil y absurdo”. Sus partidarios no están de acuerdo con el segundo adjetivo. Era una oportunidad estupenda para advertir a los responsables de los escraches de que tomen nota de lo ocurrido, porque alguna responsabilidad tienen. O en el caso de algún mamporrero de las letras, sostener que las palabras de Ada Colau en el Congreso son sólo el prólogo de estos actos criminales. O, según un antiguo partidario de las teorías de la conspiración del 11M –cuando había que sostener al PP en momentos difíciles–, afirmar que los auténticos asesinos están en Twitter.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha dicho que “el asesinato de Isabel Carrasco se ha producido en un ambiente de radicalidad y de violencia”. La investigación policial, el móvil del autor de los disparos, las decisiones que tome en el futuro el juez instructor, el veredicto del tribunal en el juicio... todo eso es secundario. Barberá ya sabe a quién hay que señalar.
“Hay que limpiar las redes de indeseables”, dice el ministro de Interior. Que busque entre sus amigos y los sicarios de la pluma que intentan congraciarse con su partido.