Corren malos tiempos para la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. No solo está en el centro de la polémica por la filtración de los datos del ERE presentado por el PSOE desde un correo electrónico de su gabinete, sino que hace dos semanas que sabe que la jueza del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigar una empresa en la que ella es accionista.
El pasado 12 de junio, la jueza Alaya dictó un auto en el que ordenaba a la UCO investigar una serie de empresas que habrían amañado, supuestamente, la adjudicación de unos terrenos de Mercasevilla. Según la juez, estas empresas pujaron a la baja presentando ofertas ridículas como falsos competidores de la compañía que finalmente se adjudicó el proyecto: Sanma, del grupo Sando. Entre esas empresas investigadas figura Construcciones Juan de Robles, filial en un 100% de la sociedad Imnovas Huelva SL. Según ha podido confirmar eldiario.es en los datos registrarles de esta última compañía, hasta el 26 de junio, el nombre de la empresa era Grupo Báñez García SL, la empresa familiar de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Pero la relación de la ministra con esta compañía es mucho más estrecha. Según consta en la declaración de bienes de la propia Fátima Báñez, realizada en el Congreso de los Diputados el pasado 29 de noviembre de 2011, al inicio de la presente legislatura, la ministra posee 78.523 participaciones el Grupo Báñez García SL. Es decir, que la ministra es accionista de la matriz de Construcciones Juan de Robles, una de las empresas que está investigando la UCO de la Guardia Civil por participar en el amaño de una adjudicación de unos terrenos de Mercasevilla. No deja de llamar la atención la coincidencia de algunas fechas. Grupo Báñez García SL cambió su denominación social, según aparece publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), con fecha 26 de junio de este año, es decir, menos de dos semanas después de que la jueza Alaya ordenara a la Guardia Civil investigar, entre otras empresas, a la filial de la empresa familiar de los Báñez García Construcciones Juan de Robles. También cambió presidente: Ana García Pichardo sustituyó en el cargo al hermano de la ministra, Eduardo Báñez García. Sin embargo, si la intención era borrar el rastro de la vinculación entre Construcciones Juan de Robles y la ministra Bañez, quienes tomaran la decisión olvidaron borrar de la web oficial de la empresa las menciones honoríficas al Grupo Báñez García.
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La empresa participada por la ministra de Empleo y Seguridad Social tiene un largo historial de relaciones con las administraciones públicas andaluzas, no solo con el Ayuntamiento de Servilla, responsable ultimo de Mercasevila. Construcciones Juan de Robles también ha mantenido conexiones significativas con la Junta de Andalucía, a pesar de haber estado gobernada por el PSOE hasta las últimas autonómicas, y por los socialistas en coalición con Izquierda Unida (IU) desde entonces.
Sin ir más lejos, el pasado 21 de diciembre, cuando la ministra Báñez ya había firmado el acta de diputada y había sido elegida por Mariano Rajoy para ocupar la cartera de Empleo y Seguridad Social, el Gobierno autonómico presidido por José Antonio Griñán concedió a la filial de la empresa de familiar de los Báñez García una subvención de 432.000 euros para la construcción de viviendas sociales, según aparece publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La jueza Alaya es también la instructora del caso de los ERE falsos de la Junta de Andaucía. Y, a pesar de tratarse, como en el caso de Mercasevilla, de un escándalo que afecta esencialmente a dirigentes del Gobierno socialista andaluz, ya se ha encontrado en otras ocasiones con relaciones sospechosas con personalidades relacionadas con el PP o incluso con CiU. En el caso de los ERE, aparece claramente vinculado el principal imputado por el caso Eurobank, en el que se investiga el expolio de la desaparecida entidad financiera catalana, Eduardo Pascual, y de su socia, María Vaqué. El instructor en este caso es el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ya está investigando algunas empresas que Pascual pudo haber utilizado para descapitalizar Eurobank. Entre esas compañías figuran Vitalia, Fortia y Apra Leven, investigadas también por la jueza Alaya en relación con los ERE. Pero Ruz también investiga otra empresa del grupo, Real State Acquisitions in Spain, de cuyo consejo formaron parte personalidades próximas a Rajoy y al PP como Francisco Marhuenda o Jesús Martínez-Pujalte.