Para Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el socio mayoritario de la federación nacionalista CiU que Gobierna la Generalitat con Artur Mas a la cabeza, los escándalos políticos nunca han sido un problema. Así que el hecho de que Macià Alavedra, antiguo alto dirigente del partido y consejero de Economía y número 2 del Gobierno de Jordi Pujol durante siete años, haya admitido que viene blanqueando dinero en paraísos fiscales precisamente desde esa época, no tiene tampoco por qué afectar demasiado a la formación.
La implicación de algunos de sus dirigentes más significados en escándalos judiciales no parece haber afectado jamás a sus resultados electorales. Tal vez por eso Mas no ha tomado decisiones críticas respecto a algunos de sus hombres más conocidos, como Felip Puig, consejero de Interior, o Germà Gordó, secretario general del Govern, implicados en asuntos como el expolio del Palau de la Música Catalana.
Pero Mas sí tomo medidas cuando estalló el caso Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, en el que siguen imputados los dos hombres que se sucedieron como mano derecha de Jordi Pujol entre 1980 y 1997, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Cuando estalló ese escándalo, Artur Mas no tuvo más remedio que soltar lastre y suspenderles temporalmente de militancia. Junto a Prenafeta y Alavedra, aparecía como el cabecilla de la trama que obtenía, presuntamente, grandes concesiones de los ayuntamientos para constructoras punteras a cambio del pago de comisiones, Luis García Sáenz, conocido como Luigi. Este antiguo dirigente del PSC, a pesar de haber sido expulsado del partido en 1999, mantenía una nutrida agenda de contactos en la dirección de los socialistas catalanes. Era, por tanto, un caso transversal.
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Desde que surgió el escándalo en octubre de 2009 a raíz de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, parece haber perdido fuerza la tesis de la trama de corrupción urbanística sustentada en el tráfico de influencias imputado a Prenafeta, Alavedra y Luigi, que se encuentran en libertad bajo fianza. Pero hay una parte que se mantiene viva y que aún puede dar mucho que hablar. Desde que Garzón fue apartado de su juzgado hace dos años y sustituido por el magistrado Pablo Ruz, han sido muchos los intentos del juzgado de cerrar la instrucción y abrir juicio oral contra los imputados. Pero fuentes del caso aseguran que, a pesar de su predisposición, la continua llegada de datos procedentes de las comisiones rogatorias enviadas a los paraísos fiscales a raíz de lo descubierto durante los registros iniciales del caso Pretoria se lo impiden cada vez que lo intenta. Y es que el trío fue imputado por blanqueo de capitales como consecuencia de lo descubierto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, durante el registro de sus despachos.
De los tres, Alavedra es al que más documentación se le incautó sobre sus finanzas en el extranjero: una serie de cuentas donde se ocultaban los beneficios de delitos cometidos contra la Hacienda Pública. Esa es la razón, apuntan fuentes judiciales, de que la defensa de Alavedra decidiera admitir en un escrito remitido al juez Ruz que el ex consejero posee una red de cuentas en paraísos fiscales. El escrito fue presentado hace casi un año, pero no ha transcendido hasta hoy.
En el despacho de Alavedra, los agentes de la UCO encontraron documentación que acreditaba que el antiguo número 2 de Pujol tenía o ha tenido cuentas en Liechtenstein, Suiza, Andorra, las Islas Caimán, Madeira o el Estado norteamericano de Delaware. El hombre que gestionaba los fondos de Alavedra en el extranjero era precisamente un antiguo directivo de la Banca Catalana de Pujol, el norteamericano residente en Suiza Phillip McMahan Bollich, que actualmente reside en Andorra. Según asegura un hombre de negocios muy próximo a Jordi Pujol, el ex presidente de la Generalitat forzó la dimisión de Alavedra en julio de 1997 tras ser informado de que Bollich gestionaba el patrimonio oculto de Alavedra en el extranjero. Ese fue el motivo de la decisión y no que Alavedra, ya quemado por sus relaciones con el financiero corrupto Javier de la Rosa, estuviera en ese momento en el foco de las investigaciones del caso Estevill por sus gestiones ante el magistrado que protagonizó el mayor escándalo judicial en España hasta la época.
Con el escrito, los abogados de Alavedra buscan aportar una circunstancia atenuante que le pueda beneficiar durante el juicio. Según admitió el propio Alavedra en los interrogatorios de la UCO y del juez Garzón, su fortuna exterior procede exclusivamente de la venta de Metrega, una compañía de su propiedad, a principios de los años 90. Los beneficios de aquella operación ascendieron a 3,5 millones de euros y Alavedra decidió no declararlos a la Hacienda española y evadirlos a Suiza, a través de una fundación privada en Liechtenstein. Posteriormente, en 1993, Bollich se hizo cargo de la gestión de la red de cuentas exteriores de Alavedra y trasladó el dinero de la UBS de Ginebra a la Banque Edmond de Rotschild en el mismo cantón del país helvético.
Los investigadores de la UCO cifraron el patrimonio de Alavedra en paraísos fiscales en cerca de 7 millones de euros. En el informe aportado por la defensa del exconsejero, sin embargo, la cantidad baja hasta los 3,5 millones que en su día evadió del Fisco español por la venta de Metrega. El informe, elaborado por el despacho de expertos Becerra Abogados y Economistas, sostiene que el dinero localizado siempre es el mismo: los 3,5 millones de euros originales que Bollich ha ido moviendo por diferentes paraísos fiscales en función de la rentabilidad que ofrecían las entidades en cada momento. El abogado de Alavedra, Juan Córdoba, defiende también en la causa a la esposa del ex consejero, la pintora Doris Malfeito.
Los abogados de Alavedra cuentan con que el delito fiscal de 1993 está prescrito. Pero fuentes jurídicas afirman que la estrategia de admitir los hechos es un arma de doble filo. En primer lugar porque, aunque el delito fiscal esté prescrito, la normativa internacional de blanqueo de capitales considera que se comete ese delito cuando se invierte en paraísos fiscales con fondos procedentes de un delito. Aunque el delito fiscal está prescrito, el de blanqueo de capitales no lo estaría porque, según admite la propia defensa de Alavedra en su escrito, los fondos se estuvieron moviendo de paraíso fiscal en paraíso fiscal, al menos desde 1993 hasta 2006, sólo tres años antes de que Garzón iniciara las diligencias por el caso Pretoria. Para colmo de males, las escuchas telefónicas a las que la UCO sometió a Alavedra y la vigilancia posterior acreditaron que el ex consejero había introducido ilegalmente desde Andorra 300.000 euros por el método del maletín.
Como la defensa de Alavedra es conjunta con la de su esposa, el informe no hace mención a los fondos hallados en Andorra en cuentas a nombre de una persona con la que el ex consejero mantenía una estrecha relación, Gloria Mas, –según acreditan las grabaciones del caso Pretoria– y que superan los 1,7 millones de euros procedentes de las cuentas del ex dirigente de Convergència en el principado pirenaico. También están pendientes de llegar a la Audiencia Nacional varias comisiones rogatorias internacionales procedentes de Portugal y Alemania.