La detención desató un putiferio y eso tampoco es casual
Soy una copiona descarada. Les he plagiado el titular a los compañeros del diario “La Repubblica”, que lo llevaban tal cual en su portada. A los periodistas nos estimulan las incógnitas, o deberían, y no deja de ser significativo que ellos en Roma y yo en Madrid nos hagamos muchas preguntas parecidas. Hacer preguntas es nuestro trabajo e intentar responderlas aún más. Más allá de las cuestiones puramente jurídicas, que no son tan complejas, y que los juristas sin orejeras entienden perfectamente, y así lo ha hecho la Fiscalía y el juez italiano, hay bastantes zonas oscuras que despejar en torno al procedimiento administrativo y judicial que desembocó en la fugaz detención de Puigdemont en Cerdeña. En Derecho, como saben, las formas son el fondo, están creadas para protegerlo, y por eso es tan relevante interrogarse sobre las mismas.
Puigdemont había viajado en los últimos meses a Holanda, Francia, Alemania y Suiza y en ningún caso saltó ninguna alerta internacional ni se produjo ningún incidente. La premisa barajada por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para no conceder las cautelarísimas fue: “Nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas” y eso porque al presentar cuestión prejudicial sobre las OED, como hizo Llarena, es obligatorio levantarlas. Sucede que Italia sí lo ha hecho. Pero a Italia no le salta ninguna alarma automática e informática, como se ha hecho creer en España, sino que lo conocieron por otros medios. “Que en ese avión llegaba una persona afectada por una orden de detención europea es una información que la policía de frontera había adquirido desde el día anterior bajo una actividad de monitoreo que suele estar reservada para cuestiones como estas”, es la respuesta que los periodistas italianos han recibido de su autoridades policiales. O sea que la policía de fronteras de un pueblecito de Cerdeña sabe desde el día anterior que iba a llegar Puigdemont y que había que detenerlo. ¿Cómo? ¿A través de quién? ¿Es esto habitual? ¿No informan a sus superiores y estos a su ministro de una cosa así? Un vicepresidente del Senado italiano, Calderoli (de la Liga Norte) se ofrece una respuesta: “Podemos responsabilizar a un oscuro funcionario sardo pero me parece que haríamos mejor mirando en la cadena de mando”. Quédense con este cabo porque dado que en Italia también flipan con la historia, que al Gobierno italiano esto le cogió por sorpresa -tanto a su ministro del Interior, como al nuestro- y que nada más conocerse la detención en el país alpino “se desató un putiferio”, va a resultar que todo no responde a un mecanismo tan habitual.
La policía española, por su parte, ha afirmado a periodistas españoles de El Español que toda la cúpula policial reunida en Valladolid estuvo siguiendo momento a momento esta cuestión. “Nos enteramos a las 19.30 al recibir una llamada”, que no aclaran de quién. En ese momento hacía media hora que Puigdemont estaba en el aire. El pájaro estaba en la jaula ya -aunque con media hora de retraso- porque como es sabido de un avión no te puedes bajar en marcha. ¿De quién fue la llamada? ¿De los monitorizadores sardos directamente al DAO? Alguien levantó el teléfono para avisar a la cúpula policial española tras el embarque en Bruselas. ¿Las autoridades belgas? Va a ser que no. ¿Quién?
Estas mismas fuentes policiales son las que han manifestado que no es sino “al caer la noche” que reciben la alerta SIRENE (solicitud de información complementaria) para confirmar la alerta del sistema SIS de Schengen y que solo entonces confirmaron que la OED estaba en vigor. Debe ser a esta hora cuando dicen haber entrado en contacto con el magistrado del Supremo directamente -a esas horas en ese tribunal no hay ni Peter- para confirmar a través del sistema que era efectiva. A las 23.25 se le leen los derechos a Puigdemont y queda detenido. A primera hora de la mañana el juez Llarena remite un oficio al representante de España en Eurojust, el ex magistrado de la AN, De la Mata, para que remita la OED al tribunal de Sassari, y en el mismo comunica que “el procedimiento está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía” y a la vez le acompaña la cuestión prejudicial presentada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “cuya tramitación no modifica la situación en la que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación del derecho europeo que realice el TJUE”. Así que Llarena reafirma que la euroorden contra Puigdemont nunca fue retirada y que está en vigor.
No es eso lo que piensa la Abogacía del Estado, que informó al TGUE en ese sentido, ni el propio TGUE, dado que todos interpretan que Llarena ha cumplido la prescripción legal de retirar las OED al preguntar sobre ellas al tribunal de Luxemburgo. ¿Por qué nadie, ni siquiera el interesado sabía que estaban activas? Aquí viene otro de los misterios. El primer día hábil en el Supremo tras la resolución del TGUE, el 1 de septiembre, la representación letrada de Puigdemont acudió personalmente al tribunal para pedir ver la pieza de situación personal de su defendido. En esa pieza se encuentra toda la documentación relativa a su situación judicial y, por tanto, también las órdenes europeas de detención. A pesar de estar debidamente personados, y siendo preceptivo permitir a la defensa acceder a la documentación, se les indica que deben pedirlo por escrito, cosa que hacen esa misma jornada. La Sala, sin embargo, no responde por escrito sino a través de una llamada informal al procurador en la que se les anuncia que deben manifestar exactamente qué documentos quieren ver “porque la pieza es muy voluminosa”. El pasado miércoles 22, un día antes de la detención, por ese mismo conducto extraoficial de llamada de un funcionario al procurador, se les comunica que tienen como tope el viernes 24 para aclarar qué quieren ver en concreto para obtener respuesta y que, en caso contrario, se les desestimará la petición. En resumen, que en todo el mes los defensores de Puigdemont no pudieron comprobar como querían si la OED estaba activa o no y que el manejo de los tiempos es perfecto para que no se hubiera podido abortar ese viaje.
Todo esto es importante porque la diferencia entre un abogado y un tribunal de Justicia es que el primero está en todo su derecho de crear estrategias de defensa pero el segundo no puede pergeñar “estrategias jurisdiccionales”. El juez Llarena no tiene que hacer movimientos en ningún tablero de ajedrez. Se tiene que limitar a plantear sus cuestiones y a esperar que los ritmos judiciales resuelvan los asuntos. No es propio de jueces actuar con doblez. No es su misión. Son las policías las que tienen que poner a su disposición a los justiciables y no existe la figura del juez justiciero, aunque el Supremo parezca pensar que sí.
Las dudas sobre la actuación de Llarena son perfectamente comprensibles. Al parecer la explicación que se brinda, a quien no quiera preguntarse mucho, es que el magistrado presentó la cuestión prejudicial para saber si Bélgica está aplicando bien la OED en el procedimiento de Luis Puig y que, por tanto, él se limitó a retirar la euroorden de Luis Puig y no las demás. Eso sería una actuación trilera, dado que en el auto en el que acuerda las prejudiciales el 9 de marzo, los menciona a todos -incluido Puigdemont- como partes acusadas y porque de las siete preguntas que el magistrado español elevó al TJUE, dos eran sobre el exconseller Lluis Puig y cinco sobre Puigdemont. Así que, según las fuentes que he podido consultar, ni a la Abogacía del Estado ni al propio TGUE se les pudo ocurrir que la orden europea de detención contra Puigdemont no hubiera sido levantada también.
¿De dónde partió esta operación de monitoreo policial para intentar conseguir de Italia lo que no se obtuvo de Alemania o Bélgica y no se intentó en Holanda o Francia? A esta pregunta tan obvia, que también plantearon los periodistas italianos al subsecretario del Servicio de Fronteras, este respondió: “los franceses son los franceses y nosotros somos italianos” y en otras fuentes se convirtió en “nuestra policía es más rígida que en otros estados”.
¿No sabía Marlaska nada de este monitoreo? “Fue una sorpresa, tuve conocimiento cuando se comunicó desde Italia”, ha dicho. ¿Le han vuelto a puentear? Una detención que se hubiera resuelto con una entrega -lo que no va a pasar- hubiera supuesto un terremoto en las expectativas de la coalición de Gobierno española. También le ha traído problemas a Draghi con sus socios y eso invita a pensar que no fueron los gobiernos de ninguno de los dos países los que ordenaron “monitorizar” los desplazamientos de Puigdemont. Lo cierto es que la Fiscalía italiana tuvo claro desde el primer momento que la resolución de 30 de julio del TGUE dice que el europarlamentario Puigdemont tiene libertad de movimientos en tanto en cuanto el tribunal no resuelva el fondo de su asunto: si su inmunidad fue retirada conforme a la ley por el Europarlamento.
Todo esto es importante, claro que es importante. Si la Justicia tiene que juzgar a Puigdemont tiene que hacerlo respetando todas las normas y sin coger ningún atajo. Este no es un asunto personal de nadie. Esta es una cuestión en la que el prestigio de España y de su Tribunal Supremo puede quedar por los suelos y la confianza de los socios e instituciones europeas también.
Esto no va de si nos alegra o no a cada uno que Puigdemont caiga en una celda y acabe en Soto del Real. Va de cosas importantes de verdad. No, Puigdemont no se hizo detener adrede. No, la Abogacía del Estado y el Gobierno no “cometieron un error” ni engañaron a nadie. Aquí la mirada y las preguntas deben ir en otro sentido si uno busca algún resquicio de verdad.