La monarquía y el Parlament de Catalunya
¿Hay alguna manera de impedir que en el Parlament de Catalunya se hable sobre la Monarquía? ¿Se puede prohibir que se tramite alguna iniciativa parlamentaria para debatir acerca de si la Monarquía parlamentaria debe ser la forma política del Estado español? Tras la celebración de ese debate, ¿se podría prohibir que se votara una moción a través de la cual el Parlament pudiera hacer pública su opinión acerca de dicha cuestión? Dado que el Parlament de Catalunya tiene constitucionalmente atribuida la iniciativa para la reforma y revisión de la Constitución, ¿no podría entenderse que un debate y votación de esa naturaleza sería el paso previo para iniciar el debate acerca de una proposición de ley de revisión de la Constitución con dicho contenido, que tendría que ser aprobada en el Parlament para remitirla a continuación a la Mesa del Congreso de los Diputados para que recibiera la tramitación parlamentaria correspondiente?
Todos estos interrogantes tienen una respuesta inequívoca en la Constitución española. Desde una perspectiva jurídica no cabe duda de que el Parlament puede manifestar políticamente su disconformidad con la Monarquía y puede aprobar incluso un proposición de ley para que mediante la oportuna revisión de la Constitución se la haga desaparecer de nuestra fórmula de gobierno.
Esto no tiene nada que ver con la inviolabilidad del Rey y entra sin lugar a dudas en la competencia del Parlament. De la del Parlament de Catalunya y de la de todos los Parlamentos de las demás Comunidades Autónomas. El Parlament no puede aprobar una moción con la finalidad de que se exija al Rey algún tipo de responsabilidad. Contra esto es contra lo que protege el instituto de la inviolabilidad. No contra la libertad de expresión o contra la iniciativa de revisión constitucional. El Parlament no puede solicitar que se exija responsabilidad al Rey, pero sí que la Monarquía parlamentaria deje de ser la forma política del Estado español.
Jurídicamente es así, pero políticamente es disparatado que así sea o, mejor dicho, que esto ocurra. Por eso no deberíamos haber llegado nunca al punto en que ahora nos encontramos. La Monarquía y Catalunya no pueden ser objeto de discusión conjuntamente. Se puede discutir si la Monarquía debe o no ser la forma política del Estado. Se puede discutir acerca de la fórmula de integración de Catalunya en el Estado. Pero mezclar ambas cuestiones hace imposible el debate e impide encontrar una respuesta que sea políticamente pacificadora y que sea susceptible de ser canalizada jurídicamente para cualquiera de ellas.
Encontrar una fórmula de integración de Catalunya en el Estado, que sea aceptable tanto en Catalunya como en el resto de España va a ser muy difícil, aunque habrá que encontrarla. Ni la independencia ni el 155 son alternativas. Este es un problema materialmente constituyente, al que, sea fácil o difícil, como dijo Manuel Azaña en las Cortes que debatieron en 1932 el Estatuto de Autonomía de Catalunya, la democracia española tiene que encontrarle una respuesta.
Esa fórmula no es posible encontrarla, si no se deja a la Monarquía fuera del debate. Y para dejarla fuera, son necesarias iniciativas de naturaleza política, que permitan que la discusión en Catalunya y entre Catalunya y el Estado se pueda desarrollar con alguna perspectiva de llegar a algún tipo de acuerdo. ¿No es esta una perspectiva que debería ser tomada en consideración para intentar salir del círculo vicioso en que nos encontramos?
