Montero insostenible
Sólo una persona inepta rinde siempre al máximo de sus posibilidades
La realidad le ha asestado una bofetada a la gestión del Ministerio de Igualdad en forma de resolución de pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No valen los lloros ni el “todos me odian”. La propaganda no convierte los hechos en algo diferente, sólo consigue engañar a algunos sobre su naturaleza. La llamada ley del sí es sí, sobre todo en su vertiente penal, siempre tuvo un gran componente propagandístico y una deficiente factura legislativa y ahora ya no queda duda de que el proyecto estrella de Montero se ha estrellado contra 1.079 rebajas de pena a agresores de mujeres y 108 excarcelaciones, más las que vendrán. Ni siquiera tuvieron la energía de apuntarse desde el principio a una militancia antipunitivista, ¡qué va!, se enrocaron en que no iba a haber excarcelaciones ni rebajas de pena: “No se conocen y no se van a conocer. Es propaganda machista”.
Cuando el resultado de tu gestión se ve desacreditado de una forma tan evidente, lo menos que puedes hacer es irte y no pretender seguir legislando o gobernando. Suele suceder que las malas leyes, que las hay y muchas, tardan años en dar la cara, pero eso no impide que en esta los resultados -completamente ajenos al sentir social y a la idea que las mujeres se hacían de una mayor protección- hayan sido inmediatos, evidentes e imposibles de ocultar. El fracaso ha quedado al descubierto y las responsabilidades políticas aún están por dirimir. ¿Se puede ser ministra para proteger a las mujeres y parir una ley que descabale el resarcimiento ya concedido a más de mil de ellas? No se cieguen. Pongan ese resultado en la cartera de su peor rival político y ya me contarán si se lo pasarían por alto.
Les ahorro la farragosa cuestión técnica que se ha debatido en la unificación de doctrina llevada a cabo por el Tribunal Supremo. Es más fácil que todo eso. Si legislas de forma que pretendas soslayar el artículo 9 de la Constitución, si te reafirmas en una circular de la Fiscalía llamándola jurisprudencia, si lo que has publicado en el BOE es interpretado por centenares de jueces de forma que produce efectos no buscados, si te tiene que enmendar tu propio gobierno el desaguisado ¿podemos concluir que lo has hecho mal o aún no podemos?
Hacer leyes no es fácil, hacerlas de prisa y a lomos de un caso concreto y un lema que aplicar, todavía menos. Una ley no es un juguete, tiene consecuencias graves. Por esa afectación máxima sobre las personas, habitualmente el proceso es lento y circular y en las leyes penales aún más. Lo normal es que los anteproyectos, una vez redactados por un equipo amplio, capaz y plural, sean sometidos a un proceso de debate en el propio mundo jurídico. A poco listo que seas te das cuenta de que miles de ojos ven más que unos pocos y que entre todos -en seminarios, ponencias, informes, publicaciones- van a ser capaces de encontrarte las debilidades, las incoherencias, las interferencias, los posibles fallos de aplicación. Una vez ese material asentado, lo suyo es proceder en la propia comisión redactora, a cerrar los agujeros que se hayan detectado. Un poco como si das tu aplicación a un grupo de hackers para que le encuentren las debilidades y poder arreglarlas antes de ponerla a circular. En el caso de esta ley llamada como reclamo del 'sí es sí', ni el recorrido fue largo ni se tomaron en consideración las sugerencias que se hicieron.
He hablado de reclamo y propaganda para mentes no jurídicas porque pretender que se iba a conseguir “poner el consentimiento en el centro” sólo podía ser tomado en serio en ese plano. El consentimiento ya estaba y sigue estando en el centro de la regulación de los delitos sexuales, básicamente porque el sexo consentido sucede extramuros del Código Penal. Dilucidar si el sexo fue consentido o no es la base para saber si puede ser examinado a la luz de la ley penal. 'Sólo sí es sí' frente al 'no es no' -aserto tradicional del feminismo- llevaba el asunto, en mi opinión, no al consentimiento sino a la prueba sobre si este existió o no. Y, claro, la prueba no puede soslayarse porque la presunción de inocencia no puede eliminarse en un Estado de Derecho. Así que había mucho relato en la promesa.
La enmienda realizada por el PSOE contra el criterio de Igualdad no desprotege a las mujeres, como ha pretendido la ministra. Es más, conviene recordar que a los responsables de la violación grupal de Pamplona -detonante de esta cuestión, legislación en caliente- les cayeron quince años de prisión por delito continuado de violación con trato vejatorio y cien mil euros de responsabilidad civil para indemnizar a la víctima. Sin modificar ninguna ley. Lo recuerdo porque pareciera, oyendo a algunos, que aquello quedó impune.
Los esfuerzos por paliar el conteo de daños, cifrados en el intento de la Fiscalía de atenuar el desaguisado, a través de un argumento más bien peregrino, han sido desarmados ahora por el Supremo. Los magistrados han concluido que la disposición transitoria del Código Penal de 1995 no puede aplicarse a una nueva ley de 2022 que no usa derecho transitorio de ningún tipo. ¡Qué sorpresa! Esa disposición transitoria quinta del CP de 1995 se refiere expresamente a: “la revisión de las sentencias firmes dictadas antes de la vigencia de este código”. Lo de aplicárselo a la ley Montero un cuarto de siglo después se hacía como poco raro. Un parche en una rueda reventada.
¿Y ahora qué? En cuanto a lo legal, calculan que durante los próximos cinco años pueden producirse aún revisiones derivadas de esta legislación. Ley penal sobre la mesa, pesa. La cuestión política es la que está por dirimir. Los errores se pagan o bien con dimisiones o bien cuando los ciudadanos te lo reprochan en las urnas. ¿Quién está dispuesto a defender que este fiasco no ha influido en la defección de muchos votantes de Podemos? ¿Quién afirma que no afectará negativamente a las listas en las que pudiera integrarse la responsable? Venga, sigamos adelante. Hay muchísimas buenas cabezas jurídicas en la izquierda capaces de hacerlo muchísimo mejor. Por eso es menos comprensible que ministros y otros altos cargos con formación jurídica, socialistas y comunistas, tragaran con un anteproyecto tan problemático.
La ministra Montero parió un ratón que ha fracasado. La dignidad y la madurez pasan por asumir los errores y no intentar esquivarlos con disculpas infantiles. Hay otras muchas mujeres capaces de hacerlo mejor. Abran paso.
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