Salimos a la luz hace apenas una semana tras muchos meses de trabajo. El Movimiento por la Democracia nace para convertir en leyes y nuevas instituciones nuestros deseos colectivos. Aquellos que emergieron en las plazas y las redes el pasado 15 de mayo de 2011 y que las distintas mareas, colectivos como la PAH y miles de personas en general encarnamos y actualizamos cada día.
Creemos que lo que estamos viviendo estos años es un gran acontecimiento que ha removido la vida social y política, y que ha supuesto un antes y un después. No sólo ha dado expresión a un profundo malestar ante la ausencia de democracia, sino que además, y esto es lo más importante, ha planteado en relación a muchos de los problemas más sensibles --los desahucios, la sanidad, la estafa bancaria, la corrupción, la deuda...-- también las soluciones. La capacidad de la ciudadanía para hacerse cargo de los asuntos que le competen está demostrada marea a marea, hospital a hospital, colegio a colegio, desahucio parado a desahucio parado.
Pero ante este deseo y esta demostración de fuerza se mantiene un férreo bloqueo institucional y desde los organismos de representación se desoye toda demanda, como sucedió con la ILP de la PAH presentada ante el Parlamento, e incluso se intensifica la deriva autoritaria con iniciativas como la ley mordaza, la ley del aborto, etc.
Creemos que ese bloqueo institucional, que se despliega ante la potencialidad puesta en acto por la gente, es la prueba de que el modelo político de 1978 está hoy definitivamente agotado. En esa tensión entre el bloqueo y la potencia nace este desafío: la definición de un nuevo pacto ciudadano con el que desbordar el actual blindaje, y cuyo primer hito común consistiría en una serie de transformaciones constitucionales.
La experiencia de la Transición nos dice que una Constitución elaborada sin la participación directa de la ciudadanía y blindada a las reformas de la misma termina por destruir el marco constitucional y bloquear, por el camino, la posibilidad de intervenir en cuestiones que nos afectan profundamente, como la sanidad, la educación, la gestión de recursos básicos como el agua o la electricidad, o los sistemas de protección como las pensiones. En términos generales, nos impide decidir sobre la distribución de la riqueza que generamos colectivamente, y que, sin embargo, sí está destinada a pagar la deuda con la que se ha rescatado a las entidades financieras.
Pero, sobre todo, creemos que poder decidir es hoy ya una emergencia, puesto que el orden constitucional vigente no ha sido pensado para hacer frente a los peligros que acosan actualmente a la vida social. La Constitución no tiene herramientas concretas para enfrentar los efectos nocivos de una economía basada en la especulación ni tampoco para poner límite a unos partidos que han dejado de representarnos. La mejor prueba de ello es el cambio, sin consulta alguna, de la Constitución mediante el artículo 135, el cual dispone que las vidas de la inmensa mayoría no son la prioridad, sino la satisfacción de los acreedores.
Diariamente asistimos a esta supeditación de nuestros intereses a los de los poderes económicos. Y es que constantemente se están reformulando las condiciones de los pactos sociales en detrimento de la gente, recortando los servicios orientados al bienestar social, bombardeando las garantías básicas, los derechos laborales, los modestos niveles de vida de la mayor parte de la población, la misma vida cotidiana. Vivimos una situación en la que empezamos a no saber qué es algo tan simple como poder planificar nuestra propia vida. Pero por eso mismo desde la ciudadanía necesitamos echar el freno de mano urgentemente, necesitamos un freno de emergencia, un marco en el que seamos decisorios.
Tener la capacidad de decisión sobre los asuntos comunes supondría que no se pudiese jugar con nuestras vidas. Sin embargo, para que las decisiones tomadas por los ciudadanos se ejecuten, se requieren mecanismos constitucionalmente reconocidos que las conviertan en vinculantes para el poder político. Echar el freno de mano, así, a esta situación de precarización de nuestras vidas, pasa por cambiar las reglas del juego, por construir un nuevo orden de derechos en que podamos vivir dignamente, por rescatar la democracia de las manos de quienes nos la han arrebatado, por hacernos cargo, en suma, de este mundo, que es nuestro y de los demás.
El pasado 5 de marzo publicamos un documento discutido durante un año en casi 30 talleres con la participación de más de 200 personas. Ese documento, al que llamamos “Carta por la Democracia”, es el marco general que proponemos para ese nuevo pacto ciudadano y que incluye una serie de principios básicos que creemos pueden contribuir a construir un sentido común. Un pacto que tendremos que discutir con toda la ciudadanía, a fin de desarrollar sus condiciones en profundidad.
El próximo lunes 10 de marzo presentaremos una propuesta de desafíos comunes para hacer avanzar este proceso, así como las variadas formas de participación en el mismo. El 13 del mismo mes, nos encontraremos en un acto público en Madrid.
Creemos que es posible vivir dignamente, pero sobre todo sabemos que no tenemos más que una sola vida y que no existe otro mundo aparte de éste para vivirla con dignidad.
Vale, ¿quién se apunta?