¿Muerte en Venecia? ¿O solo susto?

La pasada semana, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como Comisión de Venecia por ser en esa ciudad en la que se reúne en sesiones plenarias cuatro veces al año, ha visitado España o, mejor dicho, se ha reunido durante dos muy intensos días con un buen número de agentes, organismos, entidades y asociaciones vinculadas a la política y a la justicia –miembros de la Comisión de Justicia del Congreso, CGPJ, Tribunal Constitucional, Fiscal General, asociaciones judiciales, personas juristas expertas …–. Y todo para conocer de primera mano asuntos de gran entidad relacionados con la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. 

Cuestiones como el propio mecanismo de la proposición de ley utilizado para su tramitación, las vías de recursos que cabrían contra la ley una vez aprobada, el debate sobre las acusaciones de lawfare en el sistema judicial o el señalamiento público de integrantes de la carrera judicial –con nombres y apellidos–que se ha hecho en el Congreso de los Diputados por algunas fuerzas políticas han sido, según se ha informado, las que han centrado esta visita. Todos ellos temas de la máxima importancia desde el punto de vista de la “Democracia a través del Derecho”, desde luego.

No sé yo la impresión que esta delegación de la Comisión de Venecia se habrá llevado de esta visita. Sus siete miembros han escuchado muchas opiniones y recibido amplia información a fin de poder elaborar el Informe que se han comprometido a entregar para el 15 de marzo próximo. Dentro de un mes, por tanto, conoceremos ese dictamen.

Un Informe que no será vinculante, como no lo son los de esta Comisión, pero que tendrá una gran relevancia y repercusión por razón del respeto que su prestigio genera. Hay que recordar en este sentido que la Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa integrado por sesenta y un Estados – los 46 Estados miembros del Consejo de Europa y otros 15 Estados no europeos–, que también existen varios Estados observadores y que coopera de manera muy estrecha con la UE, la OSCE y la OEA. 

La Comisión está formada por miembros individuales que actúan en su propio nombre, personas eminentes, expertas e independientes, nombradas por cuatro años por los Estados miembros por su gran experiencia en el seno de instituciones democráticas y por su contribución al desarrollo del Derecho y las Ciencias políticas –profesorado universitario, juezas/ces de Tribunales Supremos o Constitucionales y miembros de Parlamentos nacionales–.  De hecho, España tiene un miembro titular y dos suplentes, profesores/as de Derecho Constitucional.

La Comisión interviene en materias constitucionales, con la función es brindar asesoramiento “jurídico” – remarco lo de “jurídico”– a sus Estados miembros y, en particular, ayudar a los Estados que lo soliciten a adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional, en materias de Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho. Materias todas ellas que aparecen recurrentemente en estos meses que llevamos ya de debate público sobre la Ley de Amnistía y en las que existe un buen enredo político y jurídico, con planteamientos sobre la separación de poderes, el principio de igualdad, la independencia judicial, el Estado de Derecho y la propia utilidad de la amnistía para los fines que la Ley le atribuye.

La Comisión de Venecia ha escuchado muchas y autorizadas voces que han reflejado, sin duda, así lo espero, todas las opiniones jurídicas y políticas existentes. Incluso las opiniones no dadas por razones a mi modo de ver obvias en algún caso, como es el Tribunal Constitucional, cuyo presidente, prudentemente, no ha avanzado nada al respecto, salvo la información relativa a los cauces para el planteamiento de las dudas de constitucional que puedan surgir sobre la Ley una vez aprobada.

Algún otro silencio me llama más la atención y me resulta inexplicable. Me refiero a la postura de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), a la que pertenezco –lo que aclaro para evitar dudas o suspicacias–. Según todas las informaciones, esta asociación no se habría pronunciado sobre la proposición de Ley Orgánica de Amnistía por entender que no procede posicionarse sobre una iniciativa parlamentaria que todavía no se ha aprobado ni existen evidencias o seguridad de que se apruebe ni, en su caso, del contenido que pudiera tener. Postura, en mi opinión, incomprensible y que es de lamentar, porque la Comisión habría tenido otra visión más –incluso aunque hubiera sido, que no lo sé, la misma que la del resto de asociaciones, lo que no sé ni puedo prejuzgarlo–. Y me llama la atención, pues ha habido ya pronunciamientos de portavoces de esta asociación según los cuales la exposición de motivos de la norma es “jurídicamente aceptable”, si bien no se ha entrado en su contenido por considerar que “hay que respetar el momento político y el debate parlamentario”. Pues claro que hay que respetarlo, pero es de pensar que lo será en todas las ocasiones, también en relación a otras normas, lo que no ha ocurrido, afortunadamente, hasta ahora. Y es que me parece bien, muy bien, que se haya opinado jurídicamente ante iniciativas legislativas en tramitación, como acerca del en su día Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual –sobre el que hubo hasta dos comunicados– o sobre una reforma de los delitos relacionados con la libertad de expresión o de la LOPJ, entre muchos otros ejemplos.

Pues sí, me habría interesado que JJpD hubiera expresado su visión jurídica de la cuestión, lo que, a su vez, entiendo que habría interesado también a la Comisión y a la ciudadanía, digo yo. Silencios en mi opinión esquivos como este no contribuyen a clarificar el debate, desde luego, siendo así que esta debiera ser una de las principales aportaciones de mi asociación en este concreto tema.

Por todo ello, para superar un debate emponzoñado y, en muchas ocasiones, verdaderamente irresponsable, habrá de resultar más que útil que un organismo como la Comisión de Venecia intervenga emitiendo su opinión jurídica. Digo “útil”, al menos, lo que ya es mucho, para la ciudadanía que quiere –queremos– tener una información de fuente no dudosa. No me atrevo a prejuzgar qué dirá la Comisión, aunque supongo que lo hará con mucha cautela y que la Ley Orgánica de Amnistía no morirá en Venecia, aunque, por el momento, haya un cierto y lógico susto.

De todas maneras, mucho me temo que otra cosa muy distinta serán las interpretaciones políticas, de todo pelo, que escucharemos acerca del Informe que se emita, cualquiera que sea su contenido. Ya lo verán, no habrá ni acuerdo sobre esto, aunque la Comisión de Venecia escriba –lo que sea– negro sobre blanco.