Fue salvajemente golpeada y violada en la madrugada del pasado 28 de diciembre en el camino que transcurre por el lateral de las vías del tren en Sant Andreu de Llavaneres, junto a la escollera marítima. Creyéndola muerta, su agresor la arrojó a las rocas del espigón y huyó del lugar. Eran las 7 de la mañana. Todos los días recorría los tres kilómetros que separaban su casa de una de las lujosas viviendas de Llavaneres donde trabajaba como cuidadora de un joven con discapacidad y se ocupaba del servicio doméstico. Su camino diario lo transitaban también muchas personas que a esas horas hacían deporte o paseaban a sus perros, pero al menos tres de ellas no se detuvieron a prestarle auxilio cuando escucharon sus gritos desgarradores y la vieron semidesnuda y desfigurada en el acantilado.
Dice la OMS, que la violencia machista es un problema de salud pública, una auténtica epidemia de dimensiones globales. En 2014, la UE contabilizaba 13 millones de mujeres entre las víctimas de violencia física, y 3,7 millones, entre las de violencia sexual; en la UE, una de cada 20 mujeres ha sido violada antes de los 15 años de edad y, según datos de 2015, en España más de 1,4 millones de niñas y mujeres han sufrido violencia sexual. Sin embargo, como hemos visto con Diana Quer, Nagore Laffage o el caso de 'la manada', se sigue desplazando la responsabilidad de ellos a ellas, se las culpabiliza por lo que les sucede, y se pone en duda la credibilidad de sus testimonios.
El mismo Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado hace unos meses en el Congreso, ha sido una oportunidad perdida para proteger a las víctimas de violencia sexual, a las víctimas de todas las violencias que recoge el Convenio de Estambul (aunque el Consejo General del Poder Judicial incluirá ahora en sus estadísticas a todas las asesinadas por el hecho de ser mujeres). Y ya hace un año que la CEDAW llamó la atención a España por estas crueles ausencias señalando que un Pacto de Estado no garantiza per se los cambios legislativos que las mujeres necesitamos en este país.
Eliminar la cultura de la violación es más difícil de lo que parece, porque es nuestra cultura la que genera violadores, alienta la dominación y la deshumanización de las mujeres, y tolera a quienes relativizan esta forma extrema de misoginia y sexismo. En el caso de Sant Andreu esa cultura homicida podría haberse combinado, además, con letales dosis de racismo, xenofobia y clasismo, quizá no solo en el acto mismo de su agresor, sino puede que también en el de quienes omitieron socorrer a la víctima.
El delito de omisión de socorro solo se atribuye a quienes no quisieron evitar un mal que conocieron y que podrían haber evitado asumiendo únicamente un sacrificio trivial. Si conoces y puedes, entonces debes, no importa quién sea la víctima, ni quién el victimario. No hace falta ser un héroe, basta con asumir el mínimo esfuerzo que supone hacer una llamada de rescate. ¿En qué tipo de mundo viven quienes pasan de largo frente a una mujer desfigurada y violada que pide auxilio en medio de un acantilado? ¿Puede alguien continuar paseando a su perro o seguir haciendo footing después de haber obviado una situación semejante?
La mujer colombiana, brutalmente agredida por alguien a quien probablemente conocía y abandonada después por aquellos con los que se cruzaba a diario, era un eslabón más de esa cadena global de cuidados de las que nos beneficiamos quienes vivimos en el norte. Mujeres que cuidan a nuestros hijos, nuestros dependientes, nuestros mayores, y que dejan a los suyos al cuidado de otras mujeres. Mujeres que suplen la ausencia de las instituciones y la irresponsabilidad de los varones, nutriendo nuestros vínculos, mientras debilitan los suyos, y que generan una plusvalía afectiva y emocional que no podemos siquiera calcular.
Estas mujeres precarizadas, explotadas, invisibilizadas, revictimizadas una y mil veces, viven conectando dos espacios territorialmente discontinuos, uno aquí y uno allí, tejiendo redes materiales y cultivando un imaginario de cariño en la distancia. Gracias a ellas podemos nosotras acceder a un trabajo remunerado en mejores condiciones, tener hijos, criarlos, educarlos, “conciliar”, habilitar un mundo en el que la dependencia no sea un estigma invalidante, y hasta disfrutar de una casa ordenada, limpia y apacible; gracias a ellas podemos comprar el tiempo que nos roba un sistema patriarcal y depredador, y hacerlo a un coste bajo o accesible.
La crisis de los cuidados que sufrimos en el norte se amortigua con las crisis endémicas del sur, con el contingente de mujeres que llegan trabajosamente a España, que enfrentan graves dificultades para arraigarse y regularizarse, y que son tratadas como infraciudadanas y como inframujeres. Este trasvase del cuidado de unas manos femeninas a otras, está estructurado por la clase social, la etnicidad y la raza, genera desigualdad intragénero, refuerza el rol pasivo del varón, y apuntala el sistema capitalista y misógino que acaba con todas nosotras.
La mujer migrante de Sant Andreu, víctima de la feminización de la pobreza y de nuestra violencia machista, era una de esas cuidadoras que nuestra sociedad utiliza para seguir produciendo y reproduciéndose. Su agresión y su abandono nos arroja la imagen más oscura y monstruosa de nosotros mismos, la versión más psicópata, ensimismada, narcisista y enferma.