El pasado 19 de septiembre tuvo lugar uno de esos pequeños acontecimientos que suceden en la vida pública, del cual ni sus propios actuantes tienen (tenemos) conciencia de la innovación política que implica. Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, ante 300 personas, en una asamblea del Círculo Podemos de Murcia, en plena calle (en la plaza de los Patos del Barrio de Vistabella), toma la palabra y cuenta a la ciudadanía lo que ha estado haciendo en el Parlamento Europeo desde que tomó acta de diputada tras las elecciones del pasado 25 de mayo. Contó y se sometió a las preguntas que le plantearon los ciudadanos que hasta allí se acercaron. He aquí un acto de democracia absoluta, señal inequívoca del nuevo signo de los tiempos.
Retengo de su “rendición de cuentas” la labor que está haciendo en la Comisión de Comercio para tratar de recabar información sobre los tratados de libre comercio que la Unión Europea está negociando de forma poco transparente (esto es, de espaldas a los ciudadanos) con EEUU (TTIP por sus siglas en inglés) y Canadá (CETA por sus siglas en inglés). Lo que contó es tremendo y tremendamente importante.
Los inversores globales tienen un grave problema de dinero. No saben qué hacer con tanto dinero como han acumulado explotando a los pueblos del mundo. Su lógica es obtener dinero para conseguir más dinero. Para ello necesitan lugares y sectores rentables donde invertir ese dinero. David Harvey: “para recuperar una tasa de crecimiento del 3% habrá que encontrar nuevas oportunidades rentables de inversión global para 1,6 billones de dólares en 2010, cifra que aumentará hasta acercarse a los tres billones en 2030” (El Enigma del Capital, 2012). Uno de esos espacios donde agrandar el valor del dinero son los servicios públicos. Pero para ello tales servicios tienen que dejar de estar protegidos por el derecho público. Para convertirlos en maquinaria de hacer dinero tienen que dejar de ser servicios cuya prioridad sea la de satisfacer necesidades colectivas.
Desde hace décadas, los ayuntamientos han seguido esa lógica: privatizar servicios y/o externalizarlos para que empresas privadas se los apropien o los gestionen privadamente. Es urgente revertir este proceso y construir un municipalismo que frente a los inversores globales plantee una práctica política que priorice la subsistencia y la calidad de la vida cotidiana ciudadana por encima de cualquier lógica del beneficio privado y que extirpe el mal de la corrupción política de los ayuntamientos. La revolución ciudadana ha de apostar por tomar los ayuntamientos para recuperar para la colectividad cada uno de los servicios públicos privatizados en esta larga noche del neoliberalismo corrupto en versión hispana (este capitalismo de amigos y mangantes).
Desde hace unos años, se ha desarrollado un interesantísimo movimiento ciudadano por la remunicipalización de los servicios de aguas. Pues en muchos ayuntamientos se trata de un servicio privatizado o bajo control privado de alguna de las tres o cuatro corporaciones trasnacionales que controlan el agua a nivel global.
Con la crisis, han sido muchas las familias afectadas por la práctica de las empresas municipales de aguas de amenazarlas con cortarles el suministro de agua potable porque habían acumulado dos impagos. Estos impagos se deben al hecho de que la crisis les ha quitado el trabajo, les ha despojado de las ayudas públicas, les ha empujado a la pobreza. Ante esta situación, el movimiento ciudadano ha dicho: 1) el agua no es una mercancía, en un mínimo antropológico necesario para la vida digna; 2) los servicios municipales de agua no deben estar en manos privadas y tenemos que recuperarlos como bienes públicos; y 3) las tarifas del agua deben regirse como tasas y no como precios privados, pues de lo contrario las empresas privadas harán del agua un negocio subiéndonos todos los años la factura del agua con razones arbitrarias relativas a su estructura de costes.
Las multinacionales del agua en este país se han adelantado a lo que Lola Sánchez explicó que va a suceder con el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y EEUU. Han aprovechado la situación de ruina y deuda de muchos ayuntamientos para presionar a los alcaldes para que privaticen los servicios municipales de agua y para obtener ventajosos contratos de gestión a cambio de adelantar una abultada cantidad de dinero por periodos de tiempo largos a 20 o 25 años –el denominado “canón concesional”-, dinero adelantado que las empresas recuperan incrementando las tarifas del agua a los ciudadanos.
El municipalismo o la recuperación ciudadana de los ayuntamientos ha de reapropiarse para el municipio de cada uno de los servicios privatizados o externalizados en todos estos años. Pero no es suficiente. Los servicios municipales deben ser bienes públicos y también bienes comunes. Y en cuanto bienes comunes que satisfacen necesidades colectivas deben estar bajo control ciudadano. Si se los dejamos en exclusiva a los profesionales de la política, al final habrá corrupción. Por ello necesitamos mecanismos de participación ciudadana, controles ciudadanos. El municipalismo al que aspiramos es una revolución política que pone los ayuntamientos al servicio de los ciudadanos y bajo su control y participación.