No cabía esperar otro fin que no fuera el naufragio para una singladura instructora tan errática, anómala y voluntarista como la llevada a cabo por Llarena. Ya tenemos el primer pecio: la euroorden belga. No es lo mismo creer que el fin último de preservar la unidad de España soportará todos los medios, incluso los irregulares, en un país cuyos altos tribunales tienen un nivel de sumisión a la llamada Razón de Estado inaceptable, que intentar que ese trágala funcione también en el resto de Europa. No se trata de ningún manejo extraño ni de estados hostiles ni de nada de lo que nos van a argumentar ahora, sino de que las anomalías en esas euroórdenes con freno, marcha atrás y regreso no son digeribles por nadie que no esté dispuesto a supeditar la ley a los deseos, por muy patrióticos que estos sean.
La fiscalía belga ha acabado por presentar los mismos argumentos que las defensas de los ex consellers porque el cenagal procesal en el que Llarena ha sumido el procedimiento no admite mirar para otro lado. En su informe, los fiscales belgas desgranan con indisimulado estupor las incongruencias y renuncios, por no decir falsedades y contradicciones, que los reclamantes españoles han ido poniendo sobre la mesa de la Justicia belga. Dejan claro que no se trata de cuestiones formales de la euroorden, como que esta sea incompleta o que contenga alguna inexactitud o falta de claridad, puesto que la jurisprudencia belga ya establece que eso no sería un motivo para denegar la ejecución de una orden europea de detención y entrega. No, la cuestión va más allá. La Fiscalía deja claro que es preciso que la autoridad judicial belga verifique si la orden de detención ha sido emitida por una autoridad judicial, si procede efectivamente de esa instancia judicial y si, ATENCIÓN, la orden está precedida de una orden de detención nacional. “Si no se cumplen estas condiciones, la orden de detención europea no es regular y, por lo tanto, no se puede ejecutar”. Lo que está claro es que un auto de procesamiento no tiene en ningún lugar ni de dios ni del diablo el valor de una orden de detención “y por lo tanto no puede constituir una base válida para ejecutar la euroorden”.
Así que ahí que se pone la Fiscalía belga a determinar si existe esa orden de detención nacional previa o no, de la que cuelgue su euroorden. Y hasta le piden ampliación a España sobre tal circunstancia. El caso, por abreviar, es que Llarena les respondió a través de Eurojust que en su auto de procesamiento prorrogó las medidas cautelares de Lamela y eso incluía la orden de detención. Quiere decir pues que la orden de detención nacional válida es la dictada el 3 de noviembre de 2017. Claro que, dicen los belgas, si el título de detención válido es ese -dado que la euroorden no es autónoma, sino que cuelga de esa orden nacional- es de esperar que “su contenido responda con los hechos y calificaciones penales conexas”. Lo que sucede es que, en sus explicaciones, Llarena evidencia que eso no es así, sino que se remite al auto de procesamiento, y además queda que se ha ampliado y alterado el contenido de las misma. Hay un párrafo de los fiscales belgas que es demoledor para el Tribunal Supremo español y que se refiere a las contradicciones de las diversas explicaciones y ampliaciones de Llarena: “Las órdenes subyacentes, repentinamente, ya no son las de noviembre de 2017 -contrariamente a lo dicho a Eurojust-, tampoco el auto de procesamiento en sí -como se menciona en la carta de Llarena- sino las órdenes emitidas el mismo día que la euroorden y que son esencialmente una mera repetición del auto de procesamiento”. Así que, tras este fárrago, los fiscales, al igual que las defensas, han determinado que “en realidad no existe una orden de detención nacional subyacente que se corresponda en esencia con la orden de detención europea”. Se acabó. Es irregular y el procedimiento queda sin objeto. El tribunal no ha podido sino admitir la alegación coincidente de ambas partes.
¿Cómo ha hecho este ridículo un magistrado del Tribunal Supremo?
Queriendo jugar con el procedimiento como si fuera una parte procesal habilitada para intentar buscar los resquicios del sistema. Lo que le podría estarle permitido a un defensor no puede hacerlo un instructor. Retirar la euroorden cuando se constata que no se va a obtener lo que se pretende, por causas legales, y hacer una prestidigitación para conseguir por otras vías lo pretendido junto a otros fines, que no pueden ser considerados sino políticos, como obtener la inhabilitación en un plazo determinado, no casa con la tarea del juez.
La decisión belga de denegar de plano la entrega y terminar el procedimiento ha coincidido casi en el tiempo con el planteamiento público de Pedro Sánchez de una posible reforma legislativa del delito de rebelión. No es una propuesta baladí ni a humo de pajas, que el líder de los socialistas plantee esta posibilidad implica el reconocimiento de que los hechos sucedidos en Catalunya no encajan ni a martillazos en el tipo penal existente y, por lo tanto, como venimos diciendo el procedimiento de Llarena se desmorona, a pesar de haber sido utilizado para restringir derechos y libertades. Hace casi un año que lo escribí: los independentistas catalanes estaban surfeando el Código Penal y evitando incumplirlo. No vale pues ahora intentar encajar a martillazos su insurrección pacífica 2.0 en un tipo de rebelión que es el que es. Si se pretende cubrir lo sucedido, habrá que estudiar las posibilidades de legislación, que tampoco están claras, pero nunca de forma retroactiva sino pensando en el futuro.
Todo esto sólo me hace volverme a situar en el grupo de los que creen que no todo vale y que el Estado sólo puede defenderse de forma legítima y sin trampas ni atajos. Prefiero que España no se rompa, pero exijo que no quiebren el Estado de Derecho precisamente los llamados a defenderlo. Me da pena que haya sido preciso ir a buscar la Justicia en el exterior, pero cada vez queda más claro que esa estrategia era la única posible. En España todo esguince jurídico iba a ser aceptado. Los belgas no han tragado y los alemanes tampoco lo harán. Nadie socava su propio Estado de Derecho por amparar a otro país. Es demasiado lo que hay en juego, aunque Llarena y otros no quieran verlo.