En democracia conviene llamar a las cosas por su nombre. Cuando dos centenares de seres humanos intentan cruzar por mar una frontera entre pelotas de goma y disparos al aire, mientras la Guardia Civil duda entre socorrerlos o no, la muerte de quince personas no es un accidente. Es un acto de inhumanidad que roza lo criminal. No hace falta que Europa nos llame la atención desde la hipocresía de un continente repleto de gobiernos que solo se indignan ante los inmigrantes muertos de los demás. Debería caérsenos a todos la cara de vergüenza como país.
Los hechos sucedidos en Ceuta resultan tan terribles como injustificables. Da igual la versión que escojan, la que era mentira o ésta que ahora nos aseguran que es verdad, salvo algunas cosas. Ninguna cabe en un país civilizado. La prioridad nunca puede ser impedir que cruce la frontera un puñado de seres humanos desesperados huyendo de la miseria y buscando una vida mejor. La prioridad debe centrarse siempre en que la playa no se llene de cadáveres devueltos por el mar. El cínico relato ofrecido finalmente por el Gobierno ante el Parlamento constituye una vergüenza democrática. Exige reparación y responsabilidades.
La gestión de la información y las explicaciones oficiales del drama de Ceuta han añadido además una secuencia de incompetencia y propaganda. Primero se mintió para hacernos creer que las víctimas se lo habían buscado. Luego se manipularon las pruebas para mantener a toda costa la mentira. Finalmente se amenazó a cualquiera que osase denunciar la versión oficial. Las excusas del Ministerio, alegando que en cada momento informaba según lo que sabía, solo añade a la mentira el cargo de incompetencia.
Han tenido que morir quince seres humanos para enterarnos de que nuestras fuerzas del orden devuelven a los detenidos al ejército marroquí en el momento y en mano, como si fueran productos caducados o en mal estado. El lenguaje nunca es inocente, menos en este drama. Son devoluciones ilegales, no “devoluciones en caliente”. Tampoco se trata de “deficiencias” en la aplicación de la Ley de Extranjería, como fríamente ha afirmado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Es una indecencia y un acto ilegal. No se trata de inconvenientes inmigrantes ilegales de quienes esté justificado librarse por cualquier medio, incluso pisoteando sus derechos. Se trata de personas con derechos y garantías legales que deben ser respetadas y protegidas por las autoridades de un Estado que se llame a sí mismo democrático.
Alguien en este Gobierno tan devoto y al que tanto le gusta recurrir al “ejemplo alemán” para justificar las políticas de sufrimiento masivo aplicadas a la gente que ni ha causado ni se ha beneficiado de la crisis económica, debería aplicarse tanta ejemplaridad. Haría bien en seguir el camino del ministro de Agricultura germano, que acaba de dimitir por filtrar una operación policial cuando era responsable de Interior. Fernández de Mesa ya ha tenido premio suficiente por su nefasta gestión del Prestige cuando era Delegado del Gobierno en Galicia.
Los muertos de Ceuta no son quince negritos en una mala novela negra escrita por el Ministro Fernández Díaz. Tampoco son inmigrantes ilegales. Son víctimas, nuestras víctimas. Merecen el mismo respeto y dignidad, la misma memoria que todas las demás víctimas. No lo olviden. No les olviden.