El conflicto de Nissan no es uno más. Entre otras cosas porque, de consumarse (está por ver) el cierre de las fábricas, podría comportar (en condicional) la pérdida de unos 20.000 puestos de trabajo. De salirse con la suya la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi (hipótesis), sería un peligroso precedente para otras empresas del sector. Además, para la Barcelona metropolitana supondría perder una buena baza en su apuesta por jugar un papel activo en la transición de la industria del automóvil hacia un modelo de movilidad más sostenible.
Nissan es en muchos aspectos el paradigma de nuestra evolución industrial. Una empresa que creció al calor del proteccionismo de Primo de Rivera, nacionalizada en 1954, y que acabó siendo utilizada por la corporación japonesa para introducirse en Europa –en unos años en que la dirección de las inversiones se dirigía hacia España. Una multinacional que, como otras, ha recibido importantes recursos públicos para quedarse en el país, con contrapartidas pero sin garantías.
El conflicto de Nissan expresa una de las debilidades de España en el marco de una economía globalizada, al no disponer de ningún resorte para incidir de manera directa en las decisiones estratégicas de las grandes corporaciones.
Una debilidad que fue a más con la Reforma Laboral del PP del 2012. Al derogarse la autorización administrativa previa en los casos de rescisión de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, debilitó la posición negociadora de los sindicatos –ese fue uno de sus grandes objetivos. Además, con esta decisión el Estado español se autolesionó, al amputarse una parte de su soberanía política para intervenir en decisiones de fuerte impacto económico y en el empleo.
No era la primera vez que la derecha española, tan patriótica, lo hacía. Baste recordar como Aznar en 1996 aceleró un proceso de privatización –lo vistió de liberalización- de empresas estratégicas, algunas de las cuales han acabado siendo propiedad de empresas públicas de otros países europeos.
En todas estas operaciones, desde 1996 hasta el 2012, la derecha española contó con el apoyo del nacionalismo catalán, que es muy beligerante cuando se trata de plantear conflictos competenciales con el Estado español pero está siempre dispuesto a ceder sus competencias a los poderes económicos y a los mercados.
La derogación de la autorización previa del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores es un claro ejemplo del llamado “capitalismo del desastre” que aprovecha las grandes crisis para imponer reformas regresivas, que en condiciones normales serían inviables.
Todo apunta a que el conflicto de Nissan será largo y muy duro, entre otras cosas porque la edad media de la plantilla del fabricante y de las empresas de componentes convierte la pérdida de empleo en un riesgo de muerte laboral prematura. Las personas que trabajan en Nissan saben que ninguna indemnización les puede compensar la pérdida de su puesto de trabajo y de su nivel salarial, en el caso de que consigan otro.
Intuyo que la batalla será intensa porque los trabajadores y sus sindicatos deben compensar la pérdida de derechos legales infligida por la Reforma Laboral del 2012 con más lucha y una mayor movilización. Este es uno de los efectos colaterales que se provocan cuando se cierran las vías de negociación y participación sindical– como la del artículo 51 del antiguo Estatuto de los Trabajadores; se provoca la radicalización de los conflictos laborales.
Ya se divisa que el terreno de juego del conflicto va a ser múltiple, en el frente sindical, político y judicial. También en el mediático, donde ya ha comenzado una ofensiva de la alianza automovilística para convencernos de que su decisión es irreversible. Ello con la colaboración, voluntaria o involuntaria, de algunos profesionales de la comunicación que están generando estado de opinión al dar por definitivo el cierre.
Es un error creer que el futuro de Nissan ya está escrito, porque a pesar de que la alianza automovilística cuenta con un entorno legal favorable, los trabajadores y sus sindicatos cuentan con importantes bazas, en la movilización y en el terreno jurídico. También con la autoridad moral que da tener propuestas industriales que son viables, que interesan a la sociedad y pueden ser la base de acuerdos de continuidad de la alianza en Catalunya.
Ya han comenzado las voces que descalifican a los sindicatos, defendiendo el derecho de las empresas a reorientar sus inversiones. No faltaba más, pero la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi debería saber que hay cosas que no se pueden hacer sin asumir elevados riesgos.
La Alianza no puede tomar decisiones estratégicas de reestructuración, de reparto mundial de sus plantas de fabricación y sus modelos, y luego eludir su responsabilidad empresarial en la negociación, camuflándose detrás de una de sus marcas, Nissan.
La Alianza no puede responder solo a los intereses de sus accionistas, obviando a las otras partes que durante años han contribuido a generar jugosos dividendos. Está muy bien la modernidad del discurso empresarial de atender los intereses de los “stakeholders” (trabajadores, proveedores, clientes, comunidades locales) pero estaría mucho mejor si se aplicara alguna vez. De momento suena mucho a la música celestial de la “reforma del capitalismo” de Sarkozy.
La Alianza debería saber que la desaparición de la autorización administrativa previa de los EREs no significa que puedan hacer lo que quieran. Debería saber que los procedimientos de consulta y participación de los representantes sindicales, previstos en la Directiva 98/59 de la UE, no son meros trámites de comunicación y ejecución de una decisión ya adoptada, como pretenden.
Estoy convencido de que la Alianza y sus asesores saben los riesgos que corren intentando aplicar de manera urgente y sin tiempo a la negociación. Y espero que su estrategia no esté basada en el guión de la recomendable serie francesa Recursos inhumanos.
Los próximos meses van a estar marcados, con el permiso del coronavirus, por el conflicto de Nissan. Obviamente, los principales interesados son las personas que trabajan en sus factorías y los de las empresas de componentes que se verían directamente afectadas, pero este es un conflicto que nos emplaza a toda la sociedad.
Las personas que trabajan en Nissan están acostumbradas a librar duras y largas batallas, pero este no es solo su conflicto porque puede tener importantes impactos en términos económicos y sociales. Es obligación de todos nosotros no dejarlas solas en un conflicto que nos concierne a toda la sociedad.