Uno de los ensueños que hizo fortuna en los discursos de Convergència y que sus herederos siguieron utilizando durante el procés fue el anhelo de convertir Catalunya en ‘la Dinamarca del sur’. «Me imagino a Catalunya siendo la Dinamarca del Mediterráneo», declaraba Artur Mas en marzo del 2017 para reivindicar un estado propio que, según esa comparación, permitiría tener una economía más robusta y unos mejores servicios.
“Los catalanes admiramos a Dinamarca. Nosotros queremos ser una Dinamarca del sur. Somos dos naciones pequeñas que hemos sobrevivido a todas las vicisitudes históricas”, insistió Carles Puigdemont en Copenhague en el 2018 durante una conferencia en la universidad de la capital danesa.
Unos meses después fue Quim Torra quien en un acto con patronales y sindicatos abogó por convertir Catalunya “en la Dinamarca del sur de Europa” porque consideraba que los daneses estaban más preparados para adaptarse a la globalización por “su flexibilidad y dinamismo”.
Pero Catalunya ni era ni es como Dinamarca. Y cada vez menos. Según los datos de Eurostat referentes al 2020 (el último año disponible), la renta media disponible de los hogares daneses es de 23.600 euros por habitante. En Catalunya se queda en 16.900 (un poco por encima de los 15.100 euros de media de los hogares españoles).
Mientras en el Congreso, entrevistas o tertulias, mucho más en Madrid que en Barcelona, se dedican horas y horas a dar vueltas a la amnistía, Catalunya sufre el episodio de sequía más grave desde que empezaron los registros en 1916. Una excepcionalidad que ha obligado a decretar la situación de emergencia en algunas zonas de Girona y si nada cambia se ampliará en enero a Barcelona y su área metropolitana. Algunos expertos han lamentado que tras el último episodio severo, la sequía del 2008, las administraciones no hicieron los deberes. Se inauguró la desalinizadora del Prat, que ha permitido capear la falta de reservas con mayor margen, pero no se continuó invirtiendo. Por ejemplo, la Agència Catalana de l’Aigua, organismo que depende de la Generalitat, no ejecutó ni una sola inversión entre el 2010 y el 2017. Dedicaron sus recursos a sufragar deuda acumulada. Y ahora todos a correr.
Catalunya ha caído tres veces más que el conjunto de España en el informe PISA. Son los peores resultados de la historia. Entre 2018 y 2022 el nivel ha caído 21 puntos, que, según los cálculos de la OCDE suponen una pérdida de conocimiento de más de un año escolar entero. La infrafinanciación, la presión sobre el profesorado con cambios de modelo escolar o la gestión de la inmigración y las desigualdades son algunas de las causas que señalan académicos y docentes para explicar unos datos que, aunque se esperaban malos, han caído como un mazazo por ser peores de lo previsto.
El Govern, tras reunirse con todos los partidos excepto Vox, ha decidido crear un grupo de expertos con diferentes perfiles de la comunidad educativa para que elabore un plan de trabajo a finales de febrero con propuestas de mejora del sistema educativo. Pero además de expertos se necesita financiación. Al aumentar la cifra de alumnos y pese a la contratación de más profesores, la inversión por alumno seguía estando por debajo de 2009 según el último informe presentado por CCOO, con datos de 2020.
En lo que sí se parece cada vez más Catalunya a otros países de referencia y en algunos casos no precisamente para bien es en cómo se afronta el fenómeno migratorio. Catalunya ha pasado del ‘som 6 milions’ del famoso lema pujolista a los actuales ocho millones de catalanes. De estos, uno de cada cinco son de origen migrante. La mayoría proceden del resto de Europa. Les sigue el 28% que se reparten entre los llegados de América del Sur y el resto de América central y EEUU. Los migrantes llegados del continente africano son el 25% mientras que el 14% restante es de Asia y Oceanía. Es una población cada vez más envejecida y más diversa, algo que obliga a un esfuerzo para garantizar la cohesión y frenar los discursos xenófobos que están empezando a calar y no solo de la mano de Vox.
La extrema derecha independentista que representan Aliança Catalana (y su bastión de Ripoll) y Front Nacional, cuyos electorados son fronterizos con el de Junts, ha provocado que esta formación esté endureciendo su discurso y la prueba es que ha pasado de pedir el cierre de los CIE a avalar que algunos de sus alcaldes vinculen inseguridad con migración. Según el último sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), seis de cada 10 votantes de Junts consideran que en Catalunya “hay demasiada inmigración”.
“Tenemos la tasa de inmigración más alta de toda la Península, el 16,2%, más de dos puntos por encima de la de Madrid, y no tenemos competencias ni recursos para gestionarla”, destacó Carles Puigdemont en la comparecencia que protagonizó en Bruselas para poner sus condiciones a la investidura de Pedro Sánchez. En medio de la amnistía o la financiación pasó desapercibida, pero es una reclamación que Junts no piensa aparcar.
Viendo qué está pasando en Francia, siempre cerca de Catalunya y no solo por geografía, hay que prepararse para un endurecimiento de los discursos y las medidas. Allí, el macronismo, la derecha y la extrema derecha han aprobado una ley que la izquierda y una parte del partido del presidente francés consideran que discrimina a los ciudadanos por razón de origen a la vez que endurece las condiciones para que los extranjeros reciban determinadas ayudas sociales aunque tengan permiso de trabajo y residencia.