“La fortaleza de una nación deriva de la integridad del hogar”
Confucio
Ningún poder del Estado puede consentir que uno de sus miembros deba ejercer su función desde la coacción o el hostigamiento. Las normas del Estado de Derecho siempre han procurado defender esta premisa básica para el ejercicio democrático -impidiendo, por ejemplo, que los diputados pudieran ser intimidados por la masa mientras estaban en sesión- y cuando no le ha sido posible con la mera exhibición de la norma, lo ha hecho a través de medios disuasorios y coercitivos de protección. España, desgraciadamente, tiene una larga experiencia en los intentos de intimidación de los poderes públicos. No en muchos lugares más, excepción hecha quizá de Italia, han visto como integrantes de sus tres poderes han tenido que vivir escoltados y defendidos, a veces como atrincherados. En su caso por la mafia y en el nuestro por el terrorismo.
Un país no puede consentir que los miembros de sus poderes sean acosados por razones ideológicas o de cualquier otro tipo. Igual da que sean los que quieren ser independientes, que los que no soportan determinadas ideas o posiciones políticas. Es inadmisible. El caso de Iglesias y Montero no es el caso de Iglesias y Montero sino el caso de una ministra y un vicepresidente del Gobierno de España que a duras penas pueden vivir tranquilos en su propio domicilio y a los que se les ha impedido permanecer con tranquilidad en la modesta casa de un amigo en Asturias. Ni el Gobierno de España ni los ciudadanos ni los políticos de ningún signo, aunque no sea más que por ver las barbas del vecino pelar, pueden aceptar este estado de cosas.
En primer lugar, seamos todos coherentes. No me vengan con el escrache a la vicepresidenta Santamaría. Si aquello les pareció intolerable, esto debe parecérselo también. Yo lo dije en su momento y no me privo de decirlo ahora: el domicilio es inviolable y marca el límite de hasta donde debe llegar la protesta política. Entre otras cosas porque en el domicilio converge la persona pública con las personas privadas con las que convive y con los que son sus vecinos. Como ya lo dije entonces, lo repito ahora. Les pido a los que se escudan en que hubo quien lo ponderó mal en aquel caso, para eximirse de ponderar correctamente ellos ahora. Si eso es lo que creen ¡sean mejores que ellos! ¡tengan altura de miras! No solamente se trata de lo que digan las leyes sino que siempre, siempre, ha habido un pacto tácito de respeto al entorno privado familiar. Entre periodistas, entre políticos y entre políticos y periodistas. Casi todos sabemos donde vivimos unos y otros y casi todos hemos respetado la mínima norma de prudencia de no poner en riesgo a nadie haciendo pública su dirección. Hay quien cree que Montero e Iglesias son tan chusma que no se merecen ni este mínimo decoro y esos son la chusma de nuestra democracia.
Pero vayamos a lo que ha sucedido y analicemos quién está obligado a responsabilizarse de la seguridad, integridad y sosiego de los miembros del Gobierno. Como se da el caso de que yo he vivido muchos años con una persona que estaba escoltada, precisamente para preservar su independencia, pues tengo experiencia sobre cómo son las vacaciones con escolta y cómo actúan y deben actuar estos operativos. Por eso me pregunto qué ha fallado y quién no está haciendo su trabajo, porque es inconcebible que dos miembros del Gobierno de España hayan tenido que renunciar a estar donde querían estar. ¿Qué será lo siguiente, que se tengan que volver de los viajes o de las reuniones, que no puedan ejercer de ministros de jornada?
Iglesias y Montero viajaban al menos con 18 personas de escolta, cumpliendo los estándares establecidos para una ministra y un vicepresidente del Gobierno. Cuando uno sale de vacaciones, los escoltas montan un operativo que pasa por estudiar el lugar antes de que lleguen los protegidos y también por ponerse en contacto con el cuartel de la Guardia Civil de la zona para que éste colabore en las tareas de vigilancia estática y de contravigilancia necesarias. La tarea de la seguridad de los cargos públicos tiene la doble vertiente de proteger y de prevenir los momentos en los que se puedan producir situaciones de conflicto o riesgo. Está claro que en este caso no ha sido eficiente porque no han logrado evitarlo.
Hay muchas cosas que investigar, desde las competencias de Interior. ¿Cómo se montó un dispositivo que no funcionó? Por otra parte, existen testigos que afirman que una de las personas que hizo público en redes el lugar de residencia, alentando a acudir a él, y que se personó en las inmediaciones para protestar es la esposa de un número de la Guardia Civil. Estos datos, que aportan personas del lugar, deben ser confirmados y es sencillo porque no me cabe pensar que no se produjeron identificaciones. Si es así, la investigación debe llevarse hasta averiguar de dónde surgió ese conocimiento y si no se dio la impensable circunstancia de que fuera la Guardia Civil la que “provocara” el fallo de seguridad filtrando los datos.
Son muchos los que se preguntan por qué la Justicia, o más concretamente la Fiscalía no actúa, pero lo que yo me pregunto es por qué no le ha llegado notitia criminis por parte alguna. ¿No se levantaron atestados de los hechos? Los propios escoltas, policías todos ellos, ¿no han presentado informes que se conviertan en denuncias ante los juzgados o la Fiscalía? ¿Por qué no lo han hecho? El propio ministro Marlaska debiera exigir inmediatamente a los directores generales de ambos cuerpos información concreta y completa sobre lo que ha sucedido en Asturias con dos miembros del Gobierno. No puede existir la más mínima duda sobre la actuación y el cumplimiento de sus funciones de todas las fuerzas implicadas y ha de hacerse llegar en forma ante la Justicia lo que resulte de ello. No pueden dar la imagen de que Interior no es capaz de proteger ni a los miembros de su propio Gobierno porque eso es un sindiós que abre la puerta a los peores augurios.
Ni esto puede consentirse ni puede quedar así. La libertad de expresión y de manifestación no puede enmascarar acciones coactivas que intenten acogotar a quien sólo ejerce su función. Cuando el juez Llarena fue acosado en una cena en Palafrugell, se levantaron atestados y se hicieron llegar a la Justicia, como debe ser. No existe un derecho a hacer la vida imposible a quien tiene responsabilidades públicas porque no nos guste su gestión. Si no, al final, van obligar a que volvamos al antiguo régimen de aislamiento de la sociedad de los que ejercen el poder. Recuerden, cuando había viviendas oficiales no sólo para los ministros sino hasta para los magistrados, en la parte alta de los Palacios de Justicia. O asumen que la ministra y el vicepresidente disfruten de sus vacaciones en la modesta vivienda de un amigo, o donde decidan, o prepárense para pagar más lugares públicos en los que puedan descansar y vivir. Luego habrá aún quien se pregunte por qué el presidente del Gobierno descansa en propiedades de Patrimonio Nacional. Como sigan así habrá que hacer fincas de recreo públicas y restringidas para todos.
Ahora es imprescindible investigar quién no hizo bien su trabajo y eso depende del ministerio del Interior. Por cierto, de todos los mensajes de solidaridad con Iglesias y Montero que he visto se me ha escapado el de Grande Marlaska… Voy a volver a buscar bien.