Las últimas medidas de recorte del Gobierno, profundizando en la senda que nos lleva a precipitarnos con mayor intensidad en la crisis, y que está atravesada por una flagrante impostura democrática, exige de una respuesta social fuerte y sostenida para conseguir un cambio en profundidad, tanto en las formas como en el fondo, de las políticas que se están llevando a cabo por parte del Ejecutivo. Así lo valoraron el pasado 1 de Octubre las organizaciones sociales, profesionales y sindicales que constituyen la Cumbre Social, de la que Comisiones Obreras forma parte, en su tercer encuentro.
Un encuentro en el que valoraramos como un éxito la marcha-concentración celebrada el pasado 15 de septiembre, tanto por la participación registrada, como porque ofreció la oportunidad de hacer visible la convergencia de una amplísima pluralidad de realidades perjudicadas por la acción de gobierno, y nos ratificamos en la exigencia de un referéndum sobre la acción del Gobierno.
Y es que en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, tanto en su contenido como en su forma, el Gobierno ha protagonizado un nuevo intento de manipulación de la opinión pública ocultando sus verdaderas intenciones: por un lado transfiere a las CCAA la mayor parte de la responsabilidad en el recorte del gasto social; por otro, encubre su verdadera intención en temas tan sensibles como la revalorización de las pensiones (medida contemplada en la legislación vigente que fue duramente criticada por el PP cuando el anterior gobierno no la aplicó); y todo ello intentando, como ya hizo en el caso de las elecciones en Andalucía, ganar tiempo para poder sortear las próximas citas electorales en Galicia y País Vasco.
Es preciso denunciar con contundencia que nos encontramos ante unos Ppresupuestos que van a sumirnos aún más en la crisis e incrementar de manera abrumadora nuestra ya insostenible tasa de paro.
Unos Presupuestos que, en materia de inversión únicamente contemplan recortes, que sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo, y que renuncian a una política fiscal que, empezando por perseguir decididamente el fraude, permitiese incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales.
Esta situación se verá agravada por la rebaja de la partida para las prestaciones por desempleo, que hace prever que los 450 euros del plan PREPARA dejarán de abonarse el próximo mes de febrero cuando caduca el actual, sin olvidar que lo previsto para pensiones es que éstas no se incrementa más que un 1 por ciento.
En el proyecto de Presupuestos también decrece de manera significativa la protección social, las partidas destinadas a la dependencia, los servicios sociales, la ayuda a la cooperación al desarrollo, al mundo rural, a la cultura y al medio ambiente. Estas partidas se verán aún más recortadas cuando las CCAA tengan que elaborar sus propios Presupuestos, donde asistiremos a nuevos recortes en educación, sanidad y atención a la dependencia, servicios que dependen esencialmente de ellas (no podemos olvidar que ya se están planteando medidas como el copago del transporte sanitario), habida cuenta de que el Gobierno no les ha dado el margen de tiempo para reducir la deuda, tiempo que España sí ha ganado de la Unión Europea.
En unas condiciones así solo cabe esperar que aumente la pobreza y la exclusión social y que, además, se intensifiquen, fenómenos ambos que afectan mayoritariamente a las mujeres, a las personas migradas, a jóvenes y ahora ya, a la infancia.
Eso sí: el actual proyecto, junto a los drásticos recortes señalados en inversión y gasto social, se hacen cargo de lo que a la inmensa mayoría de la población española nos costará, en forma de deuda, el dinero destinado a rescatar el sistema bancario.
Más crisis, más desempleo, menos protección social y menos servicios públicos es una ecuación funesta para la mayoría de las personas de este país de las que solo se salvan las élites económico-financieras que se cobijan al resguardo de la acción de gobierno.
El conflicto social existe, y el Gobierno no está haciendo sino intensificarlo con sus medidas, extraordinariamente lesivas para la mayoría de la población, y con su actitud de profundo desprecio hacia las más elementales formas de normalidad democrática a la vez que de entera sumisión a las directrices que emanan de la Unión Europea y que se están cebando particularmente con los países del sur de Europa.
La exigencia de que se convoque un referéndum sobre el programa que se está aplicando por parte del Gobierno es una exigencia de regeneración democrática. La ciudadanía puede, porque así lo contempla la Constitución, y debe ser convocada para expresar su opinión ante situación tan grave y excepcional por la que atravesamos.
Como es un ejercicio democrático, convocamos manifestaciones el próximo domingo 7 de octubre en todas las capitales de provincia para expresar el rechazo a estros Presupuestos y para exigir una salida de la crisis que garantice la reactivación económica, la generación de empleo, la recuperación de la protección social y de nuestro mermado Estado del Bienestar.