De nuevo, Barrionuevo

José Barrionuevo, ex ministro del Interior y condenado por los tribunales, tiene 80 años y suelta en un periódico barbaridades que a algún alto cargo de épocas pasadas le ponen los pelos de punta. No por lo que cuenta hoy, sino por lo que puede contar mañana cuando las meninges le jueguen una mala pasada y suelte, entonces sí, con pelos y detalles, todo lo que hasta ahora ha guardado bajo siete llaves del terrorismo de los GAL. 

El problema con Barrionuevo, quien no muestra ni un ápice de contrición por lo que hizo, no es otro que el de un alto cargo del Estado que puso a ese Estado al mismo nivel que ETA. El Estado respondió con terrorismo al terrorismo de ETA. Y, así, es muy difícil que el Estado pida luego, por ejemplo, a la Generalitat que cumpla la Constitución u otras leyes, cuando el propio Estado no las cumplió.

Si la dinámica generada por el exministro hubiera sido moneda corriente a partir de entonces, habríamos vuelto a la ley de la selva, al mismo ámbito ético del terrorismo. No hay ley que valga, la ley la dicto yo al estilo de Harry el Sucio. Se acabó el Estado de Derecho.

Barrionuevo, y otros junto a él, dieron el tremendo salto al vacío de financiar con fondos de los Presupuestos Generales del Estado acciones terroristas condenadas luego por los tribunales correspondientes, que llevaron al exministro a prisión. Condenas muy atenuadas por posteriores decisiones políticas.

En su última salida pública en el diario El País, Barrionuevo recuerda el caso del intento de secuestro de un etarra en la localidad vasco francesa de Hendaia. Su relato puede resultar hasta cómico leído hoy, a mucha distancia del dramatismo que se vivía en 1983, con el secuestro en Bilbao y posterior asesinato por parte de un grupo escindido de ETA (PM) del capitán de farmacia Alberto Martín Barrios.

“No sabíamos dónde lo tenían, pero sí quién era el jefe, y lo llegaron a coger, ¡pero era un tipo tan grande que no cabía en el maletero del coche! Y como se resistió, llegaron los gendarmes y se desbarató el asunto”. Y, como recapitulando, precisa que “hay que guardar las formas, claro. Si la policía francesa ve a un tipo chillando que lo están intentando meter en el maletero de un coche…”. Qué chapucillas, parece pensar el exministro.

Los que, siguiendo órdenes de la cadena de mando, intentaron meter al pesado etarra en el maletero de un coche en las calles de una ciudad francesa eran un inspector y tres miembros del GEO, el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional. Pero, claro, el etarra pesaba más de cien kilos y chillaba como un demonio, y la operación fracasó. El etarra, libre, y los cuatro policías, detenidos y sometidos a juicio. Un desastre.

Los terroristas de los GAL, financiados por el Estado, se empeñaron también en secuestrar a un ciudadano francés, Segundo Marey, que no tenía nada que ver con ETA. Ahora, Barrionuevo nos dice que él dio la orden de liberarlo, y la pregunta que desde nuestra inocencia nos hacemos es quién dio la orden de secuestrarlo.

“Pepe”, como conocían al exministro, demuestra su magnanimidad en aquel caso. “¡Claro! Y lo sueltan al noveno día. Lo ponen al otro lado de la muga, como dicen ellos. Y le dicen: ”¡Corre p’alante y da gracias a Dios, si existe!“. Hablamos del ministro del Interior, ¡Qué cosas!

La orden de aquel secuestro quedó clara en el juicio. Fue el propio ministro del Interior, que luego recurrió la sentencia ante el Tribunal Constitucional, y este tribunal recordó que “según el relato de hechos probados de la resolución impugnada, el recurrente, que era entonces ministro de Interior, en colusión con otros mandos políticos y policiales de su Ministerio, autorizó, financió con fondos públicos y dirigió el secuestro en Francia de un supuesto miembro de la organización terrorista ETA que, por error, se ejecutó sobre la persona de otro ciudadano que allí residía (don Segundo Marey Samper). Dicha acción fue llevada a cabo, inicialmente, por sicarios franceses financiados por agentes de la policía española con cargo a los fondos reservados del Ministerio de Interior. El secuestrado fue trasladado a España y se le mantuvo oculto en una cabaña en la Comunidad Autónoma de Cantabria, bajo la constante vigilancia de policías españoles, y se extendió a lo largo de los días 4 a 13 de diciembre de 1983”.

“¡Corre p’alante!”, dice Barrionuevo que le dijeron. Claro, acojonado. Marey, fue diagnosticado de cáncer pocos meses después del secuestro, del que salió en condiciones lamentables. Salió de las manos del terrorismo de Estado para caer en la quimioterapia. Murió de cáncer en 2001.

Por ese secuestro fueron condenados a diez años de prisión el ministro del Interior, José Barrionuevo; el director de Seguridad del Estado, Rafael Vera, y el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal. Junto a ellos fueron condenados otros funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El 23 de diciembre de 1998, el presidente José María Aznar otorgó un indulto parcial a los condenados. Barrionuevo entró en prisión en septiembre de 1998 y salió en diciembre de ese mismo año. Tres meses por el secuestro de un ciudadano francés libre de toda sospecha. 

Se dirá, es que Barrionuevo estaba sometido a una gran presión. Y, sí, es cierto. ETA golpeaba ayer, hoy y mañana, y no se le puede pedir mesura al hijo de una víctima cuyo cuerpo queda destrozado por un coche bomba. Pero si algo se le exige a un ministro de Interior es mantener el rumbo en las situaciones complicadas, tener la certeza de que la solución está en la legalidad, de que quien tiene que dar ejemplo es el propio Estado. “Quien defiende un terrorismo está deslegitimado para condenar otros terrorismos”. Se lo ha dicho a Barrionuevo el colectivo de víctimas Covite.

Alguien estará pensando en que hay que hacer callar a Barrionuevo. En la siguiente entrevista, a poco que el entrevistador le pille el punto, el exministro canta La Traviata y nos enteramos de la verdad, toda la verdad. De la X, de la Y y de la Z.

Es lo que tiene saltarse la ley. Hay que tratar de explicar lo inexplicable, como lo hace ahora Barrionuevo. Los terroristas, sean de ETA o de Al Qaeda, viven de saltarse la ley, por eso no están sujetos a explicaciones. Pero el estado democrático vive de ser escrupuloso con el cumplimiento estricto de la ley. No hay otra.