Hace una semana conocimos el nuevo dictamen emitido por el Comité CEDAW (el comité que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres) en contra del Estado español por haber incurrido en violencia obstétrica. Es el segundo dictamen que este organismo realiza sobre este tema y ambos han sido en contra de España, esta vez, por hechos ocurridos en el Hospital Público de Donosti.
Una decisión que se convierte en una gran herramienta jurídica, que sin duda es resultado del trabajo que se ha venido haciendo desde el activismo social y jurídico frente a este tipo de violencia de género en España y que además llega a dar más elementos de fuerza para todo lo que aún falta por hacer. No voy a hablar aquí sobre los detalles del caso, voy más bien a hacer una reflexión sobre lo que está pasando con la violencia obstétrica en España. Pero a quien tenga interés en él le dejo aquí este artículo en donde se explica desde la narración de Nahía Alkorta -quien es la víctima en este caso- y su abogada Francisca Fernández Guillén. Y también el dictamen, por si quieren acceder a él directamente.
Un par de días después de que se emitiera la decisión de Naciones Unidas, las autoridades de salud del País Vasco expidieron un comunicado en el que lejos de reconocer las faltas y el daño causado, manifiestan que “no existió ningún daño físico o psíquico causado a la paciente como consecuencia de la asistencia prestada en el Hospital Universitario de Donosti”. Esto inevitablemente me ha llevado a recordar aquel comunicado del Consejo General del Colegio Oficiales de Médicos de España en el que afirmando que ese “concepto no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país” y que además su uso los criminalizaba.
Pues bien, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha encargado ya de eliminar cualquier resquicio de duda sobre si se puede o no hablar formalmente de violencia obstétrica. No solo hay una construcción jurídica enorme que respalda esas reivindicaciones por la salud y el derecho a una vida libre de violencias y discriminaciones, que envuelven la lucha por la eliminación de la violencia obstétrica; sino que hay informes y dictámenes oficiales de diversos organismos de derechos humanos, en donde se reconoce como tal.
La postura de negar los malos tratos, las prácticas abusivas e injustificadas que se realizan en los cuerpos de quienes afrontan un embarazo y un parto no sirve más que para acrecentar el problema. Negar que la violencia obstétrica existe no es otra cosa que la manifestación deliberada de negar los derechos humanos de las gestantes. Sobreponer el poder y el paternalismo médico sobre el miedo y el dolor de las mujeres, además de egoísta resulta sumamente irresponsable. Se requiere un análisis profundo y estructural de la formación y la práctica médica. Muchísimas profesionales del ámbito de la salud ya trabajan en ello, nadando contra la corriente mientras las instituciones médicas se resisten a hacerlo.
Sin embargo, la cuestión de la violencia obstétrica no se reduce a eso. Se requiere que el Estado y la sociedad comprendan que esto es un asunto de derechos humanos. Es decir, la responsabilidad de lo que sucede con las mujeres y personas gestantes, no se reduce exclusivamente a lo que ocurre en una sala de partos. Se trata también del acceso efectivo que se ha tenido a la atención sanitaria a lo largo del proceso gestacional. Que no hayan sufrido prácticas discriminatorias, racistas o segregacionistas. Que hayan podido trasladarse sin problema a su lugar de consulta a pesar de vivir en una zona rural o que tener una discapacidad no les haya supuesto barreras de acceso de algún tipo. Que todas indistintamente de su color de piel o su documentación, puedan ver garantizada su salud sexual y reproductiva.
Es hora ya de que se entienda, aunque las presiones institucionales insistan en negarlo y en conseguir que no se incorpore en la ley, que la violencia obstétrica existe, que ese es su nombre y que es responsabilidad del Estado garantizar su eliminación. Esto no es un asunto de forma y mera enunciación, se trata de la defensa de la salud y la vida de quienes viven un embarazo, un parto y un puerperio y eso no se puede someter a debate. La violencia obstétrica no es solo un asunto de praxis médica, es sobre todo un asunto de derechos humanos y eso es ineludible.