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No es oficio de cobardes

Pablo Iglesias a la entrada del Consejo Estatal Ciudadano.

Elisa Beni

Este verano hará 30 años que salí de la boca de metro de Callao, con una ilusión que me llenaba de nervios. Iba a entrar en el Palacio de la Prensa y a darme de alta en el Registro Profesional de Periodistas de la FAPE. He estado buscando el magnífico carné de cuero que me entregaron para escribir aquí el número correcto que me asignaron, un trece mil algo. No lo he encontrado. No lo he usado nunca. No me ha hecho falta. Lo que chuta en la vida real son los carnés profesionales que otorgan las empresas informativas, de manera que es el empresario el que concede la cualidad de profesional. Una fuente de problemas que no se pudo solventar. Luchamos para colegiarnos, como las demás profesiones liberales, pero no nos dejaron. A los grandes grupos de prensa no les interesaban unos periodistas protegidos por la colegiación. Hubieran tenido que aceptar unas remuneraciones y unos derechos mínimos. No interesaba y no se hizo.

Dejé hace mucho de pagar cuotas. Nunca una asociación ha hecho nada por mí ni por ningún periodista de mi entorno. Tampoco los sindicatos ni cuando aún tenían mando en plaza. No les interesaba. Defender los derechos de los periodistas en un conflicto con las empresas les hubiera enfrentado a los medios y eso les perjudicaba. Necesitaban a los medios para el resto de sus acciones en favor de los otros trabajadores.

El poder está en los medios, como verán. Si tu medio te respalda, poco te importan las presiones. Unas presiones que normalmente se vehículan desde el poder a través de tus propios jefes. Así que si algo teme un periodista es que el poder exija a su medio su cabeza, porque se queda en la calle.

No entiendo pues que el problema de los colegas redactores con Podemos, de existir, no se solucione con el apoyo de sus empresas informativas. Si te ningunean o te faltan o te putean pero tu medio te respalda, no tienes problema alguno. El problema se produce, me parece a mí, cuando te encuentras entre la espada y la pared, es decir, cuando tu medio te presiona por un lado para que informes o te autocensures en un sentido y el objeto de tu información te presiona porque les parece injusto el trato que reciben. Ahí sí vas jodido. Y puede que esa sea la trayectoria real de los tiros en el asunto de Podemos.

En ese supuesto, conseguir que una asociación profesional, aparentemente neutra, se pronuncie contra un partido parlamentario puede ser una solución. Si tus empleadores están por darle estopa a Podemos, nada mejor que dársela de esta forma novedosa para no tener problemas en el curro y permitir además unas portadas que, me van a perdonar, también podían haber hecho sin la APM sólo que no hubieran tenido tanta fuerza.

Un periodista no puede usar el anonimato para hacer una denuncia de este tipo. No es este oficio de cobardes. Poner cada día la firma bajo un texto, o ponerle voz o cara, es un ejercicio en la cuerda floja. No voy a negar que Podemos tenga que hacerse mirar la intolerancia de muchos de sus seguidores con las opiniones que les son adversas. Yo misma vivo la esquizofrenia de que unos me llamen podemita y otros, afines a Podemos, me traten de afecta a la trama cuando no les gustan mis posicionamientos. Poco es eso para afectar a tu independencia.

Si de lo que están hablando es de “amenazas” y “coacciones” que responden a la definición real que tienen esas palabras, en ese caso lleva razón Pablo Iglesias, es al juzgado adonde deben ir con sus nombres y apellidos porque no se lo admitirían de otra forma. Si es de otra cosa, no falten a los periodistas que hasta han muerto en el empeño, llamándose “héroes” a sí mismos.

Lo que no resulta aceptable es acudir protegidos por el anonimato a hablar con unos cuantos miembros de la Ejecutiva de la Asociación de la Prensa de Madrid y que estos en secreto y sin oír otra versión juzguen, condenen y amparen convirtiéndose a la vez en jurisdicción y Tribunal Constitucional, pero sin ninguna de sus garantías.

Prego sabe perfectamente que en un país democrático la Justicia es pública y se imparte con publicidad porque lo contrario permite sustraer del control de la sociedad lo que en la misma se dirime como sucede en las dictaduras; y que la Justicia es contradictoria porque sin las dos versiones de los hechos y la posibilidad de la parte acusada de ejercer su defensa, no hay justicia posible. Sabedora de ello y con el sólo respaldo de su palabra se convierte en tribunal y acusa a un partido político, que representa a cinco millones de españoles, de cometer delitos y de mantener actitudes antidemocráticas inadmisibles. No nos da más datos porque, dice, se acoge al deber de proteger las fuentes, un derecho constitucional que está reservado exclusivamente a la figura del periodista. Una asociación profesional como persona jurídica no se beneficia de los derechos que por su cualidad disfrutan sus miembros. Otro desliz. Lo hace además sin el asentimiento de parte de su junta directiva, de esa que no le hubiera aceptado hacer público un comunicado en esos términos.

No soy miembro de la APM, ya se lo dije, así que no me representan. Eso sí, desde aquí, planteo que la dimisión de tales representantes debería ser un tema a estudiar por los compañeros que sí pagan sus cuotas. Los periodistas como colectivo no pueden hablar desde el oscurantismo, el anonimato o desde la defensa de unos intereses concretos. O no deberían.

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