El lunes de esta misma semana se han cumplido dos años de una de las leyes más crueles, injustas y repugnantes de todas las que ha aprobado el PP. El Real Decreto 6/2012 que dejó sin tarjeta sanitaria a unas 800.000 personas, la mayoría inmigrantes sin permiso de residencia, pero no sólo a estos.
Desde entonces se pueden contabilizar tres personas muertas, literalmente por decreto: Alpha Pam, un inmigrante senegalés que falleció de tuberculosis en Baleares; Soledad Torricos, boliviana, por gripe en Valencia; y Jeanneth Beltrán, nicaragüense, que con una enfermedad renal murió tras esperar cuatro horas a ser atendida en las urgencias del Hospital de Toledo. Puede que haya más. Fueron personas a las que, literalmente, se borró; son invisibles y mueren como invisibles.
El decreto no buscaba ahorrar, sino acostumbrar, disciplinar. La exclusión sanitaria es sólo el primer paso para que la ciudadanía vaya, poco a poco, dejando de considerar la sanidad pública como un derecho. El decreto, supuestamente, garantizaba la atención en urgencias y a las embarazadas. Hace muy poco hemos leído de una mujer que ha sufrido un aborto tras negársele dicha atención en Valencia. Y en urgencias se exige en múltiples ocasiones la firma de un compromiso de pago para recibir atención. Esto es ilegal, pero también nos están acostumbrando a que la legalidad sólo nos incumbe a nosotros, a la gente corriente, a los que podemos ser castigados por esta. Este partido repleto de delincuentes, que viola constantemente las leyes, no se siente concernido por legalidad alguna.
Excluir de la sanidad pública a los más vulnerables es una medida más de las muchas que se están tomando para ir, poco a poco, vaciándola tanto en recursos humanos como materiales, recursos que se traspasan a la privada. Es un desgüace controlado en el que mucha gente hace buenos negocios. La Comunidad de Madrid, nos enteramos ayer, destina siete millones de euros para el cáncer a un hospital de gestión privada, el hospital de Torrejón, que el año pasado atendió a 145 pacientes. Mientras, el Hospital público Príncipe de Asturias atendió a seis veces más enfermos de cáncer pero carece de unidad de radioterapia.
Hemos visto cómo, también vulnerando varias leyes, las historias clínicas se “cedían” desde los hospitales públicos a los privados y los pacientes que se niegan a ser atendidos en ellos son castigados con el último puesto en la lista de espera. Comida que parece comida para perros, cucarachas, techos que se hunden, enfermos en los pasillos durante días, sábanas con restos biológicos, aires acondicionados que no funcionan a 40º e incluso recién nacidos que no pueden respirar por la temperatura.
La Marea Blanca opuso una resistencia heroica al gobierno del PP en la Comunidad de Madrid pero su éxito es parcial. La privatización es un hecho en gran parte de la red y sólo han paralizado una parte de ella. Recordemos que la privatización la comenzó el PSOE y que no ha dejado de expandirse desde entonces, aunque el Partido Popular le ha impuesto a la misma velocidad de crucero y no sólo privatiza, sino que excluye a personas, la degrada lo que puede, la vende a sus amigos. Cuando la sanidad sea un derecho sólo de los que tienen trabajo legal, como en EE.UU, ésta se convertirá en una potentísima arma de negociación (por llamarlo de alguna manera) en manos de los empresarios. Con tal de tener un seguro médico más o menos decente para su familia la gente estará dispuesta a trabajar aun más barato.
Decía el otro día Jorge Moruno en un artículo que “se pierden derechos porque se pierde fuerza para sostenerlos”. Es cierto, y en esta funesta etapa nos encontraron sin fuerzas; esas que ahora parece que, quizá, estemos recuperando. Preparando el momento en que volvamos a tener la fuerza suficiente como para recuperar nuestra sanidad pública, lo que no podemos hacer es olvidar. No nos acostumbremos, no lo demos por inevitable, no olvidemos que la sanidad es un derecho básico. Que hay gente que vive aquí, con nosotros y nosotras a quien, estando enfermo, le niegan la asistencia en un hospital porque no tiene dinero para pagarla. Gente que muere porque le quieren cobrar antes de atenderla.
No olvidemos que si no encontramos la fuerza para recuperarla ahora, llegará el momento en el que muchos de nosotros y nosotras nos veremos en la misma situación; que ya hay gente que no recibe su tratamiento para la hepatitis C, que hay gente que no puede pagarse sus medicamentos contra el cáncer. No olvidemos ni por un momento que esta situación no se debe a una catástrofe natural, a una guerra, a un desabastecimiento producido por no se sabe qué causas…se debe, simplemente, a que se están repartiendo el negocio. Nuestras vidas son su negocio.