Desde Euskadi observo con preocupación la práctica congelación de un proceso de paz y convivencia cuya existencia, claro está, es negada por el PP vasco. Y la decisión del Tribunal Constitucional, asumiendo los argumentos jurídicos y “políticos” del fiscal, para mantener en la cárcel a Otegi, Díez y otros, es un eslabón más que alimenta una política inmovilista de Rajoy en la que priman los intereses electorales y la cohesión del PP frente al interés de un Estado democrático que buscaría garantizar la disolución total de ETA tras producirse su deslegitimación y derrota.
Es innegable que desde la razón política y analizando la trayectoria y posición de Otegi en los años anteriores a su entrada en la carcel en 2009, de acuerdo con unos supuestos legales pensados para el periodo de terrorismo y de justificación de la violencia por su brazo político, no puedo compartir los argumentos para que siga en prisión. Porque es cierto que, bien por conveniencia o supervivencia del ilegalizado movimiento abertzale radical o bien por conviccion moral tardía, Otegi trabajó en aquel mundo confuso de HB-ETA por lograr el cese de todo tipo de actividad violenta.
La realidad vasca se ha transformado y la paz se va instalando en la calle con sus contradicciones y heridas. Pero la legislación sigue ahí porque tampoco ETA se ha disuelto y existen otros fenómenos terroristas que amenazan a la sociedad democrática. Eso no justifica que el Gobierno de Rajoy se instale en el inmovilismo cuando se trata de activar el proceso de paz. Porque el PP se niega a participar en la Ponencia de Paz del Parlamento Vasco, despreciando el gesto básico del diálogo. Es el PP quien bloquea otra política penitenciaria, prudente y legal que permita la reinserción social e individual de los penados y su progresivo acercamiento a cárceles del País Vasco, medidas constitucionales.
Otegi ha cumplido ya más de la mitad de la condena, por cierto rebajada por el Tribunal Supremo respecto de la sentencia de la Audiencia Nacional. Y si me sitúo en la nueva realidad, no acierto a explicar su condena por “colaboración con organización terrorista”. Por lo menos no en clave política. Ni comparto que la suspensión provisional de su condena, hasta que el TC decida sobre el recurso de amparo, atente contra la paz social o que exista riesgo de fuga. Es más, con todo respeto me parece una paradoja que el mismo TC haya legalizado a Sortu y mantenga en la cárcel a su principal ideólogo.
Somos mayoría quienes reconocemos que esta es una etapa histórica y pedimos a las instituciones y partidos que estén a la altura de las circunstancias y sean conscientes de la necesidad de construir la convivencia cada día. Es un proceso complejo en el que debemos ir tejiendo complicidades con paciencia y prudencia, sí, pero a la vez manteniendo la unidad de los demócratas. Porque afianzar una “Paz con Memoria”, evitando que reescriban la historia del sufrimiento causado por ETA, supone luchar por el recuerdo y reconocimiento a todas las víctimas, en especial a las de ETA, lograr el reconocimiento por parte de ETA del dolor causado, la entrega de las armas y su disolución final. Y nada de ello precisa de la permanencia de Otegi y Díez en la cárcel. Que hagan fuera su papel; no les demos razones para el victimismo.