Pablo González Yagüe lleva arrestado, encarcelado, en Polonia desde el pasado 28 de febrero, esto es, desde hace casi ocho meses. Bien merece esta situación algunos comentarios que yo no había hecho aún.
Como es bien sabido ya, el periodista Pablo González acudió a Polonia para cubrir la crisis humanitaria derivada de la invasión rusa de Ucrania y, más concretamente, sobre el éxodo de la población ucraniana, según se ha dado a conocer. Motivado seguramente por su curiosidad innata de informador, su gran conocimiento del terreno como politólogo y su vinculación personal con Rusia -leo que tiene nacionalidad doble ruso-española, que es nieto de un “niño de la guerra”, que nació en Moscú y que allí permaneció hasta los nueve años, cuando vino a Bilbao y de allí a Cataluña-.
Y allí, en Polonia, fue detenido acusado de un delito de espionaje para Rusia. Como es evidente, carezco de cualquier elemento de conocimiento de las concretas actividades de Pablo González, por lo que difícilmente podría pronunciarme sobre si ha cometido o no algún delito. Pero, al mismo tiempo, pese a esta ignorancia, sí que puedo hacerme eco de su tremendamente injusta situación -como otras similares, por otra parte-.
Una situación que comienza con un arresto provisional prolongado desde aquella fecha, y que volverá a ser revisado a finales de noviembre, tras haber sido prorrogado ya en dos ocasiones por el tribunal polaco correspondiente. Hasta aquí, casi todo 'normal', en el sentido de que también en España y en otros países de la UE existe la figura de la prisión provisional en circunstancias similares a la que se aplica a González.
Pero existen peculiaridades notables que hacen que este caso sea verdaderamente llamativo e injusto. De un lado, el desconocimiento de las concretas diligencias de investigación que se estarían llevando a cabo, así como su resultado, en su caso. De otro, la situación de incomunicación prácticamente total en la que se halla, a tenor de las denuncias de su mujer, Oihana Goiriena, según la cual Pablo González permanece encerrado 23 horas al día en su celda; solo sale una hora a un pequeño patio y sufre tratos vejatorios, sin poderse comunicar con nadie, salvo algunas pocas visitas que ha recibido del cónsul de España y de su abogado polaco y unas pocas cartas que ha podido cruzarse con su familia, y con muy graves problemas para comunicarse eficazmente con los dos letrados que llevan su defensa jurídica.
Una verdadera situación de persecución por el ejercicio de su profesión de periodista, a tenor del concreto modo en que su arresto está desarrollándose, en el que se vulneran a su vez sus derechos a un proceso judicial justo -en el marco del cual se incardina su derecho a la defensa- y a la libertad y, cómo no, su derecho a informar.
Tanto es así que el propio Pablo González ha dirigido ya una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunciando varias vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la falta de garantías de justicia mínima en este proceso. Y su esposa ha presentado también una solicitud al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a fin de que examine su caso, que se considera arbitrario y constitutivo de una desaparición forzosa, en los términos que para ello se prevén por dicho organismo.
A la espera de la resolución de estos cauces de denuncia, que es de esperar se ventilen con prontitud, Pablo González sigue padeciendo esta situación.
Y, entretanto, el Consejo de Europa denunció ya en marzo pasado esta detención, en iniciativa similar a la de un grupo de eurodiputados y otros grupos y asociaciones de periodistas. Y, también entretanto, Pablo González ha recibido el Premio de Periodismo Vasco 2022 'José María Portell' a la libertad de expresión, así como la solidaridad reivindicativa de profesionales y de la ciudadanía.
Reconocimientos y reivindicaciones ajustados, desde luego, al sentir de una buena parte de la sociedad. Porque nos va mucho en ello. Porque mi derecho a la información, plasmado en la Constitución y en textos internacionales varios del más alto nivel, depende del trabajo libre de profesionales como Pablo González y de su propio derecho a comunicar las informaciones que logran con su actividad. Y porque de la real efectividad de estos derechos depende, a su vez, la existencia de la propia democracia, de una democracia profunda y verdadera, basada en el conocimiento, la libertad y la crítica cabal de instituciones y decisiones de todo tipo.
Ciertamente, el derecho a la información -a proporcionarla y a recibirla- es un derecho político por excelencia, sin el cual la participación ciudadana en los asuntos públicos y la respuesta a las actuaciones de los poderes no serán nunca efectivas ni tendrán el alcance preciso para una democracia de calidad.
Por eso, la situación de detención provisional prolongada y en los términos descritos resulta claramente atentatoria a sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a un juicio justo, a su vida privada y familiar, y a informar. Y atenta directamente también a mi derecho ciudadano a recibir información veraz a través de los ojos y los oídos de Pablo González.
Ha habido también quejas doloridas procedentes del entorno de González en relación a la actitud pasiva del Gobierno español. Desconozco los detalles, pero, sea como sea, es urgente intervenir. Si el Gobierno ya lo está haciendo, que continúe hasta lograr su libertad y, en todo caso, hasta que tenga un juicio justo. Si no lo está haciendo, que se ponga a ello con seriedad, como parecen indicar las declaraciones del ministro Albares de este mismo mes de haber contactado recientemente con su homólogo polaco para que Pablo González tenga un juicio justo lo antes posible. Pues a lograrlo, porque nos va mucho en esto. Nos va, en realidad, nuestra libertad.