Pablo González Yagúe ha estado encarcelado en Polonia desde el 28 de febrero de 2022, esto es, durante dos años y cinco meses, en condición de preso preventivo en arresto provisional prolongado por un Tribunal polaco tras varias revisiones. Ha sido, en mi opinión, una situación tan grave que es ésta la tercera ocasión en que escribo al respecto en este mismo medio, esperando sea la última.
Podrá pensarse, y con razón, que de lo hasta ahora dicho nada “anormal” se desprende, toda vez que tanto en España como en los restantes países de la UE – por centrarme en este espacio - existe la figura de la prisión provisional. Cierto, así es. Pero también lo es que en el caso de Pablo González concurren circunstancias tan particulares que permiten calificar esta situación de absolutamente irregular e injusta.
Y es que, en todo este tiempo, no se ha tenido conocimiento de las concretas diligencias de investigación que se habrían podido estar llevando a cabo, ni menos aún su posible resultado, claro. A lo que se añade el hecho de haberse hallado “a la espera de juicio”, de manera indefinida, al no haber límite a la situación de prisión provisional en dicho país. Sin olvidar la situación de incomunicación y aislamiento prácticamente total en la que ha estado, encerrado 23 horas al día en su celda, saliendo solamente una hora a un pequeño patio y sufriendo tratos vejatorios, sin poder comunicar con nadie, salvo algunas pocas visitas que habría recibido del cónsul de España y de su abogado polaco y unas pocas cartas que ha podido cruzarse con su familia, y con muy graves problemas para comunicar eficazmente con los dos letrados que llevan su defensa jurídica, todo ello a tenor de las denuncias de su mujer. Denuncias a las que ahora se unen, de manera personal y directa, las del propio Pablo, que ha denunciado, según leo en algunos medios, haber sido “amenazado, presionado” y que incluso “le sugirieron suicidarse”, así como que solo le permitieron reunirse con su abogado nueve meses después de ser detenido.
Siempre he dicho, en relación con este caso, que desconozco absolutamente la actividad de Pablo González, salvo lo que ha sido publicado, esto es, que habría acudido a Polonia para cubrir la crisis humanitaria derivada de la invasión rusa de Ucrania y, más concretamente, el éxodo de la población ucraniana, y ello, en su labor como periodista y por su particular conocimiento del terreno como politólogo y por su vinculación personal con Rusia – ya era notorio, y aún ahora lo es más, que tiene nacionalidad doble ruso-española -, que es nieto de un “niño de la guerra”, que nació en Moscú y que allí permaneció hasta los nueve años, en que vino a Bilbao y de allí a Cataluña -, que ha hecho su vida y que trabaja como periodista.
En todo este tiempo, en Polonia, ha estado preso “acusado” de un delito de espionaje para Rusia – el entrecomillado es porque no ha habido nunca una acusación formal en este sentido -. Solo puedo decir a este respecto, como lo he hecho anteriormente, que ignoro si Pablo González ha podido cometer o no algún delito. Ignorancia que no ha sido corregida en absoluto para mí por los últimos acontecimientos, esto es, por su liberación en el modo en que ésta se ha producido. En todo caso, con delito o sin él, lo cierto es que no cabe desconocer la irregular e injusta situación en la que se ha hallado – como otras similares que padecen otras muchas personas, desde luego -.
Existen muchas y razonables dudas sobre la actuación de la justicia y la fiscalía polacas, así como la posición de Polonia en el seno de la OTAN y todo el entramado político en el que este caso se enmarca. Yo no me atrevo siquiera a sugerir nada al respecto, pues ello sería una auténtica temeridad por mi parte. Ahora bien, es de constatar que Pablo González ha sufrido una persecución injusta, dados los términos de su encarcelamiento.
Es también de destacar el escaso eco que ello ha tenido en las instituciones de la UE y de sus Estados miembros y, particularmente, de España, cuya inacción ha reprochado su familia. Algo que llama poderosamente la atención y que solamente sería explicable desde la perspectiva de “alta política” internacional y de las relaciones de la UE con Rusia, pero, en todo caso, absolutamente reprochable desde el punto de vista de la defensa de los derechos de Pablo González y de los de toda la ciudadanía.
Y ahora, el pasado 1 de agosto, González ha sido liberado en el marco de un intercambio de prisioneros entre varios países europeos y EEUU, de un lado, y Rusia, de otro lado. Liberación que ha generado un buen número de comentarios y artículos – infinitamente más, desde luego, que los que generó su situación de prisión -, muchos de ellos concluyendo ahora de manera definitiva que González era, en efecto, un espía ruso. No lo sé; no tengo modo de saberlo. Y, ¿qué quieren que les diga?, no me importa. Matizo: me dolería y me parecería absolutamente rechazable que un periodista utilizara su posición para desarrollar actividades de espionaje para cualquier país, pero en este momento, para mí no se trata de esto, sino de defender las libertades y los derechos de todas las personas.
Y si Pablo González es o ha sido un espía ruso, defiendo igualmente sus derechos, derechos que han sido pisoteados en estos 29 meses de prisión preventiva en una cárcel de Polonia, en la propia UE, en las condiciones antes indicadas y sin ser acusado formalmente de delito alguno y sin que consten diligencias de investigación ni sus conclusiones. Con el vergonzoso silencio de la UE y del propio Estado español, incluso si González era más espía que periodista – o solamente espía -, pues sigue teniendo derecho a un proceso judicial justo y a que este derecho se defienda desde todas las instituciones.
Termino como comencé: Pablo González Yagüe es libre; me alegro por él y su familia, dada la injusta situación de prisión sufrida. Espero que consiga superar lo padecido. Y, lo que es quizá más importante, es también inocente, pues ningún Tribunal ha declarado lo contrario. Ya saben, eso de la “presunción de inocencia”, un derecho humano y fundamental, también debe aplicársele, se opine lo que se opine sobre sus actividades, hasta tanto haya una condena firme por algún delito.