Ha sido la pasada una semana potente, con varios escenarios de la máxima relevancia. Uno de ellos, el de los pactos o acuerdos para la renovación de varios órganos constitucionales y no constitucionales. Acuerdo que merece alguna reflexión.
No puede negarse la necesidad de acuerdos para renovar algunos de estos órganos, dadas las mayorías parlamentarias requeridas, como esos 3/5 para la propuesta de cuatro miembros del Tribunal Constitucional por el Congreso y otros cuatro por el Senado, en mayoría similar a la requerida para proponer los miembros del Consejo General del Poder Judicial o para designar los miembros del Tribunal de Cuentas en número de seis por el Congreso y otros tantos por el Senado.
No negaré tampoco que el desbloqueo del proceso para la renovación de estos órganos es importante por imprescindible. Ciertamente, no puede mantenerse una situación como la que estamos viviendo, en la que órganos de tal relevancia tienen sus mandatos total o parcialmente caducados largamente por razones varias, entre ellas, sin duda, el hasta ahora interés del PP en conservar una determinada posición.
No, no es una situación sostenible. Por tanto, proceder a estas designaciones supone volver a una normalidad democrática que nunca debió perderse.
Ahora bien, no todo es tan positivo, en absoluto. Y aquí va alguna reflexión sobre algunas de las cuestiones que me preocupan sobremanera. Y son, precisamente, cuestiones relativas al propio fondo, que tienen que ver con la esencia de la democracia y que generan, en mi opinión, un “pecado original” de difícil reparación, aunque, como es tristemente habitual, de fácil olvido.
Y todo ello, al margen del resultado de tales negociaciones y pactos, de las personas que, si nada “falla”, serán las propuestas o designadas, y de su valía o méritos para los puestos en cuestión. Y también al margen del procedimiento concreto y de los debates acerca del modo más adecuado de designación de las doce vocalías de procedencia judicial del CGPJ.
Me refiero al acuerdo conocido el pasado jueves, al pacto en sí mismo. Un pacto cuya finalidad ha de ser la propuesta o designación por las Cámaras Parlamentarias. Y, entonces, ¿acuerdo entre quienes? Resulta claro, a mi entender, que estas funciones de propuesta o designación de miembros de estos trascendentales órganos son esenciales en la vida parlamentaria, que no tiene por función constitucional solamente la elaboración de las leyes o el control del Gobierno.
Y, así las cosas, por lo que hemos conocido, hasta el momento se ha hurtado al Parlamento el ejercicio pleno, cabal y responsable de esta función. Porque no, no ha sido un acuerdo trabado y negociado entre grupos parlamentarios, que sería lo procedente, lo único procedente, sino un acuerdo entre un gobierno y un partido político. Y así ha sido a la vista de la identidad de las personas negociadoras y de la cualidad en la que lo han hecho –Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, y Teodoro García Egea, Secretario General del PP–. Cierto que ambos “representarían”, en términos coloquiales habituales, a tres fuerzas políticas, o sea, al PSOE y a UP, del lado del Gobierno, y al PP. Y, a su vez, según parece, supondrían una mayoría suficiente para las propuestas o designaciones de referencia.
Digo, según parece, porque, por higiene democrática, en estos momentos, aún no debiera estar en modo alguno claro que un acuerdo de esta naturaleza no fuera realmente debatido en el seno de los grupos parlamentarios, incluso, naturalmente, de los que más se identifican con los partidos referidos. Y ello porque ya debiera ser bien evidente, desde un punto de vista estrictamente democrático y también jurídico, que un grupo parlamentario no se corresponde necesariamente con un partido o que en un grupo parlamentario puede haber representantes independientes cuya voz y voto deben ser también relevantes. Algo que, desde luego, no ocurre por lo general.
Porque, ¿qué se reserva para el debate parlamentario, para que la tan cacareada “representación de la soberanía popular” participe seriamente en tales designaciones? ¿Qué papel va a tener realmente el Parlamento? ¿Se le reservará un “teatrito” para el examen de los méritos o profesionalidad de las personas candidatas? ¿Y si resultara que alguna de ellas no demostrara tal valía en sede parlamentaria o si así se apreciara? ¿Cuál es realmente el margen de actuación de las Cámaras? Pues lo cierto es que ninguno, pues van a limitarse, y no es arriesgado aventurarlo, a “bendecir” acríticamente una decisión de sujetos distintos al propio Parlamento.
Se trata de una cuestión relevante de, al menos, “estética democrática” que ha de preservarse necesariamente, so pena de confusión ciudadana, desprestigio institucional y deslegitimación del Parlamento. ¿Tanto cuesta dejarlo en sus manos, sin estas injerencias, siquiera solo aparentemente, para evitar sonrojos innecesarios?
Y no es la primera vez que algo así sucede, en absoluto. Lo que no lo hace menos grave, sino todo lo contrario. Porque persistir en los errores no es sabio ni útil ni práctico. Porque persistir en este tipo de errores significa ahondar aún más, si cabe, en graves déficits de funcionamiento institucional democrático de los poderes del Estado. Aún recuerdo –y no quisiera olvidarlo nunca– dos episodios idénticos y tremendos, solamente por ejemplificar lo que afirmo.
El primero se produjo en septiembre de 2008, cuando el entonces Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero comunicó al PP y anunció públicamente que el Presidente del CGPJ y del TS sería Carlos Dívar. El segundo ha ocurrido diez años después, en noviembre de 2018, cuando PP y PSOE cerraron un acuerdo que hicieron público para que Manuel Marchena fuera quien presidiera el CGPJ y el TS, acuerdo luego frustrado por un muy vergonzoso incidente.
Acuerdos y anuncios que debieran abochornar a cualquier demócrata y que merecerían una contundente petición de dimisión de sus factores. Nada más y nada menos que porque, para los ejemplos citados, prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial que será el propio CGPJ el que, en su sesión constitutiva, elija a su presidente. Pues bien, me cuesta sinceramente calificar la posterior elección de Carlos Dívar como Presidente en una sesión del CGPJ que no puedo sino tachar de mero paripé vergonzante al limitarse a bendecir, sin votos en contra o abstenciones, lo ya decidido por el Presidente del Gobierno.
Algo parecido ocurrirá en pocos días con la que solo puede calificarse de “ratificación” parlamentaria de los acuerdos indicados..
Y así, ratificando y bendiciendo lo decidido por quienes no tienen ni competencia constitucional ni legitimidad para ello, se nos pasa el tiempo y la vida. ¿Alguien da más?