Hay jueces durmiendo en las calles de Islamabad y otro que ha tenido la fortuna de encontrar trabajo en una carpintería acarreando materiales para subsistir. Hay un juez con su familia dando tumbos por Estambul y una juez a la que se le acaba el plazo que le han dado en Atenas para permanecer legalmente. Hay un juez al que han detenido y deportado porque no tenía papeles en regla.
Todos ellos son afganos. Juzgaron a talibanes, a bandas de crimen organizado de los señores de la guerra, a corruptos y contribuyeron a intentar forjar esa entelequia que occidente planteó en su país. Todos ellos tienen otra cosa en común: recibieron de forma informal la palabra española de que, una vez concluida la operación de evacuación aérea, serían atendidos por España si por sus medios lograban escapar de Afganistán y llegar a una embajada española. Esa fue la solución que desde Exteriores se dio, a través de las ONG que mantenían el contacto con ellos sobre el terreno, cuando la realidad de la entrega del aeropuerto se cernió sobre la buena voluntad española de socorrer al que estuviera en peligro. Mediante ese sistema y con esas organizaciones, y gracias al compromiso decidido de la fiscal general española, logramos traer a España al fiscal general del Estado afgano, que continúa en nuestro país. Se lo conté sobre la marcha en “Es jodido y es angustioso”.
La cuestión es que estas personas han logrado salir de su país, con mucho riesgo, de forma increíble a veces, con la esperanza de llamar a las puertas de una embajada española para solicitar asilo. Algo que no sólo es un deseo de España sino también una obligación marcada por las leyes internacionales, la de tramitar el asilo, lo que no significa ni siquiera estar en la obligación de concederlo, pero sí de atenderles. Alguno de ellos después de 25 días han recibido una cita. A un juez al menos le llegó tarde, lo detuvieron en las calles y lo deportaron, pero a la mayoría de ellos no se les responde ni a los correos ni a las llamadas. ¿Dónde está la palabra de España?
Tanto la organización española 14Lawyer como la International Association of Women Judges, con el apoyo de la Unión Progresista de Fiscales, han remitido por burofax y por diversos otros medios la lista de estos juristas en riesgo al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Justicia y a otros organismos implicados. La recepción ha sido diversa. Mientras que en Justicia se ha mostrado una disposición activa a hacer todas las gestiones posibles para lograr poner a salvo a los y las juristas en riesgo (redoblo el artículo porque “España no dejará atrás a ninguna mujer o niña”), no parece suceder lo mismo en Exteriores. “Las vidas de juezas, jueces, fiscales, abogadas y abogados de Afganistán se encuentran en riesgo cierto, extremo e inminente (…) en ese sentido podemos confirmar y lamentar el asesinato en Kabul en las últimas horas del fiscal Mehrabuddin y de los jueces Rafi-ud-Din Ashna y Abdul Matin. No hay mucho tiempo”, dice el memorándum que han remitido en varias ocasiones. En él recuerda que “España tiene el deber moral y humanitario (e incluso jurídico) de dar protección internacional a estos profesionales que se comprometieron con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho amparados por la Comunidad Internacional”. Hasta seis burofax se han enviado al gobierno español, con el listado de personas en peligro, por parte de esas organizaciones civiles y de voluntarios que en agosto resultaron decisivos para localizar a colaboradores y familiares y a ayudarlos a llegar hasta el aeropuerto de Kabul. Desde el 14 de septiembre está en poder de Exteriores la lista de jueces que se encuentran en situación precaria en Islamabad y que han solicitado cita en la Embajada de España. Sólo un par de ellos han sido citados, pero al menos dos abogados, dos fiscales y cuatro jueces siguen esperando esa cita. En Teherán hay dos jueces a la espera y sólo uno ha sido contactado y esperan atención también allí un fiscal y la familia de un periodista.
Las organizaciones que trabajan sobre el terreno proponen a las autoridades españolas seguir el mismo esquema que se siguió durante la evacuación de agosto: traerlos primero a través de aviones de Defensa y, posteriormente, hacer las indagatorias y entrevistas en Torrejón o lugar que se determine. “Todas las personas de las listas son quienes dicen ser”, está comprobado y así ha sido desde el principio. Yo misma tengo en mi poder copias de documentos como las identificaciones de la Fiscalía o los carnés profesionales de los jueces, sus pasaportes y otros documentos.
Se trata de asumir el compromiso de España en este drama y de cumplir también el artículo 38 de la Ley de Asilo que señala que en aquellos casos en los que una persona que no sea nacional del país en el que se encuentre se dirija a las autoridades de la representación diplomática española alegando un peligro para su integridad física, los Embajadores respectivos podrán promover su traslado a España para permitir la presentación de su solicitud conforme al procedimiento previsto. Está muy bien traer a los colaboradores directos del Ejército, que esta semana han vuelto a llegar, pero es preciso también atender a aquellos que se comprometieron con el proyecto occidental, con el establecimiento de un Estado de Derecho, y que si bien no trabajaron bajo la dirección de ningún país concreto, si lo hicieron para conseguir poner en marcha todo el proyecto.
¿Qué problema ve Exteriores a cumplir con la palabra dada verbalmente y con la legislación vigente en España? Me consta que desde diferentes negociados del Ministerio de Justicia se ha intentado agilizar el proceso. Me consta que Defensa tampoco sería el problema para llevar a cabo esta evacuación. También creo que no quieren entrar en fricciones interministeriales y espero que esto no sea a costa de la seguridad de personas de carne y hueso. Me molestaría pensar que, conseguido el éxito de crítica y público del verano, se esté limitando la acción a los colaboradores directos de España por parte de nuestros servicios exteriores.
Las desgracias tienen la dolorosa costumbre de no desaparecer con las escaletas o los TT de Twitter o las recogidas de firmas o los dolores expresados entre una caña y el sofá. Las tragedias tienen la angustiosa costumbre de perdurar: la de Afganistán, la del volcán de La Palma… todas las vidas que quedan en suspenso, todas las que se hunden en el dolor.
España tiene palabra… ¿o no?