De los muchos calificativos que está recibiendo la ley Wert: elitista, segregadora, mercantilista, etc, está ganando terreno últimamente el de clerical. Si buscamos su significado en el diccionario de la RAE, encontramos como segunda acepción: “Marcadamente afecto y sumiso al clero y a sus directrices”. ¿Está siendo el Gobierno del PP, con el ministro Wert al frente, afecto y sumiso a dichas directrices?. De entrada, que el Ministerio negocie algunos contenidos de la LOMCE con la Conferencia Episcopal y no con la comunidad educativa da pie para pensarlo. Pero además, que el resultado de dicha negociación se zanje con la introducción de una asignatura alternativa a la religión, la gran demanda de la jerarquía desde hace décadas, lo confirma.
Para intentar entender cómo en pleno siglo XXI podemos estar en esta situación que nuestros vecinos franceses resolvieron en 1882 conviene recordar el amplísimo poder que hasta hace unas décadas tuvo la Iglesia católica y el poderoso componente confesional de la derecha española.
Durante la época franquista el dictador entregó a la Iglesia el monopolio de la educación en España y, en consecuencia, la cartera de Educación siempre estuvo en manos de la llamada “familia católica”, así conocida por su cercanía a la jerarquía. La pérdida del control de la educación tras la Transición se compensó con la firma por el Gobierno de la UCD en 1979 de unos acuerdos con la Santa Sede que incluían el mantenimiento de la religión en las aulas y la facultad de los obispos para elegir a los profesores que la impartieran. A pesar de ello la elección de la asignatura está en caída libre y sólo en la última década ha perdido diez puntos porcentuales.
Esta pérdida de “clientela” y la introducción de Educación para la Ciudadanía en la LOE como materia obligatoria a la que los prelados consideran su competencia natural, llevó a los obispos a una estrategia de confrontación, a una “cruzada”, inédita hasta entonces. Encabezaron las manifestaciones de 2005 contra el proyecto de ley, fomentaron la objeción a la asignatura por parte de los padres y, a pesar de perder todas las sentencias en los tribunales, han seguido con su boicot hasta que el ministro Wert tachó a Educación para la Ciudadanía de adoctrinadora para después eliminarla definitivamente del currículum.
Aun así, la Conferencia Episcopal sigue apretando las clavijas al Gobierno de Rajoy y pretende colocar la religión en el centro del debate educativo; sin ir más lejos, hace apenas un mes el portavoz de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Martínez Camino, afirmaba en las páginas del diario ABC que la injusta regulación de la religión en España “es, sin duda, una de las causas de los malos resultados que nuestro sistema educativo cosecha en los últimos años”, afirmaciones que nos retrotraen a los más caducos contenidos de la encíclica Vehementer nos (1906) en la que Pío X condenaba la separación entre Iglesia y Estado por “sumamente nociva”.
Pero todo ello no sería posible sin una derecha absolutamente dócil con dichos comportamientos y que cada día da mayores muestras de entreguismo a las tesis de la cúpula episcopal: recuperación del valor académico de la religión; su introducción en el bachillerato como materia de oferta obligatoria; la imposición de una alternativa a la religión en primaria y secundaria (valores cívicos), contraponiendo así una asignatura cuyo contenido se nutre de valores tenidos por universales en nuestra cultura y que son la base de nuestra convivencia, con una disciplina confesional y dogmática; o la modificación ad hoc de un precepto de la LOE para permitir concertar a 79 centros (del total de 30.000 que hay en España) que separan niños y niñas.
Desde el famoso “sin complejos” de Aznar, la derecha manifiesta cada vez más a las claras su estrecho compromiso con lo más rancio de la Iglesia: aplaude los despidos de profesores de religión que se apartan de la “ortodoxia” o vincula de forma provocadora las prácticas y usos católicos a la vida política e institucional. En alguna comunidad gobernada por el PP (Valencia) se llegó a desafiar a la LOE al impartir Educación para la Ciudadanía en inglés (luego prohibido por el Tribunal Supremo), mientras en otra (Madrid) su máxima autoridad educativa era la estrella invitada en el meeting de Rímini, la cumbre anual de los seguidores de la corriente ultracatólica Comunión y Liberación. Por eso ya no extraña que la ministra de Trabajo se encomiende a la Virgen del Rocío para salir de la crisis ni que la Consellería de Educación de la Generalitat valenciana incluya en su oferta formativa al profesorado para 2013 el curso: “Apariciones y milagros de Nuestra Señora”.
La identificación con las posiciones defendidas por la jerarquía católica es una característica de la derecha española más conservadora que no se da en otros estados europeos y que ha condicionado extraordinariamente las políticas educativas en nuestro país; porque, si son difíciles de explicar en una Europa moderna las concesiones hechas a la Iglesia, también provocarían sonrojo algunas manifestaciones de miembros cualificados del PP como las de la viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Alicia Delibes, quien en su libro “La gran estafa. El secuestro del sentido común en la educación” (2006) afirmaba: “...en los últimos años de aquel régimen (el franquista) el progresismo ideológico no encontró demasiadas trabas para desarrollarse, incluso en los medios oficiales, como puede comprobarse en este campo de la educación”. Opinión que confirmaba hace unos meses (septiembre 2012) en las páginas de ABC: “El modelo socialista es muy cuestionable por una serie de prejuicios pedagógicos que nacen en mayo del 68 y entraron en nuestro sistema con la Ley de Educación de 1970”.
De todo ello se deduce que si bien el PSOE ha sido fiel al pacto constitucional que en materia de educación se reflejó en el difícil equilibrio del art. 27CE, y a los acuerdos con la Santa Sede de 1979, ha llegado el momento de pensar en modificar las reglas del juego por dos razones: por el uso abusivo que los gobiernos del PP, tanto autonómicos como estatales, han hecho de aquellas normas hasta desvirtuarlas, y porque al ser el derecho un producto histórico, ya que las sociedades en las que nace y se aplica son realidades vivas que se transforman, la España de 2013 no puede arrostrar en su educación prácticas confesionales que van contra los tiempos y que en vez de difuminarse se potencian.
Por lo tanto, la ruptura del pacto constitucional por parte del PP y la necesidad de modernizar nuestra educación deben llevar al PSOE a un compromiso firme de eliminar la materia de religión del horario escolar y, para ello, denunciar los acuerdos con la Santa Sede. En caso contrario, acabaremos todos bajo palio.