El 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la diócesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Córdoba pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres años después, en 2009. Con la misma discreción, tacita a tacita, al menos 4.500 templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo han pasado en un puñado de años a manos de la Iglesia.
Sin trabas burocráticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos complejos que una operación de este tipo tiene para el común de los mortales. Es el escándalo de las inmatriculaciones –registrar ante notario por primera vez una propiedad– a la carta (con tan solo un certificado del obispo) que un resquicio en la reforma de la ley hipotecaria en 1998 (gobierno de Aznar) dejó en exclusiva a la Iglesia Católica.
Así se las gasta esta santa institución con los dineros y las propiedades. Por eso no es extraño que se rebelen contra la posibilidad de que se les pida que expliquen con transparencia en qué gastan el dinero que reciben por su casilla de la declaración de la Renta, 251 millones en el último ejercicio. El Tribunal de Cuentas, controlado aún por el PP, se ha negado a intervenir, pero el Congreso, con los conservadores en minoría, va a exigir que lo haga.
Si tan complicado lo ponen para justificar 251 millones, imaginen qué pasará el día que tengan que justificar euro a euro los aproximadamente 11.000 millones al año que nos cuesta la Iglesia Católica a todos los españoles, creyentes o no.
Un informe de Europa Laica desgrana partida a partida de dónde sale esta cifra aparentemente tan abultada. Y aunque no es fácil de calcular, dado el oscurantismo con el que opera la institución, les ofrezco un resumen: los ya referidos 251 millones vienen de la casilla exclusiva del IRPF. Otros cien los recauda de la otra casilla, la de fines sociales. Las exenciones y bonificaciones tributarias (no pagan IBI, ni impuestos de patrimonio, sociedades, obras, etc.) les ahorran y nos cuestan a los demás alrededor de 2.000 millones. En la enseñanza, 4.900 millones (de los que 600 se nos van en pagar a profesores de religión). Hospitales, 900 millones. Funcionarios capellanes militares (sí, han leído bien), 50 millones. Mantenimiento del patrimonio, 600 millones. Subvenciones diversas, 300 millones... Así hasta los 11.000. Una pasada ¿no? Sobre todo si está fuera del control y la transparencia que sí se exigen, lógicamente, a cualquier asociación o fundación del tipo que sea, más aún si recibe dinero público.
Hace unos días, Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, entrevistado por Pepa Bueno en la Cadena SER, justificaba por qué no debían ser controlados por el Tribunal de Cuentas y defendía la vocación de transparencia de la institución: haremos lo que nos diga la Ley. Menos mal que aún no se les ha ocurrido declararse insumisos fiscales (aunque lo tendrían difícil, dado que viven en su paraíso fiscal particular).
Por cierto, Giménez Barriocanal es también presidente y consejero delegado de la COPE y, desde hace poco, presidente de 13TV, la tele de la Iglesia, que desde que nació en 2010 ha perdido más de 60 millones de euros, que han salido, año a año de la famosa casilla del IRPF (es decir, la vean o no, les guste o no, sus números rojos los pagamos entre todos). Una tele con fortuna, por cierto, el Gobierno del PP, cinco minutos antes de las elecciones del 20-D, les adjudicó un canal de TDT en abierto. ¡Ay, Mariano, lo que tienes que hacer para ganarte el cielo!