El Gobierno español ha enviado a Ucrania una comisión integrada por Policía Nacional y Guardia Civil para investigar los crímenes contra población civil enterrada en fosas comunes. El interés en investigar y desentrañar la verdad con el objetivo de buscar reparación y justicia universal es una magnífica noticia. En el siglo XXI es preciso impulsar avances en la aplicación del derecho internacional con el objetivo de aminorar la impunidad presente en tantos lugares del mundo.
Lo llamativo de este hecho es que España es un país que ha recibido varios avisos de Naciones Unidas precisamente porque sigue sin investigar -ni permite investigar a otros- los crímenes del franquismo cometidos contra cientos de miles de personas en este país. Probablemente poca gente lo sabe, pero lo cierto es que en escasas ocasiones se ha personado un juez o una comisión de investigación en las exhumaciones, que a día de hoy siguen siendo impulsadas por las familias y asociaciones, no por el Estado y las instituciones.
El esfuerzo que esto supone invita a muchas personas a renunciar al intento. Los familiares de las víctimas de la impunidad franquista se encuentran a menudo con obstáculos, impedimentos y callejones sin salida. Una democracia europea debe impedir esos malos tragos, tantos obstáculos, tanta soledad en el proceso de búsqueda de la verdad de los hechos y de la localización de los cuerpos de los desaparecidos. Como indicaba en su informe de 2014 el relator de Naciones Unidas, el modelo vigente español es el de la “privatización” de las exhumaciones, que “delega esa responsabilidad en las víctimas y asociaciones”, lo que alimenta “la indiferencia de las instituciones estatales”.
Rescatar restos de personas asesinadas y desaparecidas no debe ser concebido como una obra similar a pavimentar una carretera o modificar un trazado: requiere cuidado, respeto, atención oficial y comisiones que investiguen los crímenes. Pero el Estado español sigue sin asumir la responsabilidad de garantizar los derechos de las víctimas del franquismo, externalizando y depositando la labor de búsqueda de datos, localización de restos y exhumaciones en asociaciones privadas.
El terrible defecto de ello, más allá del mensaje que ofrece -la negación de la oficialidad de la búsqueda y de la reparación- es que este procedimiento establece categorías en función de la ubicación de las fosas: hay lugares del país en el que operan una o varias asociaciones capacitadas para buscar y exhumar con métodos científicos, pero hay otros en los que no. Si ninguna asociación solicita subvención para exhumar en un lugar determinado, no hay exhumación. Pero es que, además, esa subvención -que delega la obligación de garantizar un derecho humano en agrupaciones privadas- tienen que concederla los ayuntamientos, por lo que de nuevo surge otra dificultad, porque hay ayuntamientos que no están muy interesados en que se produzca en su localidad un proceso de esas características. Lo ocurrido con la fosa de Villadangos del Páramo (León) y los obstáculos que allí se pusieron por parte del Gobierno municipal es un ejemplo de ello.
Sin el empuje de las familias es a veces imposible lograr que la búsqueda, localización y exhumación se produzca. El Estado debe garantizar la búsqueda y las exhumaciones en todo el territorio sin excepción, creando equipos propios y prescindiendo del modelo de las subvenciones con el que evita hasta ahora la oficialidad del proceso de búsqueda y reparación.
Los derechos de las víctimas del franquismo no están garantizados en España aún hoy y así lo ha indicado Naciones Unidas. Se impide la investigación judicial -que seguirá sin estar asegurada en la nueva ley (¿cuándo se aprobará?) a no ser que se introduzcan mejoras en ella- y se carga sobre los hombros de las familias la recopilación de datos, la búsqueda y la exploración de posibles vías para exhumar.
Por eso, cuando surgen discursos políticos institucionales en defensa de algo tan necesario como la justicia y los derechos humanos, es imposible concederles la credibilidad que merecerían. Porque si no hay justicia para las víctimas españolas, estamos ante una justicia selectiva. Si hay comisiones de investigación españolas para las víctimas ucranianas, pero no para las españolas nos encontramos ante una enorme patología, llamada impunidad del franquismo, que explica tantas cosas de nuestra actualidad.