Cuando aún hay votantes que no perdonan al PSOE la reforma del artículo 135 de la Constitución, ya empezamos a comprobar algunas de las consecuencias colaterales que todos los expertos anunciaron que traería.
La intervención por parte del Ejecutivo de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid supone una constatación de la inflexibilidad que la norma fijó para las corporaciones locales -para todas, todas están afectadas- al obligarles al equilibrio cero o al superávit en cada uno de sus ejercicios y, sobre todo, de que la aplicación de tales normas quedó en manos no de órganos independientes sino del propio Gobierno. No era difícil prever que tal estado de cosas acabaría abriendo la puerta al control ideológico económico.
El artículo, reformado de prisa y corriendo por los dos principales partidos, el PP y el PSOE, cambió de un plumazo la perspectiva constitucional sobre el gasto y los presupuestos. Según García Añoveros en la Constitución “el Presupuesto es una cuestión de poder político y de equilibrio de poderes y no de equilibrio económico. No hay pues previsiones respecto al déficit ni previsiones para controlarlo”. Esa preponderancia de la visión política del presupuesto respecto a su instrumentalización al servicio de la economía tenía una amplia jurisprudencia constitucional y era debida, según Rodríguez Bereijo, ex presidente del TC, a que la preocupación de los constituyentes era la consecución de un Estado de Bienestar y la de modernizar España y, para ello, hacía falta gasto público.
Todo esto saltó por los aires con la reforma impuesta desde Bruselas.
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por una formación de signo muy distinto a la del Gobierno que la interviene, ha conseguido rebajar en su mandato la deuda en 2.070 millones de euros, un 37%, y aun así va a ser intervenido. El tira y afloja entre el ayuntamiento de Carmena y Montoro no se refiere tanto al gasto superfluo o el endeudamiento exagerado, del que tanto se acusaron unos y otros durante la crisis, sino que se refiere a si sólo hay una forma de hacer política económica -la liberal propugnada desde Bruselas y asumida por los últimos gobiernos- o si es posible explorar otras vías. Madrid dice que bajando la deuda y estableciendo la reserva de no disponibilidad ordenada por el Ministerio, de 238 millones, ha encontrado dinero suficiente en su remanente de tesorería para ejecutar los proyectos que tuvieron que ser retirados del presupuesto. Hacienda pretende impedir que esas inversiones se realicen y eso que Montoro ha reconocido que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con superávit desde hace años “pero nadie puede aumentar el gasto por encima de las reglas”
Así que queda claro que no es el dispendio o el riesgo económico municipal sino “las reglas” lo que han llevado a un órgano político a intervenir financieramente a otro para impedir que lleve a cabo unos proyectos que, en varios casos, fueron votados directamente por los madrileños. Porque, cierto es, que obras que han resultado tan atacadas por la oposición del Partido Popular en Madrid, como las reformas de la Gran Vía y de Plaza de España, se van a ver afectadas por esta intervención del gasto. Quizá la clave la dé la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, cuando dice que “se ha intervenido por la actitud arrogante del consistorio”. Ya se sabe, llevar la contraria al PP se convierte en falta de lesa chulería.
No se trata de un problema puramente madrileño, sino que afecta a multitud de ayuntamientos a lo largo y ancho de la geografía. No hay más que ver los datos de Murcia o Jaén o Parla como ejemplo de los muchos que no sólo no han cumplido la Regla de Gasto, sino que han incrementado la deuda. Ninguna medida ha sido tomada contra ellos, claro que todos los citados tienen en común que están gobernados también por los populares.
Late todo un componente político tras la decisión de Montoro y nos demuestra hasta qué punto es letal que los controles de este tipo se diseñen para ser ejercidos por órganos políticos y no por entidades neutras. El entronque de esta medida con la coacción estatal del artículo 155, no es un meme de Twitter sino algo jurídicamente real. La diferencia es que la autorización de uno se realiza por la mayoría reforzada de una cámara parlamentaria y la del 135 por obra y gracia de un ministro de Rajoy y eso, aunque a algunos les parezca similar, es algo que está a años luz.
No queda otro remedio que volver a reivindicar la supresión de la “cláusula liberal” introducida en la Constitución Española bajo la coacción de unas circunstancias económicas que se convinieron a hurtadillas urgentes e imperativas. La vuelta al espíritu original de nuestro texto constitucional es necesaria. La cuestión de los gobernantes dilapidadores por vocación o clientelismo o directamente corruptos puede solventarse con normas menos gravosas. Es inaceptable la magna consagración de un sólo modelo económico posible para conseguir llevar a buen puerto las cuentas públicas. Más lo resulta si además permite dinamitar el cumplimiento de las promesas electorales de los partidos rivales o directamente indeseados para el poder establecido.
La intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid al amparo del artículo 135 es un atentado al deseo mayoritario expresado en las urnas por los madrileños sin que exista ningún otro imperativo constitucional que deba protegerse.
Ya saben lo que pasa con los artículos terminados en cinco. Los carga el diablo y les están perdiendo el respeto.