Si se les preguntara en privado, es muy probable que la mayoría de los miembros de las nuevas cámaras dijeran que no está de acuerdo con que cuatro diputados y un senador, los catalanes del procés, estén en prisión. La simpatía, incluso el afecto, con que muchos de ellos los acogieron en la sesión constitutiva de Las Cortes -no pocos se empujaban para poderles dar la mano- abre el camino a esa hipótesis. Pero la opinión de los representantes de la ciudadanía no cuenta en este asunto. Ahí quien manda es Manuel Marchena, el presidente de la sala que los está juzgando. El hombre que esta semana se ha permitido doblar el pulso a la presidencia del Congreso y el que dentro de poco, con su sentencia, puede decidir el devenir político del país.
Observando desde la distancia el vaivén de los acontecimientos de estos últimos cuatro días se descubre una lógica interna entre todos ellos. Se puede colegir que la negativa del Tribunal Supremo a ordenar la suspensión de los parlamentarios independentistas fue el acto que desencadenó la terrible ofensiva de las derechas contra la nueva presidenta del Congreso, tratando de ahogarla, incluso de obligarla a dimitir, casi antes de que hubiera abierto la boca. Hasta el punto de que se podía pensar que esa secuela de acciones y reacciones estaba previamente pensada.
Ciudadanos y el PP -Vox sigue ausente a la hora de los pronunciamientos políticos- convirtieron sin dilación alguna el inicial silencio de Meritxell Batet sobre las suspensiones en una ofensa gravísima contra los principios fundamentales del Estado. Y mientras los juristas se aprestaban a estudiar quién había de tomar la decisión sobre los parlamentarios presos, los líderes de esos partidos y sus corifeos mediáticos transmitían a la opinión pública su análisis del porqué la presidenta del Congreso estaba actuando de esa manera.
“El PSOE no quiere hacerle un feo a Junqueras y los suyos”, “lo que está ocurriendo no es sino una prueba más del pacto secreto entre Pedro Sánchez y los independentistas”, se ha dicho y repetido casi desde el minuto uno de este nuevo capítulo de la demagogia y de la mentira de las derechas en torno a la cuestión catalana.
Con su reiterada negativa a ordenar la suspensión, Manuel Marchena ha proporcionado mucho combustible a la acción de una oposición necesitada de argumentos para salir del ostracismo tras la derrota del 28 abril y para hacerse valer en vísperas de las municipales y autonómicas. En un artículo muy convincente, Javier Pérez Royo sugería este viernes en eldiario.es que la negativa del magistrado es jurídicamente reprobable y afirmaba tajantemente que “es una decisión política”. Lo que hay que preguntarse es cuál es el objetivo final de la misma.
Y a ese respecto sólo cabe hacer suposiciones. Con su dominio de las técnicas procesales y su eficaz gestión de la interminable vista oral, Marchena había conseguido hasta esta semana que se disiparan en buena medida las sospechas que desde hace un tiempo existían sobre su neutralidad.
Particularmente desde que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, asegurara a sus compañeros de partido que el nombramiento de Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial, en un pacto con el PSOE que dejaba a los populares en minoría en ese órgano, no debía inquietarles. Porque Marchena, les decía Cosidó, va a “controlar la sala segunda” –la encargada de juzgar a los líderes independentistas- “por la puerta de atrás”.
Ese desliz, estúpido en la medida en que alguien lo filtró, obligó a Marchena a renunciar al encargo en un texto en el que aseguraba que él nunca se prestaría a instrumentalizaciones políticas de su actuación jurisdiccional. Tras de lo cual volvió a encargarse del juicio al procés.
Y lo hizo con pulcritud profesional, hasta el punto de cosechar aplausos por parte de personas poco sospechosas de simpatizar con la derecha. Y lo que es más importante: empezó a generar la sensación de que la sentencia podía no ser tan terrible como se sospechaba desde el día mismo en que se formularon las acusaciones, de que Marchena y su tribunal podían aceptar en todo o en parte los argumentos de los que decían que no existían fundamentos para condenar a los independentistas por los delitos de rebelión o de sedición, particularmente tras la penosa actuación de los fiscales a la hora de tratar de probarlos.
La polémica sobre la suspensión de los parlamentarios presos ha borrado en buena medida esas esperanzas. Se dice que Marchena se ha negado a hacerlo no para poner en dificultades a la nueva presidencia del Congreso, o no solo para eso, sino sobre todo para evitar que esa decisión pudiera ser utilizada en su día por los tribunales europeos para impugnar el proceso. Esa prevención estaría justificada si lo que tiene en mente el magistrado es condenar con dureza a los procesados. Porque Europa no reaccionaría igual si la sentencia es suave que si lo es muy severa.
Dejémoslo ahí. Pero la cosa no pinta bien. Si los líderes independentistas, y particularmente los más proclives a un diálogo con el gobierno central, son condenados sin contemplaciones, y se dice que eso podía saberse en octubre, cualquier posibilidad de entendimiento entre Madrid y el independentismo quedaría seriamente cercenada, la marcha del nuevo gobierno de Sánchez gravemente condicionada por una crisis catalana agravada por la sentencia y las derechas encontrarían nuevos motivos para volver a su guerra de siempre.
Marchena puede propiciar todo eso. La barbaridad de judicializar la política habría llegado así a su extremo más aberrante. Es de esperar que de aquí a octubre se haga lo necesario para evitarlo. Por ahora la sensación es que Meritxell Batet no ha tenido más remedio que plegarse a las intenciones de Marchena. Tal vez en algún momento creyó que podía evitarlo. Pero la presión ha sido demasiado fuerte. El “no” de Unidas Podemos a la suspensión es una postura digna, aunque no relevante porque se sabía minoritaria de partida. Ahora queda por ver cómo lidia Manuel Marchena con el parlamento europeo si este domingo Oriol Junqueras resulta elegido eurodiputado.