Varios acontecimientos han reabierto en las últimas semanas el debate acerca de las reformas del sistema público de pensiones. La creación por parte del Gobierno de una Comisión de expertos que informe sobre la necesidad de las mismas. La llamativa insistencia de la Comisión Europea en la obligatoriedad de realizar nuevas y urgentes reformas en este campo. Y las reacciones que en los medios de comunicación ha provocado todo ello.
Sin embargo, el debate presenta, a nuestro modesto entender, algunos errores de concepto que distorsionan la cuestión, y adolece de los intentos de asentar sobre aquellos ideas que dan lugar a una percepción equivocada sobre las reformas presentes y futuras que pudiera necesitar el sistema público de pensiones español.
- La viabilidad del sistema público de pensiones ha de ser un concepto, por un lado, referido al largo plazo. Y por otro, a la capacidad para sostener un determinado volumen de gasto en pensiones en relación con las posibilidades futuras de generar recursos (renta) por parte de la economía nacional (es decir, el PIB). Y la cuestión central de las reformas es si esos recursos son tales que permiten que el gasto en pensiones no exceda de una proporción razonable de la renta generada que lo haga insostenible. Cuestión, por cierto, sobre la que no existe mucha evidencia científica y sí, al contrario, mucha opinión política e intereses en juego.
- Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la Comisión Europea en su informe “The 2012 Ageing Report”, sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom es sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia.
En todo caso, actualmente, el gasto del sistema público de pensiones español es, en relación al PIB, tan bajo cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno que no cabría hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%.
- Y la situación no va a cambiar durante muchos años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea (que es quien nos insta a reformas urgentes), en 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni la obligación por el lado del gasto (aunque tampoco, como hemos dicho en el punto anterior, justifican la necesidad de hacerlo con la vista puesta en el largo plazo).
- El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible en esta coyuntura es la caída de los ingresos debida a la recesión, y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión. Y el planteamiento urgente que se debería estar haciendo consiste en adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo.
- El supuesto “déficit” actual del sistema público de pensiones es, además, una entelequia y carece de relevancia porque el sistema público de pensiones no es ni puede ser un sistema cerrado y autofinanciado por las cotizaciones en todo momento y lugar. Y si las cotizaciones no son suficientes de forma coyuntural para financiar las prestaciones en un determinado contexto, el desfase ha de ser cubierto en ese periodo por las aportaciones del Estado, como sucede en todos los demás grandes sistemas públicos (como el judicial o el de la defensa o cualquier otro). E incluso en estos momentos en algunos sistemas privados, como el financiero, y con menor justificación aún en casos como, por ejemplo, el de las autopistas, donde el Estado podría asumir una deuda de 3.500 millones de euros de empresas propiedad de más de 50 entidades financieras y 10 grandes constructoras.
Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de poner los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otra fuente de ingresos. Luego el denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente sólo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase de este entre ingresos y gastos no es sino una componente de aquel, y no algo propio, ni diferente, ni específico ni con sustantividad propia.
- Y siendo esto así, es decir entendiendo que ese déficit como tal no existe, se podrá comprender mejor que menos sentido aún tenga pretender que esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones porque en una coyuntura como esta necesite que a los ingresos por cotizaciones se les sumen los de otras aportaciones del Estado.
Asimismo, vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que la caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política económica adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una caída de ingresos por cotizaciones, carece tanto de sentido como pretender que fueran inviables por ese hecho, por utilizar un ejemplo exagerado y expresivo, las instituciones democráticas del Estado como el Parlamento o cualesquiera otra.
La voluntad de decidir en este momento si es preciso realizar o no y, en su caso, dónde y cómo, recortes de gasto público es solo una decisión política coyuntural que nada dice acerca de la viabilidad de nuestro sistema de pensiones (que, como hemos dicho, requiere menos recursos que la mayoría de los países de la eurozona).
- De tal forma, que en ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones pueda estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la recesión y la caída de ingresos públicos que ocasiona.
De hecho, en un enfoque puramente macroeconómico, el mantenimiento de las pensiones cuando caen los ingresos por cotizaciones que habitualmente las financian, opera como un estabilizador automático de respuesta a los ciclos recesivos de una forma similar a como lo hacen las prestaciones por desempleo.
En general, se acepta que el Estado debe, en momentos de crisis, complementar los ingresos ordinarios (que también proceden de cotizaciones) del sistema de protección por desempleo, y nadie razonable plantea que por ello este sistema se convierta en inviable. Todo lo contrario, resulta útil y conveniente que esto sea así.
- Cualquier discusión acerca de la conveniencia de rebajar las prestaciones por desempleo en esa situación (dejando a un lado que se trataría de una decisión procíclica que empeora la coyuntura económica, y los efectos sociales de debilitar la protección a los más débiles, los parados) se plantea en términos de elección política respecto a la forma de aplicar unos determinados recortes de gasto en este u otros aspectos del presupuesto del Estado, pero nunca en términos de viabilidad del sistema de prestaciones por desempleo. Y si eso es así en ese caso, mucho más habrá de serlo en el del sistema de pensiones, cuya naturaleza y funciones esenciales deben ser reconocidas independientemente de las coyunturas.
Si no existe déficit del sistema de pensiones, sino solo déficit del Estado, y si la caída de ingresos por cotizaciones debida a la destrucción de empleo durante la crisis no puede presentarse como algo que ponga en cuestión la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones, no llega a entenderse la impaciencia de Bruselas acerca de una supuesta lentitud en la forma en que se aborden unas reformas para las que aún no se ha ofrecido un solo dato acerca de su necesidad.
- La última reforma (2011) fue analizada y evaluada por los organismos internacionales y estos aceptaron, como lo hizo la propia Comisión Europea, que las medidas adoptadas producirían en su momento una contención del gasto tal que, incluso con previsiones demográficas y económicas tan negativas (y probablemente irreales) a largo plazo como las contempladas en el escenario oficial europeo de aquel momento de la aprobación de la reforma, el gasto a largo plazo en pensiones públicas en España no sobrepasaba en porcentaje del PIB el que en este momento están sosteniendo, con un PIB mucho menor, las economías de muchos países de la UE.
- La relación entre cotizantes y pensionistas, para la que se ha tratado a menudo de establecer un umbral determinado por debajo del cual también el sistema público de pensiones perdería su sostenibilidad, carece asimismo de fundamento por sí misma. La incidencia de esa relación sobre las variables financieras del sistema a largo plazo depende, por un lado, del tipo de cotización y de la base sobre la que se aplica el mismo (los salarios), y por otro de la cuantía media de las pensiones. Una misma relación cotizantes/pensionistas podría dar lugar a situaciones financieras muy diferentes según sean los parámetros que se han mencionado (salario, tipo de cotización, y pensión media) en cada momento. Sin olvidar todo lo que hemos mencionado acerca del gasto presente y futuro de nuestro sistema público de pensiones.
En definitiva, la forma en la que se está vinculando la evolución actual de los ingresos del sistema público de pensiones, derivada de la crisis, y el desfase entre estos y el gasto en pensiones con una supuesta inviabilidad del sistema público de pensiones está plagada de errores conceptuales sobre los cuales se va realizando una construcción argumental que carece de sustento, y sobre la que se pretende argumentar un nuevo y más grave recorte de las pensiones. Y la insistencia de la Comisión Europea en vincular la adopción de tales medidas con la flexibilidad (imprescindible, en todo caso, desde el punto de vista económico, especialmente después del gravísimo error cometido en los tres últimos años por la política económica auspiciada por la Comisión) en el programa plurianual de reducción del déficit público son, ambas, cuestiones que carecen de justificación.
Frente a ello, es preciso contemplar y analizar las decisiones de la Comisión y otras instancias europeas con una mirada política, entendiendo que las mismas derivan de la defensa de posiciones e intereses con claros componentes ideológicos. Lo mismo que deberíamos hacer con los editoriales de todos los periódicos.