Las gentes del cine español, en general, y los actores, en particular, son un hatajo de inútiles sin talento que se aprovechan de las subvenciones públicas. Los sindicatos dilapidan una financiación que se nutre de nuestros impuestos. Los funcionarios son unos privilegiados que viven a costa de todos nosotros y, además, no dan un palo al agua. Los parados se gastan el subsidio en comprarse televisiones de plasma y en irse de vacaciones a la playa. Hay que privatizar, privatizar y privatizar porque lo público no funciona y, además, le cuesta demasiado dinero al contribuyente.
Son muchos los ‘periodistas’ que utilizan desde siempre sus tribunas de opinión, sus sillas en las tertulias o los editoriales de sus diarios para lanzar este tipo de mensajes inquisitoriales. Criminalizan lo público, tergiversan los datos, manipulan la realidad para tachar de subvencionados a quienes piensan de forma diferente o, simplemente, se cruzan en su camino. Es un discurso que no resiste la más mínima verificación de datos. Ellos mismos saben, por poner solo un ejemplo, que el cine español aporta a las arcas públicas más de lo que recibe. Ellos también saben que si hay una institución privilegiada y subvencionada por encima de todas, esa es la Santa Iglesia Católica; esa es, precisamente, la que nunca mencionan ni critican por llevarse cada año una buena cantidad de millones de euros de nuestros impuestos.
Aunque no pocos sabemos que mienten de forma deliberada, sus mensajes calan en un amplio sector de nuestra sociedad. Es más que habitual escuchar en los bares de los barrios obreros de las grandes ciudades o en las plazas de cualquier humilde pueblo de España a ciudadanos corrientes, parados, jornaleros, jubiladas con pensiones de miseria o contratados por horas lamentarse porque los artistas, sindicalistas o funcionarios se pegan la gran vida a su costa. Hoy, más que ayer, sabemos que la mayoría de los ‘periodistas’ que les han metido esas falsas ideas en la cabeza, perciben directa o indirectamente considerables sumas de dinero público, en forma de publicidad institucional, distribuida de forma arbitraria por nuestros gobernantes.
Aunque el tema viene de lejos, nunca es tarde para desenmascarar a estos mercenarios de la desinformación. Para ello, es muy importante que los españoles conozcamos detalladamente la forma en que el Gobierno central y el resto de administraciones públicas distribuyen decenas de millones de euros entre los distintos medios de comunicación. Los primeros datos que eldiario.es está desvelando son elocuentes y revelan una triple estrategia: primero, premiar económicamente, con el dinero de todos, a medios convencionales afines; segundo, financiar panfletos digitales que se dedican a calumniar a los oponentes, ya sean políticos, periodistas, artistas o estibadores; y, tercero, desviar cientos de miles de euros hacia webs sin audiencia ni apenas contenidos en las que alguien se lo debe de estar llevando muerto. En resumen: comprar información favorable, pagar campañas contra el adversario y, de paso, forrarse.
En nuestro país es una práctica generalizada no solo a nivel nacional. Todos sabemos, las asociaciones de prensa las primeras, que son varios los gobiernos autonómicos que han domesticado a los medios a base de chantajearles con la publicidad institucional. Sí, se compra el silencio o se pagan operaciones para desacreditar al rival a golpe de talonario público. Un hecho gravísimo al que debemos sumar la complicidad, en algunos casos, con las infinitas tramas corruptas que han saqueado nuestro país.
Hay que investigar hasta el final la relación entre periodistas y corruptos. De momento ya han ido apareciendo indicios: acciones de medios que se compran con dinero de la caja B de un partido; directivos de grupos periodísticos que presionan para que no se investigue a políticos imputados que, casualmente, les habían beneficiado con desproporcionados contratos publicitarios; nombres de tertulianos que aparecen citados en las conversaciones que mantienen los mafiosos… Una parte del periodismo en nuestro país ha pasado de ser el cuarto poder a ser la cuarta pata de la trama corrupta; una pata tan necesaria como las otras tres: la política, la empresarial y la judicial.
Es ya una declaración de culpabilidad en toda regla que el Ejecutivo esté pleiteando en los tribunales para no desvelar los detalles del reparto de la publicidad institucional y, por tanto, para incumplir la Ley de Transparencia que él mismo promovió. Si no quieren que lo sepamos es, sencillamente, para que no atemos más cabos. Solo conocemos la punta del iceberg y ya descubrimos que los medios que pagaron una fortuna a Esperanza Aguirre e Ignacio González por escribir algún que otro artículo habían estado entre los más beneficiados por la publicidad institucional otorgada por… Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Solo conocemos la punta del iceberg y ya vemos a los ‘periodistas’ más incondicionales de la derecha española entre aquellos que fueron premiados con contratos publicitarios, pagados con dinero público, de un valor muy superior al que les correspondería por sus respectivas audiencias. De momento están unos cuantos, pero acabarán apareciendo casi todos. Repasen el último artículo de Ignacio Escolar y se encontrarán con Marhuenda, Rubido, Losantos, Martín Beaumont, Alfonso Rojo… Los mismos que se rasgan las vestiduras cuando se gasta en euro de los presupuestos en cine, teatro, cultura, Memoria Histórica o ayuda a la cooperación son los que más se benefician del dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes.
Tenemos el derecho a saber quiénes son todos estos mercenarios y cuál es el precio por el que vendieron sus almas de periodistas, si es que algún día las tuvieron. Mientras tanto, no se crean nada de lo que salga de su boca o de su puño y letra porque escriben al dictado de quienes les financian. Ellos sí, y no otros, son los grandes subvencionados.