Otra vez los coches de la Guardia Civil a las puertas de la sede de una empresa pública, otra vez las confusas explicaciones o el “yo no sabía nada” del ministro o consejero de turno, otra vez la larga lista de grandes empresas que nos defraudan dos veces: la primera pagando menos impuestos de cuantos debieran o directamente evadiéndolos y la segunda asaltando con voracidad el cofre de la Hacienda pública.
Piratas de lo público en una empresa que gestionaba el agua. Casi parece una metáfora poética. No sabemos aún cuántas veces necesitamos contemplar imágenes similares y escuchar informaciones parecidas en los medios de comunicación para aceptar que se privatiza sobre todo para institucionalizar la corrupción. Es un hecho, no una opinión. Y no es el único, hay más.
No existe evidencia alguna que permita sostener que la gestión privada mejora la gestión pública. Solo disponemos de evidencias parciales y sectoriales. Depende de qué, cuándo y cómo. Si no me creen ahí está, por ejemplo, el Informe del Tribunal de Cuentas sobre gestión municipal en España (2011) demostrando, no solo que la gestión privada no sale más barata que la pública en los ayuntamientos, sino que la gestión pública mejora la calidad y el precio de servicios básicos como aguas o limpieza.
Más evidencias: la mayor parte de las supuestas mejoras económicas y rebajas de costes logradas con los procesos de privatización y externalización provienen fundamentalmente de dos grandes fuentes: rebajar los salarios de los trabajadores y devaluar la calidad del servicio o el producto. Paradójicamente, muchos de los mismos burócratas que las privatizaron continúan al mando, aunque ahora como supuestos grandes gestores excelentemente bien pagados, desde Cesar Alierta en Telefónica a Francisco González en Argentaria, ahora BBVA.
Más evidencias. Tras el hundimiento de la obra pública por causa de la crisis, todos los casos de corrupción que hemos ido conociendo últimamente, desde la Púnica a Acuamed, responden siempre al mismo patrón. Es corrupción en serie: privatización y externalización de servicios públicos a través de empresas creadas para eludir los controles de la vieja administración pública en nombre de la eficacia y la eficiencia.
Se privatiza y externaliza para inflar los contratos y llevarse las comisiones a casa con mayor comodidad, sin tener que usar esas incomodas bolsas de basura. Se privatiza y externaliza para colocar más fácilmente a los amigos y a los afines al partido evitando engorrosas oposiciones y concursos públicos. Se privatiza y externaliza para financiar el partido y las campañas de reelección ahorrándose la competencia pública y convirtiendo en norma la adjudicación a dedo. Le llaman eficiencia, pero en realidad quieren decir corrupción.